Esta edición del boletín informativo gira en torno a tres temas principales: las encuestas recientemente publicadas que expresan diversas evaluaciones sobre el desempeño presidencial; el marco en el cual se desarrolla los debates en torno a las tres propuestas de reformas políticas presentadas en el Senado por los grupos parlamentarios de PRI y el PRD y la previa presentación del propuesta enviada por el Presidente Calderón; finalmente las polémicas declaraciones del ex presidente Salinas en torno al mane.jo de la economía en su sexenio y en del ex presidente Ernesto Zedillo. Un tema que apenas acaba de asomar sus orejas hace un par de días y que seguramente será el tema del debate de la próxima semana tiene que ver con la vergonzosa alianza establecida por escrito entre el PRI y el PAN en donde se intercambiaron compromiso priísta por votar a favor del aumento de impuestos a cambio de que el PAN se abstuviera de establecer alianzas políticas en el Estado de México. Además Manuel Camacho expresa sus razones para impulsar la coalición de partidos de izquierda denominada DIA ,Sánchez Rebolledo vuelve a reflexionar sobre el crucial tema del laicismo y Woldenberg sobre partidos y alianzas e identidad. Finalmente nuestra colaboradora habitual Rosario Jamies opina sobre el gobierno de Obama y su intención por recudir el arsenal nuclear que posee EUA:
Encuestas presidenciales y tendenciasEdmundo Berumen
A pesar de que en algunos casos difieren las cifras reportadas ayer en diversos medios de comunicación sobre la evaluación al presidente Felipe Calderón todas provienen de buenas casas encuestadoras que cuentan con metodologías y procesos sólidos en el levantamiento de la información y su procesamiento. Es normal y natural que los números difieran. Lo que en todo caso llamaría a suspicacia es que todos los resultados publicados fueran iguales, dado que son estimaciones sujetas a error.
En particular, es importante señalar, dado que lo que se recolectan son opiniones y percepciones de las personas entrevistadas, que en la evaluación publicada ayer en EL UNIVERSAL, al abordar el tema de la aprobación presidencial, nuestra encuesta ofrece tres opciones al incluir la posibilidadd e responder “ni aprueba ni desaprueba”, mientras que en otros ejercicios, como el del periódico Reforma, el entrevistado solamente tiene dos opciones y debe necesariamente inclinarse hacia algún extremo de la escala (aprueba o desaprueba), lo que genera resultados asimétricos.
Es conveniente analizar el panorama desde un horizonte de mayor plazo, para evitar posibles situaciones estacionales o de temporalidad por las fechas precisas de cada levantamiento trimestral.
De esta forma, al revisar las evaluaciones del año completo observaremos coincidencias en tres encuestas que marcan una tendencia clara en la opinión pública: entre febrero de 2009 y febrero de 2010, vemos que Reforma marca una caída de nueve puntos en lo referente a aprobación, mientras que EL UNIVERSAL/Berumen marca una caída de 13 puntos, cifra que coincide con la de Consulta Mitofsky. En cuanto a las calificaciones, la serie también marca tendencia descendente durante el año: Reforma de 6.8 a 6.5; EL UNIVERSAL/Berumen de 7.0 a 6.1 y Consulta Mitofsky de 7.0 a 6.4.
Es decir, en las tendencias publicadas de la evaluación al presidente Calderón la aprobación tiende hacia la baja en la mayoría de las publicaciones, inclusive las mediciones de Reforma que en la anual presenta un comportamiento similar a las demás, salvo en la medición trimestral en la que se incrementa el nivel de aprobación, siendo ésta al parecer una observación atípica.
Ahora bien, como parte de los resultados de la medición, Berumen reporta la No Respuesta registrada en campo como “malestar”, desconociendo los niveles de no respuesta de otros ejercicios realizados por las demás casas encuestadoras que no necesariamente asumen la no respuesta como algo negativo.
Director General Berumen y Asociados
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir.html?id_nota=47549&tabla=editoriales
La aprobación del Presidente
Francisco Abundis
La pregunta de aprobación presidencial es un indicador de desempeño de gobierno que permite comparar la actuación de diferentes niveles de autoridad en el mundo y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos permite saber que en EU las presidencias de Kennedy y Bush padre han sido las mejor evaluadas en la historia de ese país (arriba de 80%); sabemos también que el republicano Nixon después del escándalo de Watergate disminuyó su aprobación y creo en sí mismo un concepto: aprobación “sub-Nixon” (por debajo de 28%). O que en México la aprobación de Salinas durante la reforma al campo y a la educación registró un histórico 82%, y que Zedillo estuvo por debajo de los 30 puntos a inicios de 1995 luego de “el error de diciembre”.
Con este indicador nos enteramos también de que la presidenta chilena Michelle Bachelet es la mejor evaluada en América Latina (80%) y que aun así la Concertación (alianza de la cual su partido forma parte) perdió la presidencia en la elección presidencial del mes pasado. Sabemos que el presidente brasileño Lula, no obstante su popularidad en el mundo, en su país no pasa de 60%, —similar a la de Hugo Chávez por cierto—. Incluso podemos saber que el actual presidente del vecino del norte, Barack Obama, es más popular en el resto del mundo que en su propio país. Es decir, es un dato de extrema utilidad porque en un solo número se resume la evaluación que hace un ciudadano a su líder en turno.
Hoy día en México la mayor parte de las mediciones de aprobación presidencial de febrero están entre 53% y 59% (Buendía 56%, Consulta Mitofsky 53%, Reforma 57%, Parametría 59%). Y si tomamos la última de GEA ISA de noviembre el rango se abre a 52%. En general no hay mucha diferencia entre ellas y ninguna está por debajo de 50%. Sólo hay un dato que se sale de este rango: el de Edmundo Berumen que estima 41% de aprobación.
La pregunta de aprobación presidencial tiene variantes según cada diario o investigador. Se cuestiona si en general el ciudadano aprueba o desaprueba, si aprueba o reprueba, o incluso si está de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que el Presidente realiza su trabajo. Hay diferencias de sutileza metodológica, pero no por ello menos importantes como si se incluye o no la categoría intermedia “ni aprueba, ni desaprueba”. Cuando hay categoría intermedia los niveles de aprobación bajan en general.
