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La Jornada/ Política/ 18 agosto 2009
La Jornada/ Política/ 18 agosto 2009
Se asegura en la Corte que no se liberó a asesinos confesos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no liberó a ningún asesino confeso por la matanza de Acteal, los amparos concedidos a algunos de ellos fueron “para efectos”, es decir, para que el juez dicte una nueva sentencia.
De acuerdo con el dictamen de la sentencia elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, los indígenas referidos fueron beneficiados con el amparo de la justicia federal para efecto de que se “reiteren las cuestiones relativas a la existencia de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas”. Es decir, fueron absueltos únicamente de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Al igual que en los casos resueltos la semana pasada, confirmó una fuente judicial, ningún acusado confeso de asesinar a miembros de la comunidad de Las Abejas obtendrá la libertad, porque la Corte hizo y continuará haciendo un trabajo escrupuloso de la situación jurídica de cada uno de los 56 acusados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no liberó a ningún asesino confeso por la matanza de Acteal, los amparos concedidos a algunos de ellos fueron “para efectos”, es decir, para que el juez dicte una nueva sentencia.
De acuerdo con el dictamen de la sentencia elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, los indígenas referidos fueron beneficiados con el amparo de la justicia federal para efecto de que se “reiteren las cuestiones relativas a la existencia de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas”. Es decir, fueron absueltos únicamente de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Al igual que en los casos resueltos la semana pasada, confirmó una fuente judicial, ningún acusado confeso de asesinar a miembros de la comunidad de Las Abejas obtendrá la libertad, porque la Corte hizo y continuará haciendo un trabajo escrupuloso de la situación jurídica de cada uno de los 56 acusados.
Precisaron los informantes que ha surgido confusión entre algunas organizaciones no gubernamentales, las que han señalado que Lorenzo Pérez Vázquez es uno de los que aceptaron haber participado en la matanza y habría quedado en libertad; sin embargo, se trata de una confusión en los nombres, porque el amparo obtenido por éste no le permitió obtener su libertad.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, al menos cinco indígenas que solicitaron amparo confesaron su responsabilidad en la matanza de 45 personas.
El miércoles pasado, 20 indígenas obtuvieron su libertad “lisa y llana” por los hechos de Acteal; seis recibieron amparos “para efectos” y que el juez de la causa emita una nueva sentencia tomando en cuenta única y exclusivamente las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de manera legal y por los delitos debidamente acreditados.
Los 25 asuntos que fueron presentados por el ministro Sergio Valls, en los que él negaba el amparo pero cuyos proyectos de sentencia fueron rechazados por la mayoría de cuatro ministros, fueron turnados a Cossío, quien también concederá amparos para que una parte obtenga su libertad, pero otros recibirán sentencia favorable a efecto de que se reponga el procedimiento y éste se lleve a cabo conforme a la ley.
Los funcionarios consultados subrayaron que ningún asesino confeso obtendrá su libertad con las sentencias que emita la SCJN; serán favorecidos para que su proceso tome en cuenta no sólo la confesión sino otros elementos de culpabilidad que aporte en su momento la autoridad correspondiente.
La sentencia aprobada por la primera sala, precisa que en el caso de Lorenzo Pérez Vázquez y Javier Vázquez Luna –asesinos confesos–, los procesos que se les siguen deberán respetar el principio de non reformateo in peius, es decir, la nueva resolución no puede imponer una condena mayor a la que ya se fijó previamente, por ser “un principio fundamental de justicia”.
El juez de la causa deberá dictar una nueva sentencia “usando los elementos de convicción lícitos que hayan sobrevivido a la revisión efectuada por la Suprema Corte”, es decir, que no deberán ser tomadas en cuenta las pruebas ya declaradas ilícitas por el máximo tribunal.
Para la SCJN, las pruebas lícitas que podrán ser usadas en contra de los sujetos referidos son las obtenidas “con respeto irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento: respetando los límites a los actos de molestia, garantizando a los indiciados el derecho a objetarlas, etcétera”.
Sobre el controvertido álbum fotográfico que fue utilizado en su momento por la PGR, para que un testigo “ubicara y señalara” a presuntos responsables, la Suprema Corte determinó que este documento no podrá ser usado en contra de los acusados, como tampoco se le asignará valor de testimonio “a las copias certificadas de las declaraciones hechas en la averiguación previa por los condenados”.
