El titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, acuso hoy directamente a la Procuraduría General de la República por desacatar “sistemáticamente” la mayoría de los pedimentos de información que se le han hecho.
Urge, dijo, reedefinir los términos en que el Ministerio Público va a someterse al escrutinio público, ese es uno de los grandes temas pendientes en la agenda de la transparencia.
Este es uno de los grandes temas de litigio que tiene actualmente el IFAI con la PGR. Tenemos la esperanza de que el desacato sistemático de la esta dependencia en relación con averiguaciones previas concluidas encuentre un punto de “inflexión” en la oportunidad que nos ofrece la reforma al artículo sexto constitucional y la reforma a la Ley Federal de Transparencia.
P.- ¿Si hay un desacato sistemático?
R.- Si, si hay un desacato sistemático. Sistemáticamente, las resoluciones del IFAI son llevadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la esperanza vana, a mi juicio, de que dicho tribunal se asuma competente y se convierta en revisor de las decisiones que son definitivas y inacatables del pleno del IFAI.
Lujambio recordó que ya en una ocasión por siete votos a favor y uno en contra la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó su incompetencia para conocer de los asuntos que tienen que ver con la transparencia porque ha reconocido la naturaleza jurídica del IFAI, la naturaleza definitiva e inacatable de sus decisiones.
Sin embargo, advirtió, “La PGR insiste e insiste y se acumulan y se acumulan las decisiones del IFAI que no son acatadas por la PGR”.
Debo decir, añadió, en descargo de la Administración Pública Federal que son 236 instituciones obligadas por la ley, solamente la PGR ha decidido prácticamente apartarse de la autoridad legítima y plenamente legal del IFAI.
Esto nos preocupa mucho, advirtió, “esperamos que esta sensibilidad pueda ser transmitida a los señores legisladores para que tomen cartas en el asunto en la próxima reforma legal por qué la PGR simplemente desconoce y no acata lo que el IFAI le mandata, y acude al Tribunal de Justicia Administrativa para intentar que éste revise la legalidad de nuestras decisiones pese a que el Tribunal y la dijo que es incompetente para decidirlo.
El boletín de opinión contiene en esta ocasión dos artículos de nuestros colaboradores regulares, Brando Flores y Viridiana Cadena relacionados con dos temas que han generado amplios debates: sobre el derecho a decidir y sobre las alianzas políticas del PAN y el PRD. Con las propuestas de reforma política ya presentadas en la Cámara de Senadores tanto por el PRI como por la alinza de izquierdas DIA, los debates y las se han orientado a comparar ambas propuestas con la enviada por el Ejecutivo federal. Resalta que en pocos casos hay coincidencias entre las tres propuestas aunque es más frecuente el caso de propuestas que parecen contar con el apoyo de al menos dos de las tres principales fuerzas políticas.Se dice en consecuencia que de esta manera sería relativamente pasar las propuestas en las cuales las tres fuerzas convergen y aquellas en las que el PRI y el PAN lo hacen. Pero el tema de fondo es cuál es la coalición política que estará de acuerdo en presentar y cuándo una propuesta integrada para votación del pleno del Senado. Dicho de otra manera en qué momento se dará esa conformación de una mayoría que pueda aprobar un determinado paquete de reforma política. ¿Será antes o después de la mayoría de las elecciones estatales en julio?¿A partir de cuáles acuerdos?
Argumentos para defenderse del fundamentalismo católico
Ciudadano Brando
La jerarquía católica se ha distinguido por manejar con habilidad la opacidad e incongruencia en sus acciones, no obstante ha levantado el dedo flamígero para señalar a aquell@s personas que desde su peculiar visión, se encuentran fuera de la gracia, y las mujeres que optan por la interrupción legal del embarazo, han sido uno de los grupos más atacados públicamente.
Buena parte de los argumentos en torno al debate de la vida que ha generado el clero y que le han hecho creer a quienes profesan el catolicismo y a la población con mayor exposición a medios tradicionales, descansa sobre bases más endebles de lo que pensamos.
Nada mejor que combatir un argumento de esa índole con información originada en el seno mismo de la institución, lo cual no sólo contrasta sino que en materia de derecho religioso (canónico) carece de fundamentos y se ha difundido a través de amenazas veladas y el miedo que propicia la desinformación.
La vida se genera desde el momento de la concepción. Un dato que desconoce la gran mayoría de los feligreses católicos (que es entre el 80 y 85% de la población en México), es que sólo existen dos Dogmas decretados por la jerarquía, ambos ligados a la Virgen María y ninguno de ellos tiene que ver con el argumento de la vida creada al momento de lo que llaman mañosamente “concepción” y que en términos científicos debe ser expresado como fecundación. Un Dogma de Fe es para la religión católica una verdad irrefutable, un hecho que no deja lugar a dudas y respecto al aborto aún no se ha consensuado un punto de vista. Cada Papa imprime su visión durante su servicio, no obstante no quiere decir que se acaten de manera unánime sus decisiones.
Dicen que Juan Pablo II estuvo a punto de decretarlo como Dogma y se desató tremendo zafarrancho en el Vaticano, #dicen.
El catolicismo-cristianismo siempre ha combatido el aborto. Frente a las longevas religiones judeo-cristianas, la percepción del aborto ha ido cambiando a los largo de la historia occidental, en sus primeras etapas era aceptado, no siempre ha sido motivo de persecución e incluso, sólo hasta mediados del siglo XVIII comenzó a ser visto como parte de un debate moral. En el cristianismo temprano (siglos I a VI d.C.) el aborto y la anticoncepción eran prácticas comunes y no penalizadas en el imperio romano (Noonan, John T.). Durante la edad media (siglo VI al XV d.C.) el aborto no era considerado como homicidio ni se contaba entre los pecados más graves. Para la era premoderna (siglo XV a 1750) San Alfonso Liguori (1696-1787) concordaba con la práctica del aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres.
La Hominización Tardía fue una teoría aceptada por la jerarquía católica que perduró durante muchos siglos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino escribieron sobre ella y la impulsaron. Consiste en la creencia de que el alma humana se depositaba en el feto hasta después de 40 días de formado en el caso de los hombres y 80 días en el caso de las mujeres.
La posición moral de la iglesia es única. Nada más falso de asegurar en una población como la mexicana donde el manejo de la doble moral es cosa cotidiana. Aunque en México la monolítica rigidez moral se intente implantar a fuerza de excomuniones la incongruencia de sus líderes religiosos siempre ha pesado más. Ahora España se une a la ola de incongruencias respecto al tema: ¿Por qué un Rey que firma la Ley de Aborto Libre se salva de la excomunión y el resto del pueblo no?, ¿no es predica del catolicismo que todos somos iguales a los ojos de Dios?, el pecado es el mismo, la sangre real o plebeya pecaría por igual o ¿en dónde me perdí?
Si no fuera suficiente este argumento, uno que en el papel emana del puño y letra de la propia jerarquía se llama Principio Cardinal del Probabilismo. Esta teoría dice que una obligación moral sobre la cual hay dudas no puede imponerse como cierta, otorga el derecho a disentir sobre las enseñanzas eclesiásticas y debería ser utilizado con más frecuencia como base de una corriente de pluralismo católico.
Estos son sólo algunas de las incongruencias y disparates que en nombre de una religión y a favor de un grupo muy pequeño se han predicado en voz alta durante décadas en nuestro país. Al final cada quien se forma su propio juicio, católicos o no católicos todos han pasado o conocen a alguien en esa situación y es más común de lo que se piensa optar por la interrupción legal del embarazo. En todo caso la iglesia católica como comunidad organizada debería ser más cuidadosa con la información que la cúpula religiosa le ordena aceptar como verdades incuestionables.
Toda la información recabada en el texto se obtuvo de documentos informativos y especializados de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
¿Hay elección en estas elecciones?
Viridiana Cadena
En el México de hoy se viven muchos conflictos, vemos las posturas de las “diferentes” fuerzas políticas del país acerca de temas que hoy atraen la atención; las bodas entre personas del mismo sexo, a la penalización del aborto en el país, la reforma política o las alianzas entre la izquierda y la derecha en las gubernaturas de Durango, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
Nos enfocaremos a este último, las alianzas que se dieron entre el PAN y la izquierda (PT, PRD y Convergencia). Según el argumento para esta impensable unión de fuerzas fue el evitar que se dieran gobiernos “autoritarios” como el de Mario Marín y Ulises Ruíz, por lo que ésta unión resultaría benéfica para el país ya que se tendría un avance significativo en lo político, económico y social, quitando la tutela que ha tenido durante años el PRI en estas entidades.