Los métodos de los datos reportados coinciden en general, muestreo, fechas, fraseos y en la mayor parte de los casos incluso el número de categorías de respuesta. Por ello, no obstante estas diferencias metodológicas de fraseo o en categorías, en general, la diferencia del promedio del gremio y Berumen no parecen explicarse.
El problema con la aprobación presidencial es que a diferencia de un dato electoral no tenemos un referente o parámetro. Es decir no llega el día “D”, el día del “corte de caja” en que el ciudadano sale a votar “el acuerdo presidencial”. A los investigadores se nos evalúa en nuestra precisión a partir de nuestra última medición pre-electoral. Para el caso del acuerdo presidencial no tenemos esa evaluación. Por ello no existe dato “correcto”. A lo más que llegamos es a un dato por consenso y eso no lo hace correcto o incorrecto. Por ello creo que hay que tomarse el dato de Berumen de manera literal y al ver los datos en conjunto lo que habría que dar por hecho y explicar es la variabilidad.
En realidad, aún más importante que explicar la variabilidad o diferencia de los datos, lo que tenemos que explicar es por qué el acuerdo presidencial en el consenso está tan alto, dada la situación del país. Cuando se presentan los datos de expectativas económicas e inseguridad fuera de México las audiencias se quedan sorprendidas del contraste entre lo bajo de los indicadores de inseguridad y economía y el alto nivel de aprobación del Presidente.
Una primera explicación es que se está evaluando a la persona y no a la gestión. Otra es que se evalúa el esfuerzo del Presidente y no su resultado. Una tercera, más de fondo y que se presta a un análisis más profundo, es nuestra incapacidad para criticar a nuestras autoridades, para reprobarlas. Si esta última fuera la explicación, y al parecer hay elementos para sustentarla, tenemos que cuestionar qué significa la “aprobación presidencial” en México, y si es comparable con otros lugares del mundo.
En un análisis histórico más largo y de diversas series disponibles son excepcionales las ocasiones en que el acuerdo presidencial baja de 50% en México. Es decir el alto acuerdo presidencial es una constante. La evidencia disponible sugiere que es una característica del mexicano aprobar a su Presidente, aun cuando percibe que su gestión no es la mejor y que el gobierno no cumple con sus labores fundamentales. Si es así nuestro indicador de aprobación presidencial, es inoperante porque tiene poca varianza, porque no se mueve independientemente de la situación del país. Porque se estaría evaluando a la institución, no a la persona o su gestión. Porque tal vez estamos evaluando a una institución que nos intimida y nos rebasa. Tal vez estamos evaluando al Tlatoani, al cual es imposible reprobar.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47558.html
¿Tocando fondo?
Javier Aparicio
A pocos meses de asumir el cargo, Calderón pasaba un muy buen momento con niveles de aprobación del 68%, su máximo histórico. Casi tres años después, sólo el 41% de la población en edad de votar aprueba algo o mucho su desempeño, según la encuesta levantada por Berumen y Asociados entre el 19 y 22 de febrero pasado. Por primera vez, se puede decir que la mayoría de la población no aprueba el trabajo de Calderón.
El “diferencial de aprobación (41%) vs. reprobación (36%)” del Presidente es ahora de sólo de 5 puntos, cifra 43 puntos menor que en sus mejores momentos, cuando tenía un diferencial positivo de 48 puntos. Este dato no sorprende dado que 68% de los encuestados opina que las cosas han empeorado en México en el último año. En este caso, percepción y realidad coinciden pues el último año el PIB cayó en 6.5%.
Hace unos meses, cuando estábamos en los peores momentos de la recesión, sorprendía que la popularidad de Calderón no cayera en la misma proporción que la percepción de la economía. Quizá algunos ciudadanos valoraban los esfuerzos del mandatario más allá de los resultados; quizá otros sólo no le atribuyen toda la responsabilidad. Hoy es claro que la recesión tuvo un efecto rezagado en la aprobación presidencial: Calderón tiene su peor momento6 meses después del peor momento de la economía.
Hoy la economía nacional ha comenzado a recuperarse y queda por ver si la aprobación del Ejecutivo se recupera o no a mediano plazo. El pronóstico no es fácil: a esta altura de su mandato, tanto Fox como Zedillo tenían niveles de aprobación de alrededor de 50%. Una diferencia fue que la evaluación de Zedillo iba en ascenso conforme la economía se recuperaba de la crisis, mientras que la de Fox más bien se estancó. Con todo, la popularidad de Zedillo no bastó para que el PRI mantuviera la presidencia, mientras que la mediocridad de Fox alcanzó para que el PAN retuviera Los Pinos. De hecho, la experiencia sugiere que para cualquier partido resulta difícil mantener el poder tras una recesión, sea cual fuere su candidato.
Más allá de la imagen de Calderón, preocupa la percepción de otros temas. El 56% de los encuestados cree que la situación política actual es inestable o muy inestable, 7 de cada 10 están insatisfechos con la democracia y más de la mitad creen que hace falta “alguien que imponga orden y resuelva los problemas” sin importar lo que diga el Congreso. Estas inclinaciones autoritarias quizá no sean accidentales si se considera que el Presidente ha hecho de la “guerra contra el crimen y el narcotráfico” uno de los temas medulares de su estrategia discursiva y de imagen.
Para la opinión pública resulta difícil evaluar objetivamente el éxito o fracaso de esa guerra pero una cosa parece cierta: anclar la imagen del Presidente en un tema que implica cada vez más pérdidas humanas e inseguridad puede revertirse fácilmente. El “premio al esfuerzo de guerra” observado hasta ahora difícilmente durará mucho más. Esta lógica explicaría el enojo del Presidente con los medios por dar espacio precisamente al tema que él decidió usar como punta de lanza durante tres años.
En su defensa, los voceros de Calderón dirán que la oposición ha bloqueado su agenda en el Congreso y que se ha hecho todo lo posible dadas las circunstancias. ¿Pero de verdad no puede hacer más Calderón? La misma encuesta ofrece algunas pistas: entre las principales “fallas de la democracia” se encuentran los abusos de poder y la corrupción —problemas que pueden combatirse sin pedirle permiso al PRI. Otros temas fueron anunciados en su tercer Informe de Gobierno —el marasmo educativo o combatir oligopolios— sin que lo siguieran acciones.
