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La Jornada / Política / 5 agosto 2009
Defiende Zelaya el derecho del pueblo a la insurrección
Mel Zelaya, el presidente errante de Honduras, prometió, como catracho y como originario de Olancho –la mayor provincia de su país, ubicada en el suroriente que su pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección.
Manuel Zelaya en México. Todo un hito, pues es un mandatario que no ocupa por ahora la silla presidencial, allá en Tegucigalpa. Aun así, fue recibido aquí como jefe de Estado, no cabe duda. Se le dio la bienvenida en el mismo espacio donde apenas cuatro meses atrás fue recibido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la explanada que en honor de Francisco I. Madero existe en Los Pinos.
Recibió honores y pasó revista al Estado Mayor Presidencial. Y como presidente constitucional y reconocido por el Estado mexicano, se le aplicó el mismo protocolo que a cualquier mandatario visitante, incluidos los himnos de los dos países , saludo de niños y banderitas de papel.
En esta estación del largo itinerario que recorre Zelaya desde que fue expulsado de su país, de su oficina presidencial, de su hogar y literalmente de su cama, El Mel, como le dicen popularmente los catrachos, supo aprovechar cada minuto del tiempo y la coyuntura. Está en México, país gobernado por un partido conservador que en el fondo lo ve como un “populista-chavista”. No se encuentra en el entorno fraternal de sus aliados de la Alternativa Bolivariana.
Jogo de cintura
Supo reconocer en todo momento que la diplomacia mexicana ha sido consistente en su repudio al golpe de Estado desde el primer momento; que el presidente Felipe Calderón fue el primero en invitarlo a su país. Que en el lenguaje diplomático mexicano no se obvió el término “golpe militar de Estado”, que en otras latitudes se ha ido esfumando poco a poco. Y que fue aquí, en México, donde fue acogida la canciller Patricia Rodas, a quien las fuerzas golpistas quisieron arrestar el mismo día de la asonada. En suma, Zelaya demostró tener jogo de cintura, como le gusta nombrar al presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a las artes del pragmatismo político.
Pero sobre todo, no desperdició la oportunidad de explicar una vez más que él nunca persiguió la relección y que con su intención de instalar una cuarta urna en las elecciones municipales del 28 de junio no pretendía “perpetuarse en el poder”, sino reformar un texto constitucional, como lo hacen las sociedades modernas y flexibles, para perfeccionar y profundizar la calidad de la democracia. La supuesta intención releccionista de Zelaya es una de esas informaciones distorsionadas que las campañas mediáticas logran vender a las mayorías como “verdades”.
Del Stetson al Tardán
Por la mañana, en Los Pinos, Zelaya apareció de riguroso traje y corbata pero con el infaltable Stetson que compró en su exilio en Nicaragua, porque el que usaba habitualmente en Honduras se quedó abandonado en su buró, al lado de su cama, en su casa, cuando él estaba en piyama y fue expulsado por el ejército del país y de la presidencia. Por la tarde había cambiado su simbólico accesorio por un sombrero ranchero que, dijo en conferencia de prensa, le obsequió Felipe Calderón.
Ahí mismo, conocedor de las mañas que se dan los grandes medios de comunicación, aclaró aquello del “derecho constitucional a la insurrección”, maliciando que esas palabras serán usadas en su contra en las grandes empresas mediáticas que ya desecharon el término “golpe de Estado” como referencia a la crisis hondureña.
Porque sobre la violencia, Manuel Zelaya sabe. En los años 80, cuando era un joven diputado del Partido Liberal y se distinguía por ser voz minoritaria entre los políticos oficialistas que favorecían que el territorio de Honduras sirviera de base para las guerras contrainsurgentes de Estados Unidos contra las rebeliones en Nicaragua y El Salvador, sufrió el primer atentado contra su vida cuando en aquella década viajó con un grupo de periodistas franceses a la base que la contrarrevolución nicaragüense –financiada desde Washington– había asentado en la región de El Aguacate. El último atentado lo vivió dos semanas antes del golpe de Estado, cuando su vehículo fue baleado en la capital hondureña, una de las muchas señales que se sucedieron antes de consumar la asonada.
Mel Zelaya, el presidente errante de Honduras, prometió, como catracho y como originario de Olancho –la mayor provincia de su país, ubicada en el suroriente que su pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección.
Manuel Zelaya en México. Todo un hito, pues es un mandatario que no ocupa por ahora la silla presidencial, allá en Tegucigalpa. Aun así, fue recibido aquí como jefe de Estado, no cabe duda. Se le dio la bienvenida en el mismo espacio donde apenas cuatro meses atrás fue recibido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la explanada que en honor de Francisco I. Madero existe en Los Pinos.