Recordemos que hoy por hoy las gubernaturas son la columna vertebral que le brindan poder al PRI, tras perder la presidencia (la cuál era su bastión anterior), se concretó a recuperar las gubernaturas del país y a conservar las que ya tenía, siendo esta, pues, la estrategia que crearía en suma una contienda más sólida para el PRI en las próximas elecciones federales.
Al PRI no se le ve ni por donde se le pueda “pegar” en este 2012, la última experiencia en materia electoral lo indica con claridad, el PRI recupero gran parte del país en las elecciones locales del año pasado, la ciudadanía le dio de nueva cuenta su voto de confianza tras las elecciones.
Esta medida tomada entre Izquierda y Derecha en nuestro país se nota como una estrategia desesperada de los actores políticos y que si bien no es la mejor, si es la que de funcionarles, les dará una forma de meterse a la carrera por la presidencia en el 2012.
Sin embargo hay que preguntarse: ¿y los ciudadanos?, ¿qué opciones nos dejan a nosotros a la hora de votar? En las pasadas elecciones locales de 2009, se suscitó un fenómeno: el voto nulo, el cual demandaba a las distintas fuerzas políticas del país que ofrecieran verdaderas opciones a la hora de asistir a la urna, las plataformas de los partidos eran muy similares y se tenía una crisis de representatividad (aún existente).
En ese 2009 tuvimos estrategias “brillantes” como la del PVEM, que vista desde el ámbito publicitario hay que darle nuestro voto de confianza, pero en el enfoque político no ofrecía soluciones estructurales al problema de educación y salud que aqueja a nuestro país. El voto nulo fue un voto de hartazgo del pueblo hacia la “clase política”, fue una forma de exigir rendición de cuentas, participación democrática y verdaderas opciones para no terminar votando como diría Woldenberg “por el menos peor”.
Hoy nos vemos amenazados de nueva cuenta por “la tiranía de la oferta”, pues la arena política te brinda dos grandes opciones: o votas con el que se hace llamar centro-izquierda o con la nueva mescolanza izquierda-derecha, suena crudo, pero así lo van a sufrir algunos estados en éstas elecciones.
Se antepondrá el juego de intereses, y en lugar de sanar las demandas que surgieron en julio de 2009, estamos retrocediendo, pues si bien, antes las diferentes fuerzas no ofrecían opciones acorde a su ideología política, en donde tuvieran cabida las necesidades (en lo general) de la ciudadanía, ahora ya ni siquiera se vislumbran las diferentes ideologías, no se ve un real sistema de partidos que se preocupe por ser incluyente con los votantes.
¿Qué más nos falta en México? Si aquí se puede mezclar el agua con el aceite. Hay que cuestionar la actividad civil, por qué los próximos electores no han manifestado su inconformidad o su acuerdo o ¿será que la política ya les da lo mismo?.
Entonces a todo esto, ¿hay elecciones estas elecciones?.
El reformón de Beltrones
Adolfo Sánchez Rebolledo
Frente a la propuesta de reforma política enviada por el gobierno panista se han suscitado distintas reacciones críticas, algunas muy críticas. Y justificadas, añadiría, aunque les pese a los aplaudidores profesionales. Pues, bien, ahora toca el turno a los grupos parlamentarios de los partidos mayoritarios de la oposición ofrecer su visión que, a primera vista y en muchos aspectos, confirman o complementan la iniciativa presidencial.
Más ordenada y sistemática, menos pensada para satisfacer necesidades ad hominen que la de Calderón, la iniciativa presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones corrige y acota los alcances posibles de la reforma, la cual, ya está claro, bajo ninguna de sus formulaciones implicará la radical transformación del régimen político, sino su puntual adaptación a las nuevas circunstancias del país, dejando para el futuro el debate de fondo sobre la naturaleza del Estado, las instituciones políticas y el régimen que México necesitará para afrontar las realidades del siglo en curso.
Una rápida aproximación al texto beltroniano permite reconocer varias coincidencias, si bien matizadas, comenzando por la polémica reelección de los legisladores, de la que excluyen a los presidentes municipales. La razón argüida es “extralegal”, al margen de la “ingeniería” mediante la cual se diseñan los demás cambios.
En realidad, la negativa a convertir al municipio en la célula madre de la reforma (como debiera ser) es indicativa de la clase de disyuntivas a las cuales ninguna modificación legal escapa. Si bien es el municipio el verdadero laboratorio donde ha de procesarse la relación política/ciudadanos, los autores de la iniciativa admiten que, justo en ese escenario, la reelección no sería conveniente como medio de control y transparencia, dado el poder disolvente e incontrolable de los recursos “sucios” que estarían en juego, aunque no se dice nada de los llamados “poderes fácticos” legales –económicos o políticos– que actúan en cada localidad al margen o en contra de la cadena institucional y ya han pervertido la competencia electoral democrática.
Resulta una verdadera lástima que ese peliagudo problema no aparezca con claridad, cuando, en efecto, se trata de discutir cómo transformar al Estado para fortalecerlo y no, como se deduce, de buscar veredas alternas que lo hagan un poco más “gobernable”. Es lamentable que en este debate, como en muchos otros de gran importancia –la definición de la laicidad del Estado, por ejemplo–, el gobierno actúa a partir de sus prisas, es decir, empujado por la coyuntura sin proponerse la urgencia de reinventar una nueva razón de Estado democrática y social.
Asimismo, también quedan fuera de la propuesta priísta –y escribo a vuela máquina leyendo las informaciones de la prensa, no la iniciativa– las candidaturas independientes que son, en cierto modo, el señuelo de toda la iniciativa presidencial, el eje del discurso “ciudadano” que Felipe Calderón ha decidido levantar para remozar, así sea demagógicamente, la pobre oferta electoral ofrecida por su partido.
Ojalá y en este punto, y ante la falta de una discusión de fondo en torno a una “ley de partidos” que garantice el pluralismo, la deliberación ayude a fortalecer las libertades políticas, sin fabricar híbridos que al final terminarán por erosionar la transparencia de la vida pública.
A estas alturas, es impensable una reforma política que no asuma el papel crucial de los medios, ya no sólo como vehículos de los mensajes partidistas, sino como centros promotores y difusores de valores, ideología y elementos capitales de la agenda nacional. Confiemos en que los legisladores vuelvan al asunto sin dejarse vencer por el lobby que ya tiene bancada propia en ambas cámaras.
Tampoco reconoce el PRI la segunda vuelta, la cual en el guión calderonista resultaba ser una travesura de políticos jugando a espaldas de la opinión pública, como una puntada propia de escolapios, pero impresentable ante la sociedad.
El rechazo a la fórmula de la segunda vuelta es un freno a las pretensiones bipartidistas que animan, en el fondo y en la superficie, la visión panista y en la que coinciden los grupos que en el tricolor de hecho cogobiernan en materias claves las estrategias que definen el curso general de la política económica. Un capítulo importante de la iniciativa priísta es el reconocimiento pleno de la autonomía del Ministerio Público. En cambio, acepta el PRI reducir el número de legisladores, en la que parece ya una obvia concesión al “consenso” y propone reformas importantes tanto en la ratificación de los secretarios propuesto por el Presidente, introduciendo de alguna manera un elemento de “corresponsabilidad” y “fiscalización” sobre el Ejecutivo. Asimismo, plantea un mecanismo para suplir la Presidencia en caso de ausencia definitiva, vacío que el presidencialismo histórico prefirió no tocar. En fin, una mirada superficial a la propuesta del Revolucionario Institucional denota mayor oficio, seriedad y compromiso. Pero sigue siendo una reforma corta, chata, limitada a satisfacer intereses actuales.
Se dirá, con razón, que los grandes temas nacionales pasan, por otra parte: la reforma fiscal que está en puerta; la necesaria revaloración de los temas de la desigualdad y la pobreza, ahora agravados por la crisis (el dato es brutal: el ingreso por habitante en 2009 cayó en 20 por ciento), lo cual obligaría a una profunda reorientación de las políticas económicas en el contexto de la situación internacional.