El juez de la causa tendrá que “revaluar” la responsabilidad penal de los quejosos y en caso de encontrar que éstos son responsables, deberá condenarlos bajo la figura de “responsabilidad correspectiva y no de autoría”, porque el concurso de delitos presentado por la PGR “no quedó demostrado”.
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Según organizaciones defensoras de derechos humanos, al menos cinco indígenas que solicitaron amparo confesaron su responsabilidad en la matanza de 45 personas.
El miércoles pasado, 20 indígenas obtuvieron su libertad “lisa y llana” por los hechos de Acteal; seis recibieron amparos “para efectos” y que el juez de la causa emita una nueva sentencia tomando en cuenta única y exclusivamente las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de manera legal y por los delitos debidamente acreditados.
Los 25 asuntos que fueron presentados por el ministro Sergio Valls, en los que él negaba el amparo pero cuyos proyectos de sentencia fueron rechazados por la mayoría de cuatro ministros, fueron turnados a Cossío, quien también concederá amparos para que una parte obtenga su libertad, pero otros recibirán sentencia favorable a efecto de que se reponga el procedimiento y éste se lleve a cabo conforme a la ley.
Los funcionarios consultados subrayaron que ningún asesino confeso obtendrá su libertad con las sentencias que emita la SCJN; serán favorecidos para que su proceso tome en cuenta no sólo la confesión sino otros elementos de culpabilidad que aporte en su momento la autoridad correspondiente.
La sentencia aprobada por la primera sala, precisa que en el caso de Lorenzo Pérez Vázquez y Javier Vázquez Luna –asesinos confesos–, los procesos que se les siguen deberán respetar el principio de non reformateo in peius, es decir, la nueva resolución no puede imponer una condena mayor a la que ya se fijó previamente, por ser “un principio fundamental de justicia”.
El juez de la causa deberá dictar una nueva sentencia “usando los elementos de convicción lícitos que hayan sobrevivido a la revisión efectuada por la Suprema Corte”, es decir, que no deberán ser tomadas en cuenta las pruebas ya declaradas ilícitas por el máximo tribunal.
Para la SCJN, las pruebas lícitas que podrán ser usadas en contra de los sujetos referidos son las obtenidas “con respeto irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento: respetando los límites a los actos de molestia, garantizando a los indiciados el derecho a objetarlas, etcétera”.
Sobre el controvertido álbum fotográfico que fue utilizado en su momento por la PGR, para que un testigo “ubicara y señalara” a presuntos responsables, la Suprema Corte determinó que este documento no podrá ser usado en contra de los acusados, como tampoco se le asignará valor de testimonio “a las copias certificadas de las declaraciones hechas en la averiguación previa por los condenados”.
El juez de la causa tendrá que “revaluar” la responsabilidad penal de los quejosos y en caso de encontrar que éstos son responsables, deberá condenarlos bajo la figura de “responsabilidad correspectiva y no de autoría”, porque el concurso de delitos presentado por la PGR “no quedó demostrado”.
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Milenio/ Política/ 18 agosto 2009
Plantea Larios el despido de altos funcionarios
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, se manifestó por el despido de altos funcionarios públicos y por la suspensión de las prestaciones laborales “injustas”, para reducir así los gastos del gobierno federal y superar la crisis de las finanzas públicas.
Recomendó, en ese sentido, revisar el gasto en seguros médicos y de retiro para mandos medios y superiores, cuyo costo al erario representa 10 mil millones de pesos este año.
El líder de la bancada panista insistió por ello en “reducir la plantilla laboral del gobierno” y en eliminar “cualquier prestación que no sea indispensable o que no sea justa”, sin que ello implique violar los derechos laborales de la burocracia.
Precisó que el despido de personal apuntaría en cualquier caso a los altos funcionarios y no a los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno federal.
Por separado, el perredista Pablo Trejo exigió también al gobierno de Felipe Calderón “apretarse el cinturón” y cancelar los privilegios de los altos funcionarios con ingresos hasta de 343 mil pesos mensuales y 15 prestaciones diversas.
Subrayó que entre las prestaciones de los mandos medios y superiores destacan el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de gastos para el cuidado de los ojos, el estímulo por jubilación, el estímulo por antigüedad, gastos de alimentación, boletos de avión y una prima especial por trabajar “en exceso”.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados sostuvo que no hay alternativa en la actual coyuntura.