Por último, los conflictos entre el Presidente y miembros prominentes de su gabinete, así como la errática estrategia de alianzas rumbo a las elecciones locales son también clara señales de alerta entre los panistas. Percepciones y resultados igualmente magros ponen en evidencia a un Presidente cuya capacidad de gestión y negociación se ha erosionado más rápido de lo que muchos imaginaban al inicio de su mandato.
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir.html?id_nota=47535&tabla=editoriales
Salinas y el desastre de la banca
Rogelio Ramírez de la O
Los discursos del expresidente Salinas son repetitivos y siempre asociados a desastres de los que intenta deslindarse. Es irónico y quizás lamentable que el foro para esta diatriba se lo haya dado la Fundación Espinosa Yglesias. En un descuido se lo pudo ahorrar, leyendo el libro del banquero a quien Salinas bloqueó para impedirle recuperar Bancomer, banco al que había hecho el más grande de Hispanoamérica. Así, en las palabras de Manuel Espinosa Yglesias† (Bancomer: Logro y destrucción de un ideal, Planeta ,2000):
“En los años por venir, cuando llegue a hacerse un balance objetivo de la manera en que el presidente Carlos Salinas dirigió la economía nacional, no tengo duda alguna de que así como habrá de cargársele a su cuenta la crisis de 1995 —agravada, es cierto por un error del primer secretario de Hacienda del presidente Zedillo—, también tendrá que atribuírsele a él la crisis bancaria que obligó a emprender el rescate de los bancos” (p. 209).
Aparte del pésimo gusto y falta de categoría de Estado que demuestra el otro expresidente, Ernesto Zedillo, al aceptar el nombramiento al Consejo de Administración de Citigroup, no hay que perder el bosque por ver el árbol. Citigroup es hoy 27% propiedad del gobierno estadounidense, quien provocó este y otros cambios en el Consejo. Como Zedillo no es ningún genio de las finanzas, el apoyo que tiene de las autoridades de ese país se debe en mucho a que no tienen señalamiento de corrupción de él o de su familia, como sí los tienen y escuchan sobre Salinas, el más reciente de Luis Téllez. Cómo estarán las cosas para que así de baja sea la barra para que los altos exfuncionarios mexicanos reciban la estimación estadounidense.
Los Tesobonos se duplicaron en diciembre de 1994 porque estaban indizados al dólar y en ese mes comenzó la gran devaluación. Pero su verdadera explosión ocurrió en el reloj de Salinas. Pasaron de 922 millones de pesos en diciembre de 1992 a 55,576 millones en noviembre de 1994.
Eran bonos en pesos, pero indizados al dólar y por lo tanto protegidos contra la devaluación. Es obvio que si su monto aumentaba era porque los ahorradores temían una devaluación. En lugar de trinar contra Zedillo, Salinas debió hacerlo contra los funcionarios que le decían que la devaluación se podía evitar.
Dijo que él informó a los organismos financieros sobre la situación económica mexicana. Pero en 1995, tanto organismos como analistas extranjeros estaban indignados por el ocultamiento del verdadero déficit fiscal, disfrazado de créditos de la banca de desarrollo.
Lo anterior no exime a Zedillo de su responsabilidad al rescatar a los bancos sin anteponer el interés de México. Que el rescate era obligado todo mundo lo acepta. Pero no que al hacerlo rescatara a los accionistas de sus propios errores y pasara sus deudas a la nación sin asegurarse de que en el futuro pagaran el apoyo.
La venta de Banamex a Citigroup no fue en la presidencia de Zedillo, sino en la de Fox. Y aquí Salinas no dice nada sobre permitirla sin recuperar los miles de millones de dólares de apoyos que el gobierno le había facilitado y que no se cobrara impuestos por tan jugosas ganancias a los accionistas.
Aunque muchos digan que lo anterior no era exigible, a final de cuentas autorizar tan gigantesca operación siempre será una decisión política.
Si Salinas no estaba de acuerdo con el Fobaproa de Zedillo, pudo haber buscado a sus amigos del PAN (que ya lo habían apoyado para quemar las boletas electorales de 1988) para pedirles que no apoyaran al Fobaproa. Pero éste se aprobó con el apoyo del PAN.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47559.html
El error de 2009
Alejandro Encinas Rodríguez
Las recientes declaraciones de Carlos Salinas de Gortari en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pusieron al descubierto no sólo el encono y confrontación que guarda su relación con Ernesto Zedillo, sino muestran con nitidez los mecanismos de poder por los cuales se adoptan las decisiones de política económica por los altos funcionarios de la hacienda pública, supeditados a los poderosos grupos económicos del país y al gobierno de EU.
Salinas ha reconocido hechos, oportunamente denunciados por la izquierda mexicana, que durante años personeros oficiales y oficiosos del sistema negaron: el gobierno de Zedillo filtró información privilegiada a unos cuantos empresarios sobre la inminente devaluación del peso en 1994, lo que dio lugar a una fuga masiva de capitales y al agotamiento de las reservas internacionales.
Salinas aseveró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis fueron sugeridas por las autoridades financieras de Estados Unidos y acatadas por el gobierno de Zedillo, como fue el incremento de las tasas de interés del 7 al 110%, lo que llevó, junto con otras decisiones, a la insolvencia financiera al país; a la quiebra de decenas de miles de empresas; al empobrecimiento de millones de mexicanos y al desmantelamiento de la banca nacional, que hoy se encuentra, en 80%, en manos de extranjeros.
Estas decisiones provocaron la quiebra de la economía nacional y el mayor nivel de endeudamiento de nuestra historia. Las deudas privadas se hicieron públicas; los especuladores favorecidos con la información gubernamental se enriquecieron aún más y la inmensa mayoría de los mexicanos pagan con su miseria las corruptelas y errores de “servidores públicos” que se mantienen en funciones.
¿Qué tanto ha cambiado el comportamiento de los funcionarios públicos desde entonces y cómo se ha modificado esta situación? Si nos atenemos al manejo de la información oficial que pronosticaba un pequeño catarrito a la economía mexicana ante los embates de la crisis hipotecaria en Estados Unidos y al llamado boquete fiscal que llevó al incremento en los impuestos para el presente año, prácticamente nada, ya que la absurda subestimación de esa situación trajo consigo un resultado desastroso.