Pero es obvio también que la dimensión social no estará en la mesa salvo para imponer la reforma laboral al costo de suprimir en los hechos el ejercicio del derecho de los trabajadores a la defensa de sus intereses históricos y legales. Dicho de otro modo, los temas sociales dependen, sobre todo, de la capacidad de los amplios sectores afectados e interesados en ventilarlos sin desmayo, con claridad y perseverancia mediante la acción concertada de todas las fuerzas que hoy están en peligro o amenazadas por el desempleo o el abandono.
El asunto no es rechazar la reforma política (o cargar toda acción política a la cuenta de la “partidocracia”). El debate ayuda al reforzamiento de las posiciones populares, cuyas exigencias en torno a la revocación del mandato, el referendo o el plebiscito, deberían extenderse hacia la defensa de un “modelo” de organización del Estado que favorezca la mayor representación con la mayor representatividad, la fiscalización ciudadana, entre otras formas de consulta popular.
Acompañar las propuestas con el calificativo “ciudadano” no las hace mejores. Es un error creer que la línea divisoria es la que pasa entre partidos y ciudadanos, elude la política. Ésta es necesaria para dirigir al Estado, para combatirlo. Y a esa máxima se atiene el PRI.
LA PROPUESTA DEL PRI
José Woldenberg
Los senadores del PRI han puesto sobre la mesa su propuesta de reforma política. Existen algunos puntos convergentes con la del presidente, varias divergencias y algunas novedades. Esta es mi reacción al bote pronto.
1. Suplencia en caso de falta o incapacidad absoluta del Presidente. Se propone que el Secretario el Gobernación se encargue del despacho mientras el Congreso se pone de acuerdo para nombrar al presidente interino o substituto según sea el caso. Parece pertinente, porque un Congreso plural, sin mayoría de ningún partido, podría dilatarse demasiado en realizar un nombramiento a todas luces estratégico. (En la iniciativa se plantea y supone que ese secretario de Gobernación ha sido ratificado con anterioridad por el Senado, pero eso es harina de otro costal).
2. Ratificación del gabinete. Se propone que los miembros del gabinete (salvo los secretarios de Defensa y Marina) así como los titulares de PEMEX, CFE, Comisión Nacional del Agua y los de varias comisiones (COFETEL, COFECO) y otras dependencias sean ratificados por el Senado. El Presidente mandará una propuesta para cada cargo y el Senado tendrá 30 días para decidir. Si uno o varios no son aceptados, el Presidente tendrá que mandar otros candidatos y si éstos también son rechazados, entonces podrá nombrarlos directamente. En cualquier momento el Presidente podrá removerlos.
Se trata de un tema mayor y espinoso. La iniciativa se presenta como una fórmula tendiente a lograr la colaboración entre poderes. Si el presidente y su partido no tienen mayoría de votos en el Senado se verán obligados a negociar con uno o más de los grupos parlamentarios la conformación del gabinete. Esa es la hipótesis optimista. La pesimista es que el Presidente se convierta en una especie de rehén de esa misma Cámara. ¿No sería entonces pertinente abrir el campo de visión y entrar en serio a la remodelación del régimen de gobierno? En la fórmula parlamentaria primero se requiere contar con la mayoría (a través del voto o de negociaciones en el Congreso) y es esa la que nombra al gobierno; en el régimen presidencial el gobierno puede no contar con un respaldo mayoritario en el Congreso, lo que supone dificultades para que logre que sus iniciativas prosperen en el circuito parlamentario. ¿No sería mejor entonces subir la vara y establecer un régimen parlamentario en dónde las fuerzas que vayan a co-gobernar –si es el caso- no sólo acuerden el gabinete sino el programa de gobierno y el legislativo?
3. Reelección consecutiva de legisladores federales y locales. Coincide con la propuesta presidencial, sólo que el PRI acepta hasta 9 años para los diputados (no 12) y dos períodos para los senadores (idéntica a la del Ejecutivo). Eso ayudaría a profesionalizar a nuestro Poder Legislativo.
4. Reducción del número de integrantes de las Cámaras. De 500 a 400 tratándose de diputados y de 128 a 96 los Senadores (en ese renglón son idénticas a las del Presidente). Pero la del PRI pretende pasar de 200 a 100 los plurinominales, mientras la del Presidente mantiene el mismo equilibrio entre diputados uni y plurinominales (240 y 160). Es mejor la presidencial porque logra una menor distorsión entre votos y escaños. En relación al Senado ambas suprimen los plurinominales y proponen elegir tres senadores por entidad: el PRI con la misma fórmula actual (dos para la mayoría y uno para la primera minoría) y el Ejecutivo con una más versátil que permite que eventualmente, dependiendo de los votos, tres partidos tengan senadores en un mismo estado. En términos de representatividad es mejor la presidencial. ¿Pero por qué no optar de manera clara por un sistema de representación proporcional estricto por entidad? Los estados contienen una determinada pluralidad que debe estar presente en el Senado dependiendo solamente de los votos (escenarios posibles: 3-0, 2-1 o 1-1-1).
5. Fomento del trabajo de las comisiones legislativas. Se les descontará de su sueldo a los legisladores las inasistencias a las comisiones y éstas deberán reunirse treinta días antes de la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Quién se puede oponer?
6. Informe presidencial, rendición de cuentas y mecanismos de control parlamentario. El informe se deberá presentar por escrito y el Presidente podrá o no acudir a decir un mensaje. De asistir, se desarrollará un debate con los grupos parlamentarios. El presidente y los secretarios podrán ir al Congreso a presentar sus proyectos de ley y los últimos estarán obligados a presentar dos informes anuales de labores. En cualquiera de las Cámaras se podrán iniciar mociones de censura contra los secretarios de Estado o los titulares de PEMEX, CFE, etc., que pueden llevar a la remoción del cargo si así lo aprueban ambas Cámaras. ¿Esto último llevará a una mayor colaboración o al incremento de las tensiones? Insisto: ¿por qué no pensar en un cambio de régimen dónde lo anterior se anude de manera armónica?
Seguirá –quizá- en la siguiente entrega.
La insurrección en curso
Gustavo Esteva
Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se profundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que busca abortar la insurrección en curso.
El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace un par de años L’insurrection qui vient (Google aporta versiones pobres en español e inglés). Al leer este libro fascinante y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. Estamos en ella.
No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líderes y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gente impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros apelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni menos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá de la explotación económica y del control político o policiaco. Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben llegado el momento de la verdad.
Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el rechazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros ojos y no eludir las consecuencias.” Y es esto, en realidad, lo más difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y enfrentar a pie firme lo que eso significa.
El libro empieza con una provocación que describe muy puntualmente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.”
Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocurriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provocaciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular reacciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permitirían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tarde a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrección.
Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popular espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provocación o de los callejones sin salida a los que se la conduce continuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se ampliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violencia el régimen dominante.
Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy condición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de descomposición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas.
La señora Luz María Dávila, llena de pena, frustración y rabia, habló de frente al presidente Calderón en Ciudad Juárez. No se puede pasar por alto lo que ahí sucedió, ni menos aún lo que representa.
La sociedad juarense está profundamente lastimada y desgastada desde hace mucho tiempo, la historia la sabemos todos y, salvo esfuerzos loables pero insuficientes, se ha volteado la mirada a otras partes, como si a los demás nos fuese ajeno.
La situación de Ciudad Juárez marca un camino ominoso para todo el país: mujeres asesinadas durante años, guerra del narcotráfico, matanzas impunes, militarización. Y la degradación y desasosiego se replica en otras partes, de muy diversas maneras pero, eso sí, notorias. Ninguna puede pensarse como menos mala que otras. Los grados de la violencia no se pueden medir como la temperatura en un termómetro, o la fuerza de un terremoto en el sismógrafo.
Cada hecho de violencia es único para quien la padece. Socialmente es otra cosa, el malestar cala hasta los huesos, la impotencia se acumula y no sabemos cómo se procesa, puede hasta tomar la forma de un cinismo malsano. La violencia y la inseguridad reinantes destruyen los modos más elementales de la armonía social, esa que da más lugar a la variedad y, así, va más allá del concepto de cohesión que hoy está en boga entre políticos, sociólogos y economistas.
La confrontación de la señora Dávila con el presidente muestra la claramente la disonancia que se ha instalado en esta sociedad. Por supuesto que debe haber sido un momento muy difícil para Felipe Calderón como persona y como jefe de Estado. Sentado junto a su esposa y siendo cuestionado sobre cómo se rebelaría él ante un hecho como aquél. Reaccionó como pudo y me parece que en un momento así no hay mucho más que decir, hasta por decencia.