Recibió honores y pasó revista al Estado Mayor Presidencial. Y como presidente constitucional y reconocido por el Estado mexicano, se le aplicó el mismo protocolo que a cualquier mandatario visitante, incluidos los himnos de los dos países , saludo de niños y banderitas de papel.
En esta estación del largo itinerario que recorre Zelaya desde que fue expulsado de su país, de su oficina presidencial, de su hogar y literalmente de su cama, El Mel, como le dicen popularmente los catrachos, supo aprovechar cada minuto del tiempo y la coyuntura. Está en México, país gobernado por un partido conservador que en el fondo lo ve como un “populista-chavista”. No se encuentra en el entorno fraternal de sus aliados de la Alternativa Bolivariana.
Jogo de cintura
Supo reconocer en todo momento que la diplomacia mexicana ha sido consistente en su repudio al golpe de Estado desde el primer momento; que el presidente Felipe Calderón fue el primero en invitarlo a su país. Que en el lenguaje diplomático mexicano no se obvió el término “golpe militar de Estado”, que en otras latitudes se ha ido esfumando poco a poco. Y que fue aquí, en México, donde fue acogida la canciller Patricia Rodas, a quien las fuerzas golpistas quisieron arrestar el mismo día de la asonada. En suma, Zelaya demostró tener jogo de cintura, como le gusta nombrar al presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a las artes del pragmatismo político.
Pero sobre todo, no desperdició la oportunidad de explicar una vez más que él nunca persiguió la relección y que con su intención de instalar una cuarta urna en las elecciones municipales del 28 de junio no pretendía “perpetuarse en el poder”, sino reformar un texto constitucional, como lo hacen las sociedades modernas y flexibles, para perfeccionar y profundizar la calidad de la democracia. La supuesta intención releccionista de Zelaya es una de esas informaciones distorsionadas que las campañas mediáticas logran vender a las mayorías como “verdades”.
Del Stetson al Tardán
Por la mañana, en Los Pinos, Zelaya apareció de riguroso traje y corbata pero con el infaltable Stetson que compró en su exilio en Nicaragua, porque el que usaba habitualmente en Honduras se quedó abandonado en su buró, al lado de su cama, en su casa, cuando él estaba en piyama y fue expulsado por el ejército del país y de la presidencia. Por la tarde había cambiado su simbólico accesorio por un sombrero ranchero que, dijo en conferencia de prensa, le obsequió Felipe Calderón.
Ahí mismo, conocedor de las mañas que se dan los grandes medios de comunicación, aclaró aquello del “derecho constitucional a la insurrección”, maliciando que esas palabras serán usadas en su contra en las grandes empresas mediáticas que ya desecharon el término “golpe de Estado” como referencia a la crisis hondureña.
Porque sobre la violencia, Manuel Zelaya sabe. En los años 80, cuando era un joven diputado del Partido Liberal y se distinguía por ser voz minoritaria entre los políticos oficialistas que favorecían que el territorio de Honduras sirviera de base para las guerras contrainsurgentes de Estados Unidos contra las rebeliones en Nicaragua y El Salvador, sufrió el primer atentado contra su vida cuando en aquella década viajó con un grupo de periodistas franceses a la base que la contrarrevolución nicaragüense –financiada desde Washington– había asentado en la región de El Aguacate. El último atentado lo vivió dos semanas antes del golpe de Estado, cuando su vehículo fue baleado en la capital hondureña, una de las muchas señales que se sucedieron antes de consumar la asonada.
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La Jornada / Política / 5 agosto 2009
La Jornada / Política / 5 agosto 2009
El gobierno frena entrada en vigor de reforma sobre salarios máximos para los funcionarios
El gobierno de Felipe Calderón no ha publicado la reforma constitucional que establece los salarios máximos para funcionarios, por lo que el PRD pidió que la Comisión Permanente formule hoy un extrañamiento al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Hace 14 días que la Permanente le hizo llegar al funcionario el oficio para la publicación de esa reforma a los artículos 75, 115, 122, 123 y 127 constitucionales, pero no ha querido hacerlo y con ello viola la ley, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
Autor de esa reforma, que el pasado 22 de julio concluyó su proceso, con la declaratoria de la Permanente de que la mayoría de los congresos locales la habían aprobado, Gómez Álvarez insistió en que el gobierno de Calderón no puede retener esa reforma, que va encaminada a evitar los excesos de los funcionarios de alto nivel, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes reciben sobresueldos “ilegales”.