De acuerdo con los resultados del INEGI, en 2009 el PIB se desplomó en 6.5%, la mayor caída en 76 años, sólo superado por la de 14.83% durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio en 1933. Ello significa que durante los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía fue negativa en 0.56%, en contraste con los últimos dos sexenios, incluido el de Ernesto Zedillo, cuando en los tres primeros años de su gobierno, pese al error de diciembre de 1994, la economía creció en promedio 2.2%.
La economía mexicana acumula cinco trimestres de contracción, ya que la recesión en México inició en el último trimestre de 2008, cuando se registró una caída de 1.1% en la producción de bienes y servicios, lo que pasó inadvertido al ahora gobernador del Banco de México. El pequeño catarrito se convirtió en una de las peores crisis económicas en la historia del país, a la que se suma el desplome en 50% de la inversión extranjera en México, al caer de 23 mil 170 millones de dólares a 11 mil 417 millones de dólares; la caída en las remesas que los trabajadores mexicanos envían del exterior en casi 16%, al pasar de 25 mil 137 millones de dólares en 2008 a 21 mil 181 millones de dólares, y, lo más delicado aún, pese al falso optimismo oficial, el desempleo alcanzó en enero de 2010 su tasa más alta: 5.87%, lo que significa que cerca de 3 millones de mexicanos buscan empleo y no lo encuentran.
Así, la economía mexicana se ha colocado deshonrosamente a la retaguardia del crecimiento en el mundo durante 2009, por debajo de Haití en Latinoamérica y de otros países de Europa del este, y será hasta 2012, si la economía de Estados Unidos sale de su marasmo, cuando se empiece a recuperar el nivel que se tenía al inicio del terrible 2009 que vivimos los mexicanos.
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir.html?id_nota=47551&tabla=editoriales
Caricatura de consenso
José Carreño Carlón
A Héctor Aguilar Camín le sorprende que John Ackerman encuentre en la proclama del “No a la generación del no” un componente salinista. Pero no sólo aparecen entre los firmantes dos de los pilares del reformismo promovido en el periodo de Salinas, sino que los propios firmantes le mandan al expresidente el guiño de que desde 1994 en que terminó su sexenio no ha habido reformas del calado de las que ahora ellos promueven.
Al escritor le sorprende también que yo le atribuya pertenencia del manifiesto a Ernesto Zedillo. Pero este ex presidente fue convocado a firmarlo y lo firmó y por tanto se puede decir con toda propiedad que es su manifiesto. Le sorprende igualmente al historiador que Porfirio Muñoz Ledo afirme que lo que une a los firmantes es su apoyo a Calderón. Pero precisamente lo que demanda el desplegado es el apoyo del Congreso a la iniciativa de reforma política del presidente Calderón.
Es posible que entre los suscriptores del desplegado no se hagan muchas ilusiones —como dice Héctor— respecto a que su colección de firmas tornará los desacuerdos en acuerdos. Pero por el tono que le imprimieron los redactores parecería que no merece otro destino que el de ser acatado por los legisladores y admirado por sus lectores. Y ésta es una impresión que se refuerza ante la colección de sorpresas que le producen al director de Nexos las elementales inferencias de tres de sus lectores.
La estrategia
Más debería sorprender el hecho de que uno de los estrategas del manifiesto se sorprenda de que quienes analizamos el documento y a sus firmantes pongamos el acento, cada quien, en algo de lo que se propusieron sus impulsores y no en el todo de sus intenciones, ahora expresas. Héctor pretende caricaturizar su hallazgo al concluir que la suma de nuestros tres análisis daría “un manifiesto salinista, zedillista y calderonista”. Y que en todo caso ello “pone de manifiesto la pluralidad del manifiesto”.
Héctor incluso podría lamentar no haber encontrado un analista que hubiera hallado entre los firmantes alguna prenda (que también dejaron) del ex presidente De la Madrid, para redondear su, esa sí, caricatura de pluralidad: en realidad una estrategia de pretensiones representativas y consensuales, explícita en las explicaciones que he recibido y que incluyen la proclamación, como si se tratara de un prodigio, de encontrar juntos en el manifiesto al propio Aguilar Camín y a Enrique Krauze.
Como lo dije en mi artículo y como se le he expresado a otro de los impulsores del desplegado, con quien he tenido la oportunidad de conversar, no tengo dudas de la necesidad de “recuperar el proceso reformista abruptamente interrumpido a mediados de la década anterior”. Pero encuentro graves problemas en la estrategia narrativa de un manifiesto en el que los firmantes se asumen como portadores de las soluciones, cuando —para sectores importantes de la sociedad— algunos de sus principales suscriptores forman parte del inventario de problemas que plantean y del nudo de discrepancias, enconos y crispaciones que ellos mismos contribuyeron a generar.
El remedo
En estas condiciones esta suerte de convocatoria representativa-consensual en torno a la iniciativa del presidente Calderón resulta como un remedo pálido de los recursos consensuales del antiguo régimen. Por ejemplo, la convocatoria a la unidad nacional de Ávila Camacho escenificada en los cuarentas con la reunión de los ex presidentes de entonces en Palacio Nacional, incluidos los enconados Calles y Cárdenas. O la que repitió López Mateos en las efemérides de la Independencia y la Revolución, en 1960.
Aquellas estampas constituían símbolos todavía eficaces de unidad frente a los retos del país y del régimen de entonces. La caricatura de estampa consensual que hoy nos proponen pasa por alto, entre otras cosas, que el hartazgo real al que alude Aguilar Camín no es sólo contra los señalados difusamente como la “generación del no”, sino contra muchos de quienes hacen el difuso señalamiento.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47560.html
La máquina de lo mismo
Héctor Aguilar Camín
Creo que lo que el gobierno quiere con su propuesta de reforma política es fortalecer a la Presidencia y crear mayorías en el Congreso.
Los senadores del PRI quieren que el Presidente comparta su poder con el Congreso y alcance la mayoría pactando gobiernos de coalición con las otras fuerzas políticas mediante el procedimiento de ratificación de gabinete.
El PRD quiere que no se establezca una lógica dominante del principio de mayoría. Piensa que esa lógica conduciría, más temprano que tarde, al bipartidismo, y que los partidos que se quedarían con el campo serían el PRI y el PAN.