La señora Dávila fue contundente, reclamó respeto y justicia ante su pérdida, y señaló abiertamente la debacle de la existencia en su ciudad. El presidente no podía ser bienvenido por ella; nadie de un séquito oficial como el que le arropa y ante el que ella se impuso podía serlo.
El presidente se equivocó con la familia Dávila, erró con todos nosotros al calificar los homicidios como cosa de pandillas. Ha errado hasta ahora en su estrategia de combate a la violencia, la que brota del narcotráfico, el desempleo, la caída del nivel de vida de las familias, la falta de oportunidades, la corrupción y el autoritarismo.
Yerra al mantener la misma visión de las políticas públicas que no ofrecen ya nada para la mayoría de la gente. Yerra en sus componendas políticas con otros partidos desdibujando cualquier forma de liderazgo efectivo ante una enorme crisis política, económica y ética de la cual parece más una parte que una posible alternativa.
Pero volviendo al terreno personal de un presidente confrontado por quien menos se esperaba, una mujer sola y como la inmensa mayoría de las que hay en el país. Esas mujeres que son las que hacen finalmente la historia, aunque se sigue creyendo que es obra y trabajo de los políticos.
Pero no hay líderes. Hay quienes sólo aprovechan las oportunidades de un sistema político y económico cerrado y protegido y cada vez más caduco y dañino. Aquí no se ofrecen ideas y alternativas, sino que se consiguen prebendas en las cosas públicas, los negocios, los medios de comunicación y hasta en lo que en general es una pobre y sosa práctica intelectual.
El presidente Calderón escuchó sorprendido y lastimado a la señora Dávila, eso era evidente. Al final le aplaudió como en un acto instintivo. Me hubiera gustado que se levantara y con su séquito despidiera con todo respeto a esa mujer. Otra vez es comprensible su reacción. Me hubiera gustado que le respondiera como persona primero y, siempre como político y presidente. Que le dijera que, en efecto: tenía sus manos llenas de sangre de los jóvenes asesinados, de los inocentes muertos en años de violencia que van más allá de su gobierno.
Podría haberle dicho que en estricto sentido él debería renunciar junto con todo su gabinete, pero que no se iba a dejar vencer: que, como dijo Churchill: “Nunca nos vamos a rendir (We shall never surrender)”. Le podía haber dicho de frente, como ella lo hizo, que él es el responsable pues logró llegar donde está. Pero la dejó ir, sola como había llegado: con su bolsa al hombro y cargada con su pena.
Si Kennedy dijo en 1963 que hace dos mil años se jactaban orgullosamente de civis Romanus sum, hoy en el mudo libre esa jactancia es Ich bin ein berliner. Sí, le podría haber dicho a la señora Dávila, y junto a ella a todos, desde Tijuana hasta Tapachula: “Soy un juarense”.
En el discurso que Manuel Gómez Morin pronunció en septiembre de 1939 para trazar el rumbo del partido naciente, adelantaba un retrato de los panistas. A diferencia de Vasconcelos, el fundador de Acción Nacional apostaba por una institución, un órgano permanente de ideas y labores. Quienes tendrían en sus manos la proeza democrática serían hombres entregados al compromiso democrático que no se zambullirían por completo al agua de la política. Así los imaginaba Gómez Morin: "un conjunto de hombres de trabajo que no han hecho, que no harán de la política su ocupación constante, que trabajarán en ella por el sentido de un deber que, aun siendo primordial y preferente, no las exime del cumplimiento de otras obligaciones". Así marcaba el rechazo de la política profesional: para nosotros la política no será "ocupación constante", advertía. Ingresaremos al territorio para cumplir nuestros deberes, pero retornaremos pronto a nuestras labores cotidianas. Gómez Morin hablaba con sus palabras y con su propia vida: la política como distracción sabática, como un paréntesis en la gestión del despacho, una pausa en la administración de la empresa, un veraneo patriótico.
En esos mismos momentos se insinuaba otra veta de la psicología de Acción Nacional: la idea del compromiso político como hidalguía, antes que como responsabilidad pública. El primer orador que tomó la palabra en aquella convención fue el delegado por el estado de Veracruz, Manuel Zamora. El abogado e integrante del Club Rotario de Veracruz tuvo a bien referirse a sus compañeros de causa sin emplear la vulgaridad mexicana del "ustedes". Vosotros os habéis echado una honda labor en vuestros hombros, decía. En buena hora evocaba las glorias de los reyes católicos. Los misioneros del PAN tendrían que purificar el alma mexicana. "Yo recuerdo (...) las palabras aquellas del más escéptico de los poetas, aquel que no creía en muchas cosas y que ante la niña de los ojos azules, como dos estrellas azules, después de afirmar que sí creía en el Padre y en el Hijo, agregaba que también creía en el Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo ha lanzado a la faz de la tierra, un grupo de caballeros que llevan una coraza infranqueable y que van con todas las armas propias para combatir la deslealtad y deshonor, la hipocresía, la concupiscencia, van armados con esas armas capaces de vencer y de destruir a los enemigos del género humano". El Espíritu Santo germinando en México a un grupo de caballeros destinados a combatir la deslealtad y la concupiscencia. Benditos panistas cubiertos por una coraza de nobleza.
En la sala de parto se adelantaban así dos marcas del partido septuagenario: un repudio de convicción al profesionalismo político y la jactancia de hidalguía. Los profesionales de la política son, en principio, sospechosos. Quien se dedica plenamente a la actividad política resulta un dependiente, un siervo del poder, un burócrata. Por ello el panista es un político efímero: entra a la arena política para retornar en cuanto le es posible a su negocio. Su compromiso elude los criterios de la responsabilidad para cobijarse en la heráldica y otros símbolos de señorío. No lo atan las consecuencias de sus actos, sino el aparentar de la decencia.
Esas dos cuerdas pueden percibirse en la renuncia del secretario de Gobernación a su partido. Su despedida del PAN es, desde este ángulo, el acto de mayor coherencia panista: la soberbia irresponsabilidad del hidalgo. Ya había advertido en una entrevista radiofónica con León Krauze que él no era un político profesional. Lo decía orgullosamente. Su labor al frente del ministerio del interior era una digresión biográfica: "Yo sé bien que este es un episodio de mi vida en el cual me siento afortunado de acompañar al Presidente y amigo en una tarea de trasformación del país. Pero no soy un político profesional y no lo voy a ser". Su dimisión al PAN en uno de los momentos más delicados de la administración del presidente Calderón es una muestra de gravísima irresponsabilidad política que apenas sirve para alimentar una vanidad. Emblemática la defensa y el defensor que encontró la estocada. Diego Fernández de Cevallos salió al auxilio: Gómez Mont "no estuvo dispuesto a perder la vergüenza, la dignidad y el sentido del honor".
El penalista se había empeñado en dignificar la política. Defendió con inteligencia y convicción la reforma política porque prestigiaría el oficio. Lamentablemente, su mensaje final al PAN abona al desdoro de la política: alimento al chisme, la especulación y el rumor. Su paso por Gobernación tampoco habrá ayudado al crédito de la acción política: conquistando mediocridades, exhibió que el gobierno al que (todavía) sirve negocia la estrategia electoral de su partido. Si la errática conducción del presidente Calderón le resultaba inadmisible, al gobierno y no a su partido debió dirigir su despedida. El hidalgo regresará pronto a lo suyo.
En días recientes, Felipe Calderón ha logrado algo sorprendente: aparecer simultáneamente como un mentiroso, un incompetente, o un hombre deshonroso en cuya palabra no es posible confiar. Mentiroso, si es que sabía lo que su secretario de Gobernación negociaba con el PRI, aún cuando su subalterno lo niega. Incompetente, si es que no estaba al tanto de algo tan importante y ahora mantiene a Fernando Gómez Mont a pesar de haber actuado al margen de la voluntad presidencial. Deshonroso, si es que armó un acuerdo con los priistas y ahora lo rompe. En los tres casos queda mal. Pero lo que se ha perdido de vista detrás de la falta de operación política de Los Pinos, de la Secretaría de Gobernación y del PAN es un hecho insoslayable y más grave: el tipo de pacto que el PRI propuso y que Fernando Gómez Mont avaló.