La reforma frenada en la Secretaría de Gobernación, dijo, es para fijar un tope a las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel, a fin de que ninguno perciba un salario superior al del presidente de la República. Sin embargo, cómo hacer valer la Constitución si quien ha protestado cumplirla no lo hace.
El senador explicó que los sobresueldos millonarios que perciben los magistrados del TEPJF, los ministros de la Suprema Corte y la gran mayoría de los funcionarios, “son ilegales”. Remitió a la Constitución –artículos 126 y 127–, donde se establece que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, o en los de las entidades paraestatales.
Por ello, insistió, esos sobresueldos de los magistrados son ilegales e inconstitucionales, porque se los asignan ellos mismos, sin estar autorizados por la Cámara de la Diputados.
El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón deploró que el gobierno de Felipe Calderón insista en retardar la publicación de leyes, y coincidió con Gómez Álvarez en que en este caso están actuando de forma ilegal, porque al tratarse de una reforma constitucional, el deber de la Secretaría de Gobernación es publicarla de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.
Recordó que la Comisión Permanente formuló ya un extrañamiento a Felipe Calderón, porque había más de 30 leyes sin promulgar hasta junio, y ahora se le debe exigir a Gobernación que publique a la brevedad la reforma constitucional que fija los salarios máximos para funcionarios públicos, a fin de que pueda aplicarse.
En un contexto de crisis económica como el actual, “es un insulto y una grosería al pueblo de México” que los magistrados tengan ingresos tan altos, expuso a su vez el diputado perredista Humberto Zazueta. Reprochó que el gobierno federal no muestre ningún interés en racionalizar ese rubro del gasto público y, en lugar de acabar con sobresueldos ilegales, insista en recortar gastos prioritarios.
En ese sentido, el senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que la próxima Cámara de Diputados tienen que acabar en definitiva con esos gastos suntuarios.
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El gobierno de Felipe Calderón no ha publicado la reforma constitucional que establece los salarios máximos para funcionarios, por lo que el PRD pidió que la Comisión Permanente formule hoy un extrañamiento al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Hace 14 días que la Permanente le hizo llegar al funcionario el oficio para la publicación de esa reforma a los artículos 75, 115, 122, 123 y 127 constitucionales, pero no ha querido hacerlo y con ello viola la ley, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.
Autor de esa reforma, que el pasado 22 de julio concluyó su proceso, con la declaratoria de la Permanente de que la mayoría de los congresos locales la habían aprobado, Gómez Álvarez insistió en que el gobierno de Calderón no puede retener esa reforma, que va encaminada a evitar los excesos de los funcionarios de alto nivel, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes reciben sobresueldos “ilegales”.
La reforma frenada en la Secretaría de Gobernación, dijo, es para fijar un tope a las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel, a fin de que ninguno perciba un salario superior al del presidente de la República. Sin embargo, cómo hacer valer la Constitución si quien ha protestado cumplirla no lo hace.
El senador explicó que los sobresueldos millonarios que perciben los magistrados del TEPJF, los ministros de la Suprema Corte y la gran mayoría de los funcionarios, “son ilegales”. Remitió a la Constitución –artículos 126 y 127–, donde se establece que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, o en los de las entidades paraestatales.
Por ello, insistió, esos sobresueldos de los magistrados son ilegales e inconstitucionales, porque se los asignan ellos mismos, sin estar autorizados por la Cámara de la Diputados.
El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón deploró que el gobierno de Felipe Calderón insista en retardar la publicación de leyes, y coincidió con Gómez Álvarez en que en este caso están actuando de forma ilegal, porque al tratarse de una reforma constitucional, el deber de la Secretaría de Gobernación es publicarla de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.
Recordó que la Comisión Permanente formuló ya un extrañamiento a Felipe Calderón, porque había más de 30 leyes sin promulgar hasta junio, y ahora se le debe exigir a Gobernación que publique a la brevedad la reforma constitucional que fija los salarios máximos para funcionarios públicos, a fin de que pueda aplicarse.
En un contexto de crisis económica como el actual, “es un insulto y una grosería al pueblo de México” que los magistrados tengan ingresos tan altos, expuso a su vez el diputado perredista Humberto Zazueta. Reprochó que el gobierno federal no muestre ningún interés en racionalizar ese rubro del gasto público y, en lugar de acabar con sobresueldos ilegales, insista en recortar gastos prioritarios.
En ese sentido, el senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que la próxima Cámara de Diputados tienen que acabar en definitiva con esos gastos suntuarios.