Los tecnicismos para conseguir estos objetivos distintos son los que están en las iniciativas respectivas, un campo minado para especialistas.
Las coincidencias son escasas y no alcanzan para conseguir lo que quiere cabalmente ninguna de las fuerzas.
Todas las iniciativas dan una solución al problema anual del riesgo de no aprobar el presupuesto, y cualquiera de sus soluciones parece suficiente.
Todas coinciden en la necesidad de algún tipo de referendo o consulta nacional para cambios mayores. Hasta ahí los acuerdos.
La iniciativa de Calderón tiene en contra al PRI y al PRD en las siguientes propuestas:
1. Segunda vuelta presidencial, 2. Reelección de presidentes municipales, 3. Veto parcial del Ejecutivo a leyes aprobadas por el Congreso, 4. Subir a 4% el mínimo exigido para ser partido político nacional, 5. Facultad de proponer leyes de la Suprema Corte de Justicia. 6. Leyes guillotina, enviadas por el Ejecutivo para su obligatoria resolución por el Congreso y su entrada en vigor en caso de que el Congreso no encuentre mayoría suficiente para transformarlas.
El PRI y Calderón coinciden en la reelección de legisladores y en reducir el número de diputados (con grandes diferencias en el cómo).
El PRD y Calderón coinciden en que haya candidatos independientes, iniciativas de legislación ciudadana y veto presupuestal.
El PRI y el PRD coinciden en que haya ratificación de gabinete.
En suma, un cruce de propuestas donde todas las fuerzas ven desdibujada su intención política fundamental. Es la máquina de lo mismo de los últimos trece años, desde que hay gobiernos divididos, es decir presidentes sin mayoría absoluta en el Congreso (50 más 1).
Se dirá que esta es la dinámica propia de la democracia. Sin duda, pero de una democracia que funciona mal, donde las fuerzas tripartitas se bloquean entre sí.
http://impreso.milenio.com/print/8729194
El marco del debate
Jesús Silva-Herzog Márquez
Hace unos años los estudiosos de las democracias enfatizaban la importancia decisiva de las instituciones. Discutían con vehemencia el efecto de tal o cual sistema electoral, de éste o aquel régimen de gobierno. En la definición de los alicientes y los castigos estaba la clave de la estabilidad y la eficacia de un gobierno. Se ofrecieron argumentos y pruebas para sostener que el régimen presidencial era prácticamente incompatible con el pluralismo. Otros salieron a la defensa de ese arreglo proponiendo una serie de variaciones. No era necesario mudarse definitivamente al edificio parlamentario sino hacer adaptaciones puntuales al mecanismo presidencial. No importan aquí las razones y las pruebas de este debate sino la solidez de aquella confianza: las instituciones definen el éxito o el fracaso de un sistema pluralista. El acierto en el diseño era la clave.
Hoy los mismos estudiosos se distancian de aquella fe. Las instituciones, por supuesto, importan. No puede pensarse que las reglas del juego sean irrelevantes. Pero parece construirse en estos tiempos una coincidencia académica producto de la experiencia internacional. Tras la última oleada democrática de fines de los años ochenta, no puede decirse que un paquete institucional sea inequívocamente superior a otro. Un mismo arreglo institucional puede tener efectos contrastantes en distintos países. Es interesante lo que ha escrito Philippe Schmitter en la edición más reciente del Journal of Democracy. Hace un cuarto de siglo editó, junto con Guillermo O'Donnell, el trabajo seminal sobre las transiciones a la democracia. Al reflexionar sobre lo que se ha aprendido desde entonces, se muestra escéptico sobre el efecto de las instituciones en el desempeño democrático. La historia reciente ha quebrantado la confianza ingenieril de hace unos años. No podemos pensar, en consecuencia, que existe una fórmula única para asegurar la eficacia democrática.
Vale la advertencia como prólogo al debate actual. El menú de propuestas debe ser analizado desde el escepticismo. En los días recientes los partidos de oposición han respondido a la iniciativa presidencial. El trazo de las propuestas dibuja regímenes contrastantes: el Ejecutivo dibuja un presidencialismo fortalecido, alentando la sintonía entre Congreso y Presidencia. El PRI y el PRD pretenden insertar mecanismos parlamentarios en la estructura constitucional. El gobierno busca fortalecer la Presidencia, mientras que sus opositores buscan un Congreso con mayor peso en la formación y en la supervisión de la administración. A pesar de esto, existen coincidencias importantes. El gobierno y el PRI (por lo menos su bancada en el Senado) se han pronunciado por la reelección de los legisladores. El acuerdo no es poca cosa. Abre la posibilidad de una carrera parlamentaria que no cuelgue en exclusiva de la voluntad de los partidos sino de la evaluación de los electores. De concretarse la reforma institucional en este solo cambio, tendríamos, a mi entender, una transformación valiosa.
El gran debate parece estar en la conformación del Congreso. Ningún partido coincide en este tema. Gobierno y PRI quieren un Congreso más pequeño; anhelan una legislatura con mayoría clara, pero lo intentan por vías distintas. El PRD, por su parte, quiere una legislatura más receptiva de la diversidad política. La iniciativa presidencial busca fortalecer al partido que gane la Presidencia. Ése es el propósito de elegir diputados y senadores una vez que se conozca el nombre del Presidente electo o cuando se celebre la segunda vuelta. El candidato ganador previsiblemente arrastraría votos a favor de su partido. El PRI, conocedor de su poderío regional, alienta la formación de una mayoría en el Congreso debilitando la proporcionalidad.
Las tres iniciativas proponen cambiar los puentes entre los poderes. El Ejecutivo quiere fortalecer (modestamente) los poderes legislativos del Presidente. No le otorga facultad para legislar sin el Congreso, pero lo faculta a definir (en parte) la agenda del Poder Legislativo. PRI y PRD sugieren darle al Congreso voz en la conformación del gabinete presidencial. En el caso de la propuesta de los senadores priistas, el Presidente nombraría apenas con libertad a su equipo inmediato: no solamente secretarios de Estado, sino también titulares de organismos descentralizados, requerirían la ratificación del Senado. Mientras el gobierno panista advierte que padecemos una Presidencia débil; el PRD y el PRI la quieren restringir más.