Ése es el escándalo más grande. Ése es es el acto más condenable. Ése es el proceder que huele a podrido y que mantiene a México anclado en la mediocridad permanente. El PRI propone apoyar el presupuesto a cambio de que el PAN no vaya en alianza con el PRD en las próximas elecciones. El PRI acepta aumentar el gravamen a los contribuyentes a cambio de dejar intacta su estructura en Oaxaca, y el PAN acepta la transacción. En pocas palabras, impuestos a cambio de impunidad. Impuestos a cambio de cacicazgos. La anuencia fiscal del PRI canjeada por la abstinencia electoral del PAN. Exprimir aún más a la población a cambio de permitir que camarillas como la de Ulises Ruiz continúen gobernándola de manera autoritaria en los estados. Asegurar el financiamiento para los gobernadores a cambio de coartar la competencia en contra de sus delfines designados. El PRI negoció -en lo oscurito- un pacto perverso y Gómez Mont lo suscribió con el beneplácito de su jefe, porque de no ser así ya lo hubieran despedido por deslealtad.
Dentro de todas las versiones contradictorias que se han vertido y todas las explicaciones abigarradas que se han dado, sobresale algo que nadie puede negar: el pacto se dio y en esos términos. Gómez Mont lo admite: "Constantemente fuimos buscando acuerdos entre las fuerzas políticas a fin de posibilitar una alineación parlamentaria para posibilitar la aprobación del paquete financiero". Peña Nieto lo subraya: "Fue un acuerdo general entre los partidos y, bueno, hoy vemos después de pasar el tiempo pareciera que hubo omisión". Francisco Rojas lo sugiere: "Había que vigilar la equidad de la contienda" y que no se "distorsionara la competencia". Unos y otros reconociendo una negociación escandalosa que en México parece normal, pero que en una democracia funcional sería impermisible.
Porque el acuerdo buscado constituye una acción claramente antidemocrática. Revela que las decisiones de política pública no se toman con base en sus méritos técnicos, sino en función de criterios electorales cortoplacistas; que las preferencias de los electores en estados como Oaxaca pueden ser ignoradas o utilizadas como moneda de cambio en cualquier negociación cupular; que Felipe Calderón estaba dispuesto a intercambiar la permanencia del PRI a cambio de una bolsa de dinero o de la "gobernabilidad", construida a base de chantajes.
Y llevamos 10 años de pactos de este tipo; pactos PRI-PAN negociados de espaldas a la opinión pública que le han permitido a los panistas gobernar al país, pero sin poder transformarlo verdaderamente. Al ir de la mano con los artífices del pasado, Vicente Fox y Felipe Calderón han promovido su resurrección. Al decirle al PRI que cualquier cosa es negociable, el PAN ha acabado cediéndolo todo. Al sucumbir -una y otra vez- a la presión de Pritramposaurios como Ulises Ruiz, el PAN ha acabado acorralado por ellos. Como botón de muestra basta lo que Gómez Mont estuvo dispuesto a negociar sin ruborizarse siquiera: la rendición adelantada de su partido en la siguiente temporada electoral. Ahora, por fin, parece que el pacto detrás de la Pax Prianista se ha roto y enhorabuena. Las alianzas PAN-PRD sugieren que Felipe Calderón no va simplemente a regresarle la banda presidencial al PRI, o entregar la plaza sin dar la pelea por su conservación.
Y para quienes critican este viraje estratégico, lamentando que producirá la parálisis legislativa, la falta de gobernabilidad, la ausencia de reformas, la "ventanilla cerrada" ante las propuestas presidenciales, basta con recordar algo crucial. En alianza con el Partido Verde, el PRI es mayoría en el Congreso. Y aún así, ¿dónde está la reforma fiscal profunda? ¿La reforma política integral? ¿La reforma laboral modernizadora? ¿La reforma energética competitiva? ¿La reforma a la Ley de Medios y a la Ley de Competencia Económica? Si el PRI quisiera, podría elaborar, proponer, negociar y aprobar reformas de largo alcance. Pero no lo hace ni lo hará, debido al tipo de intereses monopólicos que defiende, al tipo de pactos corporativos que mantiene, al tipo de políticos malolientes que apuntala. El PAN se ha equivocado al negociar pactos que huelen a podrido, pero no olvidemos que el PRI es responsable de su mal olor.
“No te vamos a sacar del partido, tú sola te vas a acabar yendo por lo mal que te vas a sentir”. Así le respondieron desde la dirigencia de su partido a Lía Limón cuando decidió no firmar la acción de inconstitucionalidad que quería promover la bancada panista de la Asamblea Legislativa en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los rumores de su expulsión eran fuertes y Lía quiso saber cuál era la intención de su partido luego de que la sacaran de la Comisión de Vigilancia de la cual era secretaria. La respuesta fue contundente.
A Manuel Clouthier le están pidiendo que devuelva la curul que ocupa en la Cámara de Diputados o deje a su suplente por haber dicho que la guerra del gobierno contra el narcotráfico no se siente en Sinaloa. El PAN desautorizó sus declaraciones y lo acusó de causar perjuicio a los intereses del partido. En el caso de Gómez Mont ya sabemos que ni él ni su oposición a las alianzas encontraron espacio dentro de su partido.
¿Qué le pasó al PAN? Era un partido con una vida interna intensa y rica donde se podía disentir sin ser acusado de traidor. Pero eso era antes, ahora es un partido monolítico y disciplinado que según el tema obedece al Presidente o a la Iglesia y a El Yunque. Las pruebas están a la vista de todos: sus dos últimos dirigentes nacionales, Germán Martínez y César Nava, cercanísimos a Felipe Calderón, llegaron como candidatos de unidad, nadie en el partido estuvo dispuesto a competir contra ellos. Y las decisiones importantes se toman por unanimidad, recientemente el Comité Ejecutivo Nacional votó 40 contra 0 a favor de las alianzas con el PRD.
¿Qué le pasó al PAN? El PAN, nos gustará o no su ideología, era un auténtico partido con elecciones internas competidas y convenciones ordenadas pero apasionadas. Las diferencias internas eran públicas y los debates transparentes. Pero al PAN el poder le sentó muy mal. Sobrevivió a duras penas al gobierno de Vicente Fox pero es ahora que se le ve cada vez más intolerante y agónico. La explicación está en la relación con el gobierno, hoy el PAN es un apéndice del Poder Ejecutivo y el rol de sus militantes ya no es disentir y debatir sino apoyar y festejar.
“¿Qué importa lo que le pase al PAN? ¡Que se preocupen ellos!”, podría ser la respuesta de muchos y, sin embargo, es un indicio más que se suma a otros como el desmembramiento del PRD, la indefinición del PRI, la incertidumbre sobre las reglas electorales, y que nos confronta con un escenario en el que perdemos y no ganamos espacios. Es la democracia lo que está en juego.
Raymundo Riva PalacioPeriodista, analista y escritor
Riva Palacio opina que el Gobierno deFelipe Calderónha fracasado en reemplazar estructuras policiales locales al servicio delnarcotráfico.
El Gobierno de Felipe Calderón propone un plan para el “rescate social” de Ciudad Juárez. ¿Qué piensa de la iniciativa?
La estrategia para el rescate de Juárez me parece una demagogia total y una demostración de la incapacidad del presidente Calderón para ejecutar sus planes. La estrategia integral para el combate a la delincuencia organizada fue presentada en marzo del 2007. “De ese plan, lo único que se ha cumplido, sin entrar en el análisis si ha sido bueno o malo, es la parte policial. Quedó sin hacerse nada de lo planteado en cuanto a la parte financiera –el lavado de dinero–, y menos aún todo aquello que iba por el rescate de la sociedad.
“En esos términos, es un fracaso rotundo lo que ha hecho el gobierno. Juárez es, sobretodo, la demostración de ese fracaso. La matanza de Juárez (15 jóvenes fueron asesinados el 31 de enero en una fiesta) no es la primera de su tipo. En agosto del 2008 hubo una matanza en la ciudad de Creel, en Chihuahua, donde sicarios del Cartel de Sinaloa asesinaron a 14 personas, incluido un bebé de meses. La reacción nacional duró días y los gobiernos no hicieron nada”.
¿Son los indicadores sociales de Ciudad Juárez el caldo de cultivo para la prosperidad del crimen organizado?
(Riva Palacio remite aquí a una columna que escribió para el diario El País , de España, en la que habla del drama de los jóvenes juarenses). Poco más de 7.000 mexicanos, de los 11.000 caídos en esta guerra civil, están entre los 16 y 35 años. ¿Dónde están las reservas de gatilleros de las bandas criminales y de dónde consiguen a tantos jóvenes dispuestos a cambiar sus vidas por dinero?