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Milenio/ Política / 5 agosto 2009
Senador de EU frena entrega de ayuda antidrogas para México
Un senador estadounidense rechazó un plan oficial de publicar un reporte que afirma que México respeta los derechos humanos en su guerra contra el narcotráfico, publicó el miércoles el Washington Post, lo que retrasaría la entrega de ayuda para la lucha antidrogas.
Citando a funcionarios y fuentes en el Congreso, el diario dijo que el senador Patrick Leahy, un demócrata que encabeza una subcomisión que supervisa el gasto en ayuda extranjera, dijo al Departamento de Estado que una afirmación de esa naturaleza contradice los reportes de violaciones a los derechos humanos en la guerra contra las drogas.
El Departamento de Estado tenía previsto enviar un reporte favorable sobre el historial de derechos humanos de México en víspera de la visita del presidente Barack Obama a Guadalajara para una cumbre de líderes de América del Norte que se realizará este fin de semana, indicó el diario citando funcionarios familiarizados con el reporte.
La ayuda, que busca cooperar con los esfuerzos de México para frenar el tráfico de drogas que tiene como principal mercado a Estados Unidos, es para ser usada en entrenamiento de la policía mexicana y en la compra de helicópteros y otros equipos.
La ley establece que el Congreso puede retener un 15 por ciento de la ayuda hasta que el secretario de Estado reporte que México ha logrado avances respecto a los derechos humanos.
El presidente mexicano Felipe Calderón ha destinado unos 7.000 millones de dólares a una campaña militar contra los carteles de drogas que cada año envían narcóticos ilegales valuados en unos 40.000 millones de dólares a través de la frontera con Estados Unidos.
En el Congreso de Estados Unidos ha aumentado la preocupación respecto a posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por las tropas mexicanas durante la campaña.
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Milenio/ Política / 5 agosto 2009
Un senador estadounidense rechazó un plan oficial de publicar un reporte que afirma que México respeta los derechos humanos en su guerra contra el narcotráfico, publicó el miércoles el Washington Post, lo que retrasaría la entrega de ayuda para la lucha antidrogas.
Citando a funcionarios y fuentes en el Congreso, el diario dijo que el senador Patrick Leahy, un demócrata que encabeza una subcomisión que supervisa el gasto en ayuda extranjera, dijo al Departamento de Estado que una afirmación de esa naturaleza contradice los reportes de violaciones a los derechos humanos en la guerra contra las drogas.
El Departamento de Estado tenía previsto enviar un reporte favorable sobre el historial de derechos humanos de México en víspera de la visita del presidente Barack Obama a Guadalajara para una cumbre de líderes de América del Norte que se realizará este fin de semana, indicó el diario citando funcionarios familiarizados con el reporte.
La ayuda, que busca cooperar con los esfuerzos de México para frenar el tráfico de drogas que tiene como principal mercado a Estados Unidos, es para ser usada en entrenamiento de la policía mexicana y en la compra de helicópteros y otros equipos.
La ley establece que el Congreso puede retener un 15 por ciento de la ayuda hasta que el secretario de Estado reporte que México ha logrado avances respecto a los derechos humanos.
El presidente mexicano Felipe Calderón ha destinado unos 7.000 millones de dólares a una campaña militar contra los carteles de drogas que cada año envían narcóticos ilegales valuados en unos 40.000 millones de dólares a través de la frontera con Estados Unidos.
En el Congreso de Estados Unidos ha aumentado la preocupación respecto a posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por las tropas mexicanas durante la campaña.
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Milenio/ Política / 5 agosto 2009
Interpondría el PRD un amparo contra reforma
El PRD interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Federal Electoral en caso de que prosperen las iniciativas del PAN encaminadas a acabar con la figura de las candidaturas comunes y sean aprobadas por el Congreso del estado de Guanajuato.
Así lo informó el dirigente estatal del partido del Sol Azteca en el estado de Guanajuato, Miguel Alonso Raya, quien advirtió que no se van a dejar de los panistas.
Raya comentó que ya están en pláticas con la dirigencia nacional de su partido para evitar esa bofetada que quieren asestar los panistas del estado a la ciudadanía que busca nuevas opciones electorales.
También consideró que las derrotas que sufrió Acción Nacional en la jornada del pasado 5 de julio, dejó en claro que la soberbia y la prepotencia pegó en la decisión de la ciudadanía a la hora de votar por un partido diferente.
Dijo que el PAN debería estar más preocupado por la educación para hacer ciudadanía y promover valores como el respeto desde la infancia, que cerrarle caminos a la alternancia en el poder.