Los senadores del PRI proponen un mecanismo de sustitución presidencial que termine con el peligrosísimo enredo constitucional actual. Un secretario de Gobernación previamente ratificado por el Senado ocuparía la Presidencia en caso de falta definitiva del Presidente, en tanto el Congreso nombre al sustituto.
Ninguna iniciativa propone acortar el (larguísimo) periodo presidencial mexicano.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/
Mi posición en el DIA
Manuel Camacho Solís
México está dañado por las crisis económicas, el debilitamiento del Estado, las divisiones internas, la corrupción, las desigualdades extremas y la violencia. Mucho se ha perdido, pero el daño más grave lo ocasionaría nuestra incapacidad política para ofrecerle a la sociedad la oportunidad del cambio.
La primera responsabilidad de la política es recuperar la confianza que se ha perdido. No se necesita demasiado. No está en el mucho criticar y en el mucho ofrecer. Está en abrir de nuevo, de par en par, las puertas de la participación de los ciudadanos.
La clave para el 2012 es lograr una alta participación. Ello marca las prioridades: recuperar las condiciones de competencia e imparcialidad, reconstruir la unidad, ir con sólo un candidato y fijar una agenda para que se pueda debatir a fondo sobre el destino de nuestro país.
Para que México salga adelante necesita de una estrategia de crecimiento con inclusión social que regrese las palancas del desarrollo al ahorro, la inversión, la innovación y el papel promotor y distribuidor del Estado. Una que ponga su marca de mayor eficiencia interna y mejore la vinculación de México con la economía global. Que reactive al campo, impulse a la industria, aproveche las oportunidades de la economía del conocimiento, mejore la salud y potencie la educación; que vincule el sistema de pagos al fomento y la inversión y establezca un nuevo pacto fiscal capaz de financiar un estado de bienestar y hacer más productiva la economía.
Para impulsar ese proyecto, la izquierda y las fuerzas progresistas necesitamos convencer a los ciudadanos. Convencer a una franja social muy amplia. Si queremos que se logre un cambio, lo tendremos que ganar con votos, con una mayoría política y una mayoría social.
Deberemos llevar a la Presidencia de la República y a los principales cargos a gobernantes cuyo objetivo sea servir a la gente y proteger el interés público; no ir a servirse y a reproducir los controles autoritarios.
Estamos haciendo una apuesta grande. Apostamos por la democracia. Refrendamos nuestra convicción de que el voto ciudadano es el único camino legítimo para acceder al poder. La movilización es necesaria; el voto es determinante.
Apostamos por la inclusión social y el respeto a la diversidad. Para que los indígenas, los pobres, los trabajadores y campesinos sean parte y se beneficien del desarrollo y no paguen los costos de tantos fracasos y abusos.
Apostamos por México. Por su soberanía política. Por la defensa de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Por una política exterior digna y que tenga capacidad de iniciativa.
Apostamos por la paz. Creemos en los métodos pacíficos. No deberíamos dar lugar a que las estrategias del miedo nos separen de las clases medias y no nos permitan dialogar con los empresarios.
Apostamos por la política. Por resolver todas nuestras diferencias con paciencia, talento, generosidad y una necesaria dosis de humildad.
Apostamos por el futuro. Por ofrecerle a México, en el año 2012, un proyecto de reconstrucción nacional que sea capaz de convocar, ilusionar y sea convincente.
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir.html?id_nota=47538&tabla=editoriales
Laicismo: ¿libertades absolutas, derechos limitados?
Adolfo Sánchez Rebolledo
La cuestión no surge de la nada, como si se tratara de un debate de filosofía política en un seminario universitario. Se plantea en el Senado, luego de intensas campañas emprendidas por las iglesias, la católica en particular, contra reformas que amplían derechos, aun cuando éstos contravengan principios, dogmas, tabúes. Estamos, pues, ante un hecho político de la mayor trascendencia. La defensa del Estado laico, resumida en la reciente modificación del artículo 40 constitucional, expresa la voluntad de mantener en pie los valores laicos que, en principio, definen al Estado mexicano. En contra se alzan aquellos que, al opinar sobre asuntos debatibles desde el punto de vista moral o ideológico, en realidad atacan los fundamentos del Estado laico y el papel que en ellos les corresponde a las distintas asociaciones religiosas.
Lejos de favorecer la libertad de creencias, la disputa contra la despenalización del aborto o el matrimonio entre parejas homosexuales (que son los temas candentes, pero no los únicos) emprendida por el alto clero católico busca imponer en la ley su propia concepción de la vida, una moral que resulta excluyente para quienes no comulgan con su fe. Es fácil advertir que a nadie se le prohíbe (menos se le sanciona) expresar opiniones, incluso cuando son contrarias a la autoridad, pero en el camino de la contestación de las políticas públicas aprobadas por los órganos legítimos del Estado, algunos prelados han llegado al extremo de cuestionar la racionalidad del laicismo, sus fundamentos legales, todo para conservar o adquirir una privilegiada posición corporativa.
Para algunos, el problema está en la ley y no en la cabeza levantisca de ciertos obispos siempre dispuestos a la restauración de los buenos viejos tiempos. Otros, como el senador Pablo Gómez proponen “restablecer los derechos de asociación política y de libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos”, propuesta que, en rigor, recicla las ideas que al respecto puso a circular el PCM en los albores de la reforma política que lo llevaría, finalmente, a su legalización, a una nueva fase del pluralismo en México, pero no a la rectificación de las actitudes ultramontanas de la derecha católica. Entonces se creía que tal manera de entender el laicismo era una forma de ser más “consecuente” e insospechadamente demócrata que la sostenida por los demás partidos, comenzando por el PRI de muy deslavados resabios jacobinos y fuertes reflejos autoritarios, pero, sobre todo, tenía la atención puesta en la oposición panista, en el antigobiernismo que estaba en disputa, aunque, dicho sea de paso, los herederos de Gómez Morin tampoco se rasgaban las vestiduras por ver a los curas encabezando partidos o haciendo campañas, pero, al igual que hoy, asumían el “derecho” de la Iglesia católica a dictar –por medio de la educación publica, el culto en la plaza o en los medios electrónicos– la visión del mundo, el código moral de la sociedad entera. La verdad es que los curas siempre se las habían arreglado para hacer política y no se inclinaron por cambiar la fachada cuando mejor interlocución tenían con el gobierno, gracias, entre otras cosas, a la actividad papal que vino a despertar al México “siempre fiel” y abrió las puertas para que Salinas reformara la Constitución. Como sea, finalmente, la mayor disciplina –y la principal restricción a la actividad política de los sacerdotes– se origina en el derecho canónico, es decir, de las leyes vaticanas que rigen el ejercicio de su profesión y no se avienen, como quisiera Pablo Gómez, a la carrera por los cargos de gobierno y puestos de elección popular, aunque sí se sentirían muy cómodos realizando proselitismo electoral desde el púlpito, arropados por toda la parafernalia religiosa y con la ley… de su lado.