La respuesta apunta hacia los ni-nis el grupo social que ni tiene acceso a la educación ni tiene trabajo. Marginados, viven en la incertidumbre y la apatía.
¿Por qué muere en esa guerra gente que al parecer no tiene nada que ver con el narcotráfico o las bandas, como, por ejemplo, los 15 adolescentes asesinados el 31?
Desde hace tres años, por decisión unilateral del presidente Calderón, nos metimos en una guerra contra el narcotráfico. Es una guerra que la sociedad no ha querido admitir que existe. No es algo que hubiéramos querido, ni es algo que Calderón dijo en su campaña que haría. Pero esto no quiere decir que podemos abstraernos de ella. Esas muertes se llaman “daños colaterales”. La sociedad sí es corresponsable de ese tipo de asesinatos. Hay una degradación de la violencia, y una escalada en la calidad de la misma. Matanzas de esa naturaleza no son la norma todavía. El riesgo es que se conviertan en algo natural en la escalación de la guerra.
¿Se puede atribuir la nueva estrategia al fracaso de la lucha contra el narcotráfico en la región?
No. Exactamente lo contrario. La violencia en Juárez tiene que entenderse en un mapa regional más amplio. Sobre el 70% de las muertes de la guerra contra el narcotráfico en los dos últimos años se han dado en el corredor que va de las ciudades gemelas de Torreón (Coahuila)-Gómez Palacio (Durango) a Ciudad Juárez, por donde pasan dos terceras partes de la cocaína hacia Estados Unidos.
“Ese corredor era controlado por el cartel de Sinaloa. En diciembre del 2008 fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, quien era el responsable de la seguridad de las familias de todos los jefes de los carteles (agrupados en una llamada Federación) que incluía a todas las organizaciones, salvo las de El Golfo y Tijuana.
“Al ser detenido Alfredo, su hermano Arturo Beltrán, quien era uno de los jefes de ese cartel (Sinaloa), acusó a los otros dos jefes, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada de haberlo traicionado y “puesto” a las autoridades. La realidad era que Alfredo cayó como resultado de una larga investigación y de fallas en su seguridad. Arturo Beltrán, sin embargo, rompió con ellos. Al romperse el cartel de Sinaloa, se redefinió el mapa del narcotráfico en México. Pero esa ruta quedó dividida y bajo fuego”.
“Beltrán Leyva y el jefe del cartel de Juárez por un lado, y Sinaloa y el lugarteniente del cartel de Juárez, e hijo de uno de los jefes de Sinaloa, por el otro. Es decir, un territorio que pertenecía a un solo cartel, empezó a ser peleado por dos, una vez que el gobierno golpeó con éxito la estructura”.
¿Por qué miles de policías y soldados en la región y en Ciudad Juárez no han podido frenar la violencia y el poder del narcotráfico?
La corrupción institucional en Juárez es un factor sumamente importante. Uno de los fracasos de la estrategia del gobierno es que no pudo remplazar las estructuras policiales locales y estatales con cuerpos que no estuvieran al servicio de los carteles.
¿Tienen credibilidad la policía y el Ejército?
El Ejército sigue teniendo el respaldo de más del 70% de la población. La policía, donde no se distinge si es federal, estatal o municipal, cuenta con menos del 20% de aprobación.
¿Por qué los ciudadanos de Ciudad Juárez piden la salida del Ejército, que en teoría llegó a limpiar la ciudad del crimen organizado?
Es una pregunta muy difícil porque tiene muchos matices. Hay campañas contra el Ejército alimentadas por dinero del narco. Hay denuncias muy publicitadas de personas cuyos familiares están vinculados con el narcotráfico.
“Hay peticiones directas del empresariado porque la presencia del Ejército provocó la lucha entre carteles y se secó la economía local, con lo cual perdieron dinero. Hay peticiones motivadas por razones ideológicas. Hay otras que se suman en la enajenación colectiva. La realidad es que no ha contribuido a disminuir la violencia”.
¿Es Ciudad Juárez un enfermo de cáncer terminal?
No, no tiene cáncer terminal. Lamentablemente, la solución en Juárez no llegará si no hay un cartel que venza sobre el otro. Es la única manera en la cual podrá disminuir la violencia. En todos los lugares donde se concentra la violencia (12 municipios concentran más del 64% de los muertos) hay una disputa de plazas.
“Ejemplo contrario es Tamaulipas, sede del cartel del Golfo y Los Zetas, uno de los grupos más sanguinarios en la delincuencia organizada, donde no hay violencia. La razón es que no es una entidad en disputa. Está totalmente controlada por ellos, quienes al mismo tiempo se encargan de que la plaza no se ‘caliente’”.
¿Podría considerarse Juárez una ciudad emblemática del futuro de México?
Ciudad Juárez es violenta por la lucha entre dos carteles. Pero está Culiacán, la capital de Sinaloa, la segunda ciudad en este periodo más violenta de México, y que encabezó el ranking de la muerte durante varios años.
“Hay ciudades emblemáticas del futuro, que no quisiéramos ver en México, como Guamúchil, en Sinaloa, controlada totalmente por el narco. En su aeropuerto municipal, de una pista rudimentaria, hay 70 avionetas permanentes en pista que solo se dedican a bajar droga de la sierra. Ahí, la lista de espera para carros Hummer es de seis meses.
Otra ciudad que no quisiéramos tener es Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde no hay violencia, pero está totalmente controlada por el narco, que realiza la seguridad, cobra impuestos de protección, extorsiona a comercios, y obliga a la gente a consumir los productos que vende en el mercado negro”.
“Estas ciudades, no Juárez, son mejor ejemplo de un estado fallido, como sí creo que es el mexicano, donde hay bolsas territoriales. La ley y el orden los impone la delincuencia organizada.
El boletin de opinión incluye textos de Nancy Mejía, Erik Pérez y Miguel Angel Flores, colaboradores regulares de este boletín. Nancy nos habla de la terrible plaga que nos azota y que se llama obesidad, en tanto que Erik y Miguel angel subrayan el tema de la impunidad. Además incluimos colaboraciones de varios editorialistas de periódicos de circulación nacional alrededor de los dos temas más comentados esta semana: los asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez y el tema de las alianzas para elecciones de gobernador en algunas entidades federativas.
Obesidad: un problema de la sociedad de consumo
Nancy Mejía
La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial: se estima que alrededor de 1000 millones de personas la padecen (OMS). Antes era considerada un problema de países desarrollados y actualmente, de forma irónica, muchos de los países que luchan por combatir el hambre también luchan por combatir la obesidad: el porcentaje de personas desnutridas se equipara al número de personas obesas, es decir, la malnutrición alcanzó a los más pobres en los dos sentidos.
Un estudio hecho por las Naciones Unidas (1999) reveló que el problema de la obesidad se encuentra en todas las regiones en desarrollo y se incrementa vertiginosamente, incluidos los países donde hay hambruna, por ejemplo, China pasó de un 10% de obesos a un 15% en sólo tres años; en Brasil y Colombia la cifra abarca un 40% (parecido al de países europeos) y en África subsahariana, la población con obesidad se está incrementando, sobre todo en la población femenina urbana.
Una característica común a todas estas regiones es que la obesidad aumenta conforme aumentan los ingresos. México ostenta el terrible título de segundo país más obeso con un 72% de mujeres afectadas y un 67% de hombres. Esto se encuentra directamente ligado al aumento en el consumo de alimentos procesados también conocidos como alimentos chatarra.
A pesar de que en los últimos 10 años se dispararon los índices de sobrepeso y obesidad –y en consecuencia los de diabetes e hipertensión que son la primera y segunda causa de muerte- el Estado mexicano no había emprendido acciones para detener y revertir el problema. Ahora lo intenta pero aún no se atreve a tomar medidas drásticas: sacar los alimentos chatarra de las escuelas y generar una campaña que desenmascare a los culpables: la gran industria de alimentos procesados.
Para entender –y enfrentar- el problema de la obesidad se tiene que admitir que existe un ambiente obesigénico, es decir, influyen varios factores: las empresas productoras de alimentos chatarra, la publicidad engañosa dirigida a niños, los malos hábitos alimenticios en la familia, la falta de espacios recreativos, la vida sedentaria y la ausencia de políticas públicas.