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Plantea Larios el despido de altos funcionarios
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, se manifestó por el despido de altos funcionarios públicos y por la suspensión de las prestaciones laborales “injustas”, para reducir así los gastos del gobierno federal y superar la crisis de las finanzas públicas.
Recomendó, en ese sentido, revisar el gasto en seguros médicos y de retiro para mandos medios y superiores, cuyo costo al erario representa 10 mil millones de pesos este año.
El líder de la bancada panista insistió por ello en “reducir la plantilla laboral del gobierno” y en eliminar “cualquier prestación que no sea indispensable o que no sea justa”, sin que ello implique violar los derechos laborales de la burocracia.
Precisó que el despido de personal apuntaría en cualquier caso a los altos funcionarios y no a los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno federal.
Por separado, el perredista Pablo Trejo exigió también al gobierno de Felipe Calderón “apretarse el cinturón” y cancelar los privilegios de los altos funcionarios con ingresos hasta de 343 mil pesos mensuales y 15 prestaciones diversas.
Subrayó que entre las prestaciones de los mandos medios y superiores destacan el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de gastos para el cuidado de los ojos, el estímulo por jubilación, el estímulo por antigüedad, gastos de alimentación, boletos de avión y una prima especial por trabajar “en exceso”.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados sostuvo que no hay alternativa en la actual coyuntura.
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El Universal / México / 18 agosto 2009
El modelo económico, agotado; urge un pacto fiscal: Muñoz Ledo
El diputado federal electo por el PT Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la política económica del presidente Felipe Calderón Hinojosa, basada en neoliberalismo, está agotada.
Ante la situación, Muñoz Ledo mencionó que el Frente Progresista Legislativo (PRD, PT y Convergencia) en la Cámara de Diputados, impulsará una reforma fiscal, que modifique el sistema recaudatorio y que termine con privilegios arancelarios para grandes empresas.
El futuro legislador federal dijo que México necesita un pacto fiscal para poder sobrevivir, porque el país esta “quebrado”.
Subrayó que los legisladores de su partido verán que en el próximo Presupuesto se garanticen recursos económicos para el desarrollo de infraestructura en los estados y municipios; así como mayores recursos para fortalecer el gasto social.
Adelantó que no apoyarán ninguna alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos o medicinas, porque ese no es un gravamen federal sino un castigo al consumo, que tiene que ver más con la regulación de la inflación.
Gobierno guarda recursos, señala
Sobre los recortes en el Presupuesto anunciados por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por 50 mil millones de pesos, Muñoz Ledo advirtió que es falso que no haya dinero en las arcas del Estado.
“Se sigue camino equivocado”
El legislador electo indicó que el gobierno federal ha seguido el camino equivocado: “Tenemos un aumento de los precios de los productos que México importa; una baja en las remesas; la reducción del volumen y exportación del petróleo, un colapso en el sector turístico.
Muñoz Ledo expuso que México depende de las divisas del narcotráfico, cuyo su capital asciende a unos 30 mil millones de dólares.
El diputado federal electo por el PT Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la política económica del presidente Felipe Calderón Hinojosa, basada en neoliberalismo, está agotada.
Ante la situación, Muñoz Ledo mencionó que el Frente Progresista Legislativo (PRD, PT y Convergencia) en la Cámara de Diputados, impulsará una reforma fiscal, que modifique el sistema recaudatorio y que termine con privilegios arancelarios para grandes empresas.
El futuro legislador federal dijo que México necesita un pacto fiscal para poder sobrevivir, porque el país esta “quebrado”.
Subrayó que los legisladores de su partido verán que en el próximo Presupuesto se garanticen recursos económicos para el desarrollo de infraestructura en los estados y municipios; así como mayores recursos para fortalecer el gasto social.
Adelantó que no apoyarán ninguna alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos o medicinas, porque ese no es un gravamen federal sino un castigo al consumo, que tiene que ver más con la regulación de la inflación.
Gobierno guarda recursos, señala
Sobre los recortes en el Presupuesto anunciados por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por 50 mil millones de pesos, Muñoz Ledo advirtió que es falso que no haya dinero en las arcas del Estado.
“Se sigue camino equivocado”
El legislador electo indicó que el gobierno federal ha seguido el camino equivocado: “Tenemos un aumento de los precios de los productos que México importa; una baja en las remesas; la reducción del volumen y exportación del petróleo, un colapso en el sector turístico.
Muñoz Ledo expuso que México depende de las divisas del narcotráfico, cuyo su capital asciende a unos 30 mil millones de dólares.