Tal vez en un plano general y abstracto se pueda coincidir con Bernardo Barranco, nuestro gran estudioso de los temas religiosos, en el sentido de que, “desde el punto de vista de los principios que rigen la laicidad (Pablo Gómez) tiene razón: en un régimen de libertades laicas el Estado no puede impedir que un individuo o una iglesia hagan valer sus principios y visiones, incluso las políticas, en el conjunto de la sociedad. Ninguna sociedad que se aprecie democrática puede impedir que una jerarquía religiosa ejerza su derecho a posicionar su doctrina sobre la vida y principios con los que debe conducirse la sociedad”. Pero la cuestión del laicismo en México, la separación del Estado y la Iglesia católica, es un asunto histórico, constitutivo, incomprensible al margen de las condiciones que lo hicieron surgir y desplegarse desde la reforma hasta nuestros días como un componente clave del Estado nacional. El filósofo de la política, llámese o no Gómez, puede discernir en el gabinete cuáles son los alcances teóricos o morales del asunto, pero el político, por añadidura de izquierda, no puede reaccionar sin tomar en cuenta la historia, el significado concreto que en ella –y para el conjunto de libertades– adquiere la restricción de algunos derechos a los miembros del culto. En este, como en otros puntos, los derechos absolutos no existen. La inoportunidad del alegato ultrademócrata de Gómez, convalidado por el silencio de otros miembros de la bancada perredista, salta a la vista: en el texto citado, el mismo Barranco reconoce: “Creemos que en algún momento de nuestra historia se deberán derogar todo tipo de restricciones y las iglesias en México tendrán todas las prerrogativas modernas de la democracia. Probablemente no sea el momento y lo apasionado de los posicionamientos de los diferentes actores pone de manifiesto que las llagas aún están abiertas; los recelos y desconfianzas mutuas son palpables, fruto de una historia común escabrosa, cuyo dramatismo ha pasado por dos guerras fratricidas” (subrayado ASR). Si esto es así, cabe preguntarse cuál es, entonces, el objeto de darle a la jerarquía católica y al PAN tamaño obsequio, cuando apenas asimilan la aprobación, en primera instancia, del término “laico” en el artículo 40 constitucional.
Al respecto, Roberto Blancarte (Milenio, 2 de marzo), otro reconocido especialista en la materia, tampoco se hace muchas ilusiones. Él cree que “una posible estrategia de los obispos y senadores panistas sería entonces la de querer negociar la reforma al artículo 24 o al 130, a cambio del 40, bajo la lógica de que o avanzan las dos reformas o no avanza ninguna”. En pocas palabras, la jerarquía dejaría en el cajón –mientras se fortalece en la sociedad– el tema de la “libertad religiosa” como eje de su interpretación particular del laicismo y, a la vez, cancela la reforma constitucional que le daría plena vigencia al Estado laico. ¿Alguien duda de que avanzamos?
PD. Días dolorosos han sido los recientes. Andrea Revueltas nos dejó tras completar una obra de amor y rigor intelectual. Junto con Philipe Cherón, dedicó inteligencia, generosidad y humildad a la tarea mayor de editar las obras completas de José Revueltas que la Editorial Era hizo materialmente posible. Luego, Carlos Montemayor, un sabio de nuestro tiempo. Estrella polar, su brillo ilumina la noche triste mexicana.
Identidad y pragmatismo
José Woldenberg
Los partidos políticos son -dicen los libros de texto más viejos- organizaciones marcadas por un ideario que ofrece identidad a sus miembros. Quienes militan en ellos forman subconjuntos que comparten principios, un diagnóstico de lo que sucede en el país o en el mundo y una propuesta de acción, que tienden a otorgarles un perfil definido. Esa visión compartida los cohesiona y los hace diferentes a otros que sostienen ideas no sólo distintas sino enfrentadas. De esa manera ofrecen un sentido a la vida política -y en ocasiones a la vida toda- conformando un nosotros que de "manera natural" se opone a los otros.
En muchos países se llegó a hablar de "subculturas" que organizaban el conflicto político y que conformaban "familias" de pensamiento y acción que proyectaban la imagen de fortalezas robustas y diferenciadas. Así, conservadores, liberales, democratacristianos, socialistas, comunistas, eran portadores de signos de identidad tan arraigados que en sí mismos establecían las posibilidades y los límites de las convergencias y las alianzas.
Pero las identidades en todo el mundo se han hecho más porosas. Las ligas con clases o grupos sociales tienden a flexibilizarse, ese universo complejo y contradictorio al que por economía de lenguaje llamamos ciudadanos conjuga de manera compleja los valores que ponen en pie a los distintos partidos, las preferencias de los electores suelen ser cambiantes, los candidatos están obligados a enlazar sus agendas con las preocupaciones de los votantes lo que los fuerza a trascender sus respectivos ghettos ideológicos, los medios de comunicación tienen un impacto en la forja de "personalidades" carismáticas -o no- que de manera regular rebasan los corsés partidistas. En fin, que por angas o mangas vivimos un reblandecimiento de las identidades partidistas.
Los signos de identidad, sin embargo, no han desaparecido ni creo que lo harán. Sólo se han ablandado por el efecto que tiene la mecánica democrática. Basada en el pluralismo, al que legitima y ofrece cauce, tiende a ofrecer un espacio institucional a la diversidad de opciones políticas. Así, la convivencia entre adversarios se institucionaliza; las diferentes corrientes coexisten en los espacios de la representación, y ahí se encuentran, pelean y pactan, aprenden los rudimentos de la aritmética democrática (si tienen suficientes votos, hacen prosperar sus propuestas, y si no, están obligados a negociar, y si no, pues no pasan), y ello demanda una cierta dosis de pragmatismo. La cara venturosa de esa mecánica es que "desdemoniza" al adversario y obliga a reconocerlo como una expresión legítima, además de que exige en muchos casos hacerse cargo de las necesidades y los argumentos de los otros. El rostro no tan amable de esa realidad es que las identidades tienden a nublarse, a hacerse más vaporosas, lo que impacta de manera negativa a todos aquellos que se definen como doctrinarios, como guardianes de una ideología inmaculada que no debe ser contaminada con elementos externos ni "ideas exóticas". Estamos ante una tensión que no es inventada, que es fruto del marco político en el que compite la diversidad: identidad vs. pragmatismo.