Al Estado parece no caerle el veinte que el problema no se resuelve con una campaña, no basta con sensibilizar a la población diciéndole que coma bien y se ejercite, se deben poner a su alcance los medios para lograrlo: ¿cuántas personas saben que tomar una lata de coca-cola de 355 ml equivale a 9 cucharadas de azúcar?, ¿cuántas pueden pagar un nutriólogo?, ¿cuántos padres saben que sus hijos ingieren más de la mitad de las calorías que requieren en las primarias donde pasan en promedio 4 ½ horas? ¿Cuántas personas saben que las y los niños necesitan una actividad física intensa de 40 min al día para no desarrollar sobrepeso u obesidad y que en las primarias sólo dos veces por semana tiene clase de educación física con 15 minutos de actividad intensa? Y ¿cuántos saben que caminar media hora sólo quema 200 calorías y comerse un chocorrol aporta 300? Yo, no….
Juego de mentiras.
Erik Pérez
A poco más de 15 días de lo ocurrido en Cd. Juárez Chihuahua, donde tuvo lugar una masacre de 16 jóvenes estudiantes de preparatoria, donde el narcotráfico hizo otra vez de las suyas en contra de víctimas inocentes. Un hecho que al día de hoy lo ciudadanos de dicha localidad no ven una solución por parte del gobierno favorable para atender sus demandas. Todo indica que los acontecimientos ocurridos al igual que en la guardería “ABC” quedaran registrados en otra lista más de la impunidad que se vive en este país.
A raíz de esta situación el presidente de la república convocó a una reunión privada con los titulares encargados de la seguridad del país, para discernir sobre lo que tiene que replantear el gobierno federal en su lucha contra el narcotráfico. Posterior a esta reunión se plantea la posibilidad de una inversión aproximada de 630 millones de pesos iniciales para el programa Todos somos Juárez. La pregunta que yo hago, ¿era necesario haber llegado a estas instancias tan difíciles como para no darse cuenta que al crimen no se le combate únicamente con armas y con el ejército en las calles? ¿Acaso fue muy tarde para darse cuenta de la incapacidad de respuesta del gobierno en materia de seguridad pública? Parece que sí.
El estado de Chihuahua que por mucho tiempo fue punta de lanza en la industria textil, de inversiones de capital extranjero así como de gran importancia para el mercado interno. Ahora la cara es otra, la IP prefiere no invertir porque ve una ciudad insegura, un gobierno rebasado por el crimen organizado desde una década para acá y desafortunadamente parece ser un poco tarde para resarcir el daño.
El presidente de la republica invita a los juarenses a que se sumen en este magno proyecto para rescatar Cd. Juárez, sin embargo la gente ya está cansada y aburrida del mismo discurso político. Al crimen organizado no solo se le enfrenta con armas, es necesaria la implementación de una política pública integral en materia de seguridad que ayude a recuperar los espacios que el narcotráfico ha logrado ganar con el paso del tiempo.
INVITADOS INCÓMODOS
Miguel Angel Flores
El narcotráfico y la delincuencia organizada a partir de los años ochenta y noventa, aproximadamente, cobraron importancia en México debido a la gran demanda de droga por parte de Estados Unidos, y de la debilidad del aparato policiaco. Recordemos que la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, tuvo que ser desmantelada al igual que el Instituto Nacional de Combate a las Drogas por haber sido penetradas hasta el hueso por el narcotráfico. ¿Cómo puede ser que una estructura mastodóntica pueda ser al mismo tiempo tan liliputiense? Un enorme aparato organizacional para la producción, distribución, circulación de drogas y otras substancias ilegales; contrasta con su capacidad para infiltrarse en la estructura gubernamental y controlarla de manera furtiva. Esta singularísima contradicción crea incredulidad e ilegitimidad en las acciones del gobierno. Un claro ejemplo es el de Ciudad Juárez Chihuahua en dónde sus desesperados ciudadanos, exigen que las promesas de los gobernantes sean cumplidas. Piden un diálogo directo con aquel poder superior y legítimo, que se supone debe representar el ciudadano presidente Felipe Calderón, en su visita del 11 de febrero a Ciudad Juárez la madre de dos de los quince menores asesinados le increpó y reclamó justicia; era muy notorio que el presidente no estaba preparado para un discurso que argumentara, propusiera y persuadiera. Por lo contrario recito un clásico monologo, sordo e insensible, al grito de los pobladores de Ciudad Juárez.
Como se ha venido diciendo en reiteradas veces; el tejido social de ciudad Juárez esta degradado y es muy improbable que una organización punitiva como el ejercito pueda repararla los juarenses no solo son amedrentados por parte de los grupos delictivos sino que también son aterrorizados por el ejército nacional, debido a la constante violación de sus derechos. Ahora que se pretende elaborar una estrategia más integral se está conformando otro tipo de arena con diferentes actores y distintas relaciones. Se dieron cita el Gobernador del Estado, los secretarios del Trabajo y Previsión, Economía y Reforma Agraria, el Director General de Promoción financiera del Municipio, Salud, y de Educación se reúnen con empresarios y académicos para formular sus propuestas y principales demandas. A pesar de su alto poder de decisión estos actores no tienen ninguna credibilidad; puesto que la credibilidad de las organizaciones se finca en la obtención de resultados, que en Juárez han sido inexistentes.
Las organizaciones administrativas centralizadas y en general todo el aparato gubernamental tiene que luchar contra sus burocracias y los poderes personales que residen en su seno e impiden que los objetivos prometidos se cumplan, el grado de control tanto central como ciudadano es pobre o no existe. Es indignante que la Auditoria Suprema de la Federación haya encontrado siete mil setecientos cuarenta y cinco irregularidades en el uso de recursos públicos y la mayoría de estos fueron encontrados en las transferencias de la federación a los estados y municipios y peor aún revelan subejercicio en materia de seguridad en ciudad Juárez. Esto habla de displicencia y discrecionalidad en la ejecución de los recursos: tiene que existir control de las burocracias administrativas y parece que por parte del poder central nunca va a llegar. Sólo queda como decía Edgardo Buscaglia necesitamos que el ejercicio del poder público se democratice diariamente mediante un control de la decisión y la ejecución de los planes y proyectos para combatir la impunidad y la corrupción.
Ciudadanos invisibles
Adolfo Sánchez Rebolledo
El gobierno asesina los últimos vestigios de libertad sindical sacrificando el mayor patrimonio de un país: la fuerza laboral con capacitación profesional. Unas veces se cierran las empresas para deshacerse de sindicatos incómodos o indispuestos a plegarse a la lógica expoliadora de los propietarios; otras, a las amenazas cumplibles de aplicar la fuerza pública contra los inconformes se suman las triquiñuelas formales que permiten disolver la relación obrero-patronal en medio de una huelga previamente declarada existente, ratificando la sospecha de que el estado de derecho es, en el mejor de los casos, un ritual de gestos congelados o simple falsificación.
El objetivo es el mismo: favorecer desde el poder a una minoría acostumbrada a que gobernantes, autoridades laborales y jueces les concedan los máximos privilegios aun al margen de lo dispuesto por ley, como si en estos años nada hubiera cambiado en la cultura excluyente del viejo corporativismo. ¿Qué clase de democracia puede sobrevivir si a los sindicatos reconocidos por ley se les reduce a la nada laboral mediante la pérdida por vía judicial de los derechos que la Constitución les asegura? ¿Qué ciudadanía podría surgir y fortalecerse en un país donde la defensa del interés profesional de los trabajadores está sujeta a las necesidades de un modelo productivo que no asume el diálogo social como componente estratégico del desarrollo nacional? ¿Qué sociedad estamos construyendo si en vez de ampliar el peso del mundo del trabajo las fuerzas dominantes se empeñan en pulverizarlo, disociando de manera perversa el ejercicio de la libertad del voto en las urnas?
La ofensiva antisindical que ha emprendido el actual gobierno tiene aristas políticas e ideológicas, pero hasta donde se alcanza a observar no implica, como cándidamente reclaman algunos opinadores, la liquidación de una forma de “monopolio” corrupto enquistado en el universo sindical, pues son conocidas las relaciones de respeto mutuo, cuando no de franca alianza entre el SNTE o el sindicato petrolero y el Ejecutivo, por no hablar de la consideración hacia contratos de protección y otras lindezas.