En otro tema Miguel Alonso Raya, presidente del PRD en Guanajuato, informó que empezarán los procesos de expulsión contra 61 militantes que participaron como candidatos a alguna posición, pero representando a otras fuerzas políticas en la pasada contienda electoral.
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El Universal/ México / 5 agosto 2009
Aumenta presión en PRD para expulsar a AMLO
La demanda de expulsión de Andrés Manuel López Obrador de las filas del PRD sumó dos quejas que ya fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del sol azteca, que preside Ana Paula Ramírez.
El senador René Arce, de la corriente Nueva Izquierda, confirmó que hay dos querellas contra el ex candidato presidencial, y aseguró que junto con un grupo de abogados han revisado los documentos presentados ante la CNG para fortalecerlos jurídicamente o presentar un nuevo elemento en las próximas horas.
El legislador federal dijo que uno de los recursos jurídicos que aportará como prueba fundamental contra López Obrador serán los spots transmitidos en medios electrónicos durante los pasados comicios intermedios, en los que el ex candidato presidencial llamó a votar por los candidatos del Partido del Trabajo y Convergencia.
Dijo que la meta de analizar las quejas presentadas por “militantes del partido” es para que la Comisión Nacional de Garantías no pueda desecharlas bajo el supuesto de inconsistencias jurídicas.
Arce Islas señaló que los recursos tienen una argumentación sólida, pero no descartó uno nuevo que se centre sólo en la cancelación de la afiliación del ex jefe de Gobierno capitalino al partido del sol azteca.
Se podría afectar a otros
Es decir, en el documento no aparecerán los nombres del titular del GDF, Marcelo Ebrard; el diputado electo Alejandro Encinas o la ex candidata a jefa delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada, como se planteó en el primero.
Dijo que si en este caso se hallan elementos para cancelar la afiliación de López Obrador al PRD, pues igual se tendría que hacer con otros militantes que apoyaron las causas de otros partidos.
Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, dijo que no tiene conocimiento de quejas interpuestas contra el tabasqueño en la CNG y recordó que la instancia encargada de resolver las controversias legales de la vida interna del partido es “autónoma”.
Indicó que será hasta este miércoles cuando tengan comunicación institucional con la Comisión para conocer el caso.
Una vez presentada la queja ante la Comisión Nacional de Garantías, ésta se turnará a la presidencia para que le asigne un comisionado que evaluará si es competencia de esta instancia y su respectivo dictamen.
El comisionado tendrá un plazo de 90 días para elaborar su valoración sobre el caso
La demanda de expulsión de Andrés Manuel López Obrador de las filas del PRD sumó dos quejas que ya fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del sol azteca, que preside Ana Paula Ramírez.
El senador René Arce, de la corriente Nueva Izquierda, confirmó que hay dos querellas contra el ex candidato presidencial, y aseguró que junto con un grupo de abogados han revisado los documentos presentados ante la CNG para fortalecerlos jurídicamente o presentar un nuevo elemento en las próximas horas.
El legislador federal dijo que uno de los recursos jurídicos que aportará como prueba fundamental contra López Obrador serán los spots transmitidos en medios electrónicos durante los pasados comicios intermedios, en los que el ex candidato presidencial llamó a votar por los candidatos del Partido del Trabajo y Convergencia.
Dijo que la meta de analizar las quejas presentadas por “militantes del partido” es para que la Comisión Nacional de Garantías no pueda desecharlas bajo el supuesto de inconsistencias jurídicas.
Arce Islas señaló que los recursos tienen una argumentación sólida, pero no descartó uno nuevo que se centre sólo en la cancelación de la afiliación del ex jefe de Gobierno capitalino al partido del sol azteca.
Se podría afectar a otros
Es decir, en el documento no aparecerán los nombres del titular del GDF, Marcelo Ebrard; el diputado electo Alejandro Encinas o la ex candidata a jefa delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada, como se planteó en el primero.
Dijo que si en este caso se hallan elementos para cancelar la afiliación de López Obrador al PRD, pues igual se tendría que hacer con otros militantes que apoyaron las causas de otros partidos.
Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, dijo que no tiene conocimiento de quejas interpuestas contra el tabasqueño en la CNG y recordó que la instancia encargada de resolver las controversias legales de la vida interna del partido es “autónoma”.
Indicó que será hasta este miércoles cuando tengan comunicación institucional con la Comisión para conocer el caso.
Una vez presentada la queja ante la Comisión Nacional de Garantías, ésta se turnará a la presidencia para que le asigne un comisionado que evaluará si es competencia de esta instancia y su respectivo dictamen.
El comisionado tendrá un plazo de 90 días para elaborar su valoración sobre el caso