Entre nosotros además, durante una muy larga etapa, la política electoral y los cargos de representación estuvieron copados (casi) por un solo partido (el PRI por si usted acaba de llegar de Ulan Bator) a cuyos flancos existieron siempre otros más bien testimoniales (dada la imposibilidad de competir en condiciones equitativas). La hegemonía de un partido parecía construir con nitidez los campos: pragmáticos en el PRI -no sin algunos signos de identidad- y doctrinarios -que nunca dejaron de tener algún impacto en la política- en una oposición que era más una conciencia crítica que partidos en el sentido moderno del término. Militantes de izquierda y derecha fueron movidos por una apuesta de futuro (mientras tanto la política era monopolizada por un partido con afán omniabarcante), estaban excluidos de la toma de decisiones, pero fueron una vigorosa voz de denuncia que reforzaba su identidad. Y hay que subrayarlo: sin identidad no hay causas, entusiasmo, sentido.
Por fortuna, el formato de partido hegemónico (según Sartori y su famosa tipología) fue desmontado y hoy contamos con un sistema de partidos equilibrado, lo que hace de todos ellos eficientes plataformas de lanzamiento hacia los cargos de representación popular y potentes maquinarias burocráticas instaladas en el corazón y el sistema circulatorio del Estado. No pueden mantenerse enclaustrados mirándose al espejo y están obligados a tratar con los otros si no quieren verse reducidos a la ineficacia. De ahí la necesidad de una dosis de pragmatismo. Pero hablo de una dosis, porque si éste acaba anulando los signos de identidad no sólo se reforzará la conseja de que todos los partidos son iguales, sino que la propia actividad política carecerá de significado para la mayoría de los ciudadanos.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/
¿Obama prepara una “reducción drástica” del arsenal nuclear de EU?
Rosario Jaimes Rico
Desde la antigüedad, las primeras civilizaciones tales como la griega, la romana, la china, la egipcia y las mismas civilizaciones precolombinas han visto en su ejército uno de los bastiones más importantes de su estabilidad, que procuran su seguridad y determinan su poderío frente a otros grupos humanos. A su vez estas mismas civilizaciones han procurado el desarrollo de armas como herramientas que faciliten la realización de sus objetivos, como es el caso del desarrollo armamentista durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como durante los 40 años de Guerra Fría.
Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días Estados Unidos se ha perfilado como la primera potencia militar del mundo, y como la poseedora más grande de armas nucleares. Sin embargo, hoy en el periódico “La Jornada” en pleno 2010, se ha anunciado que entre las estrategias de defensa de Estados Unidos se encuentra la de reducir en gran medida las armas nucleares en pro de la no proliferación de las mismas, aunque realmente muchos analistas en pro de la desnuclearización consideran que para proteger la seguridad de EUA ésta es una de las mejores opciones en vez de armarse, debido que el poseer armas nucleares implica incitar a otros países a amenazarlo, situación cuestionable, debido a que un Estado procura su defensa cuando se siente agredido.
Por otro lado, cabe hacerse la pregunta ¿Estados Unidos sin armas nucleares? Como imaginar que el país que fue durante el siglo pasado y aún en este la primera potencia económica y militar del mundo, aquel país triunfador junto con los aliados de la Segunda Guerra Mundial, aquel imperio, (porque no se le puede llamar de otra forma, debido a sus características hegemónicas) que mediante tácticas económicas y políticas en donde ha pregonado ser el benefactor económico y mediador de cualquier conflicto, aquel que ha creado guerras para mantener activa su economía, decida en aras de la paz y seguridad de la comunidad internacional, reducir en gran medida sus armas nucleares, es algo impensable, y claro que lo es, ya que realmente la estrategia de Obama consiste en sustituir las armas nucleares por armas convencionales pero más poderosas, Claro está que, esto implicaría que EUA ya no podría ser acusado en los foros internacionales sobre desarme o en el mismo Consejo de Seguridad de ser un poseedor por excelencia de armas nucleares, y por otro lado, él tendría todas las ventajas de acusar algún otro país que quisiera armarse, como es el caso reciente de Corea del Norte, de Irán, la India y Egipto, entre otros muchos que después quisieran hacerlo, sin que estos últimos países puedan poseer argumentos que han manejado y manejan para defender su derecho de poseer armas nucleares.
Por consiguiente, esto vendría siendo todo un disfraz porque las nuevas armas “convencionales” no tendrían nada de convencionales aunque no serían nucleares, pero seguirían siendo todavía una amenaza para los enemigos de EUA, aunque este engaño podría ser copiado por otras potencias que se han reservado el derecho de poseer estas armas de destrucción masiva, y seguir fingiendo que cumplen con las normas internacionales sobre el desarme.
Sin embargo, esta estrategia del mandatario será presentada ante el Congreso, de todas formas, sea cual sea la decisión de adoptar o no este documento, EUA con o sin armas nucleares seguirá manipulando a su antojo a la comunidad internacional, ya sea de manera descarada acusando a sus enemigos de armarse nuclearmente cuando es obvio que el que más armas nucleares posee es él, o de una manera sutil pero hipócrita continuar acusando a los países poseedores de estas armas, argumentando que él ya no posee o ha reducido considerablemente las suyas. De alguna forma u otra, EUA seguirá teniendo herramientas para procurar su seguridad ya sean armas “convencionales” pero más poderosas o las mismas armas nucleares, ya que esta realidad internacional simplemente corresponde al juego del poder (creando estrategias que permitan arrebatarlo, poseerlo y conservarlo), y de la capacidad de poder manipular o violar al antojo cualquier regla que pretenda poner orden en la comunidad internacional, al fin y al cabo el fin justifica los medios.