Visto más de cerca, se busca remover los obstáculos más incómodos, sean éstos el SME o los mineros, en una suerte de declaración de intenciones “práctica” hacia la aprobación de la reforma laboral, convertida, junto con la manipulación de la reforma energética, en el gran señuelo para atraer mayores inversiones globales, idea que el Presidente machaca como estrategia para modificar el curso mediocre de la economía. Sin embargo, es muy difícil hacer compatible la ilusión modernizadora de las elites económicas cuando se dilapida el capital humano, tirando al precipicio la experiencia acumulada por grupos de asalariados a través del tiempo y los cambios tecnológicos que marcan la época.
Es cierto que el viejo sindicalismo debe ser transformado sobre bases democráticas para que pase a ser factor de equilibrio y progreso, pero la solución a la herencia del charrismo no puede ser el mantenimiento de los privilegios de algunas empresas ni la abolición del sindicato o la cancelación de los derechos que le dan sentido.
Claro que no se puede esperar otra cosa donde la autoridad abandona el interés general para convertirse en oficioso administrador de una minoría depredadora, aunque al torcer la ley también doblegue a la justicia como tal, según ha pasado en Cananea con Minera México, auxiliada en la tarea por el secretario del Trabajo, cuya devoción al paternalismo patronal se puede admirar leyendo sus declaraciones. En ellas el trabajador no es más que un subalterno, invisible, no apto para ser un verdadero ciudadano. Por eso, el lugar preferente de sus disquisiciones públicas lo ocupa el líder sindical, al que el individualismo, opuesto por definición a los derechos colectivos, ha convertido en receptáculo de todas las fobias y máximo enemigo potencial de las libertades fundamentales (siempre que no se llame Elba Esther Gordillo).
El Presidente de la República (que insiste en mantener como faro su propio guión emocional al margen de cualquier otra forma de sensibilidad colectiva) se congratula de las inversiones alentadas por la extinción de Luz y Fuerza, pero no tiene una palabra para los trabajadores castigados con el despido, pues no parece haber otro objetivo racional que abrir la vía a los negocios globales a costa del patrimonio nacional. Ése es el estilo de la casa.
El gobierno actúa así porque está convencido de que no habrá respuesta puntual a sus excesos (para eso sirven los sindicatos postizos, como los llamaba Rafael Galván). Él sí cree en el poder de sus alianzas estratégicas y no pierde ocasión de mostrar la debilidad de las fuerzas alternativas, frustradas en el intento de alzarse con una propuesta unitaria de calado nacional. Espera el error o el efecto de la provocación, con absoluto desprecio por el respeto a los derechos como fuente de fortalecimiento de la ciudadanía. En unos casos exalta el malestar ante la parálisis de la “clase política”; en otros se queja de la pasividad de la sociedad civil que deja al gobierno solo ante el crimen organizado. En esa ambigüedad ha decidido moverse la derecha para no perder terreno. A los grupos de privilegio, concesiones impresentables; a las organizaciones populares y sindicatos independientes, acoso y represión. Al pueblo llano, activismo superficial, avalancha mediática. Y todo en medio de la batalla conservadora iniciada por la Iglesia católica, refrendada por el panismo. (Ya veremos su interpretación del laicismo.)
Casi como posdata. Ante la insonoridad de sus palabras para suscitar los ecos requeridos, el Presidente pasa a ser un impaciente selectivo. ¿Cómo no registrar su desagrado ante lo dicho por una damnificada de Angangueo, quien, acaso cansada de las disonancias cognitivas contenidas en las promesas de ayuda, reclamó sin inmutarse: “¡Ya no queremos pueblo mágico, queremos una fuente de empleo!”, frase lapidaria que Calderón, sorprendido por la exigencia, atribuyó a la ignorancia y no al hartazgo espontáneo de la gente.
La Cámara de Diputados resolvió -casi por unanimidad- agregar al artículo 40 de la Constitución que nuestra República además de "representativa, democrática y federal" es laica. Entiendo que se trata de hacer explícito lo que se encuentra sobreentendido. Y a la espera de que el Senado y los congresos de los estados refrenden esa decisión, difundo un abecedario elemental y (creo) fundamental de lo que es y debe ser el Estado o la República laicos.
La República laica es:
A) Una construcción histórica producto de una larga y complicada tensión entre el poder que busca una legitimación terrenal y aquel otro que deviene de una entidad metafísica.
B) Un requisito para que la libertad de cultos sea realidad.
C) La única fórmula conocida para la convivencia de diferentes credos en una misma sociedad.
D) Quien hace posible que se pueda ejercer cualquier opción religiosa o no practicar ninguna.
E) La definición que permite escindir -hasta un cierto grado- los asuntos de la política y de la fe.
F) La negación de cualquier credo oficial, de Estado, presuntamente bueno para todos y obligatorio para el conjunto.
G) Un dique contra la intolerancia o una facilitadora de la tolerancia. Fusiona la necesidad y la virtud. La necesidad de convivir con "otros" y la virtud de coexistir con "los diferentes" se conjugan en su edificación.
H) El basamento que hace posible al Estado moderno, autónomo con relación a los poderes eclesiales y que es tal porque no depende de ninguna voluntad exterior a la vida en común.
I) Producto del axioma que establece la preeminencia del Estado sobre las iglesias en la "vida terrenal", lo que no significa la activación de ninguna pulsión antirreligiosa o persecutoria.
J) Antónima de un Estado teocrático, donde se funden y confunden los asuntos del César y de Dios, y donde normalmente los individuos son súbditos no ciudadanos, fieles no sujetos de derechos.
K) El espacio que posibilita la convivencia entre creyentes y ateos.
L) El manto bajo el cual se puede ejercer la auténtica libertad de conciencia.
M) La que permite a las diferentes religiones desplegarse sin convertirse en instrumentos del poder o peor aún confundirse con el poder.
N) El postulado que intenta no sobrecargar a la vida política con las pulsiones que emanan de la vida religiosa, de por sí portadora de "verdades" únicas, incontrovertibles, definitivas.
O) La definición que admite decantar lo que es propio de la vida pública y de la privada.
P) Resultado y auspiciadora del proceso de secularización que supone la ampliación de las posibilidades de optar y el estrechamiento de la esfera de influencia de las iglesias.
Q) Desembocadura y usufructuaria "de la emancipación de la filosofía y de la moral respecto de la religión positiva" (Valerio Zanone).
R) La que ofrece garantías para que la educación sea un circuito independiente al de la fe. Son el conocimiento y la ciencia las que la ponen en acto.
S) El instrumento para hacer de la educación un ámbito "ajeno a cualquier doctrina religiosa" como lo marca la Constitución.
T) La premisa de la que se deriva que el "criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios", otra vez según nuestra Carta Magna.
U) Promotora de la ciencia sin los prejuicios que de "manera natural" emanan de las nociones metafísicas. Prácticas científicas hoy arraigadas como la fecundación in vitro, el trasplante de órganos o el diagnóstico prenatal en su momento se abrieron paso remontando obstáculos que surgían de creencias religiosas.
V) En la que en los debates en las instituciones de gobierno y legislativas debe prevalecer los argumentos de la razón sobre los de las verdades reveladas.
W) La que "sostiene la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil respecto al magisterio eclesiástico". (Otra vez Zanone).
X) El marco en el que se pueden discutir y resolver un número muy grande de dilemas que construye la modernidad. Temas como los de la interrupción legal del embarazo, la píldora del día siguiente o los derechos civiles de los homosexuales, siempre encontrarán un cauce en el Estado laico capaz de procesarlos como garantías.
Y) Sumada a la dimensión de los derechos, la que logra el más vasto ejercicio de los mismos, sin exclusiones ni discriminaciones.
Z) Un logro que es menester fortalecer todos los días, porque hay quienes suponen que las leyes que los hombres nos hemos dado deban estar subordinadas a una voluntad superior pre existente.
Alternancia necesaria en los estados Jorge G. Castañeda
Las alianzas PAN-PRD han surtido ya su primer efecto en la sucesión del 2012, y seguramente generarán más consecuencias de esta índole en los meses por venir. La lógica de las alianzas, tal y como lo afirmamos aquí hace unas semanas, es ésa justamente: cambiar la naturaleza de las elecciones del 2012 al provocar, por fin, la alternancia estatal en los últimos bastiones del viejo PRI.
La primera baja es obviamente el secretario de Gobernación, cuya renuncia al PAN puede haberse originado por varias motivaciones, y puede revestir diversas implicaciones, pero para todos fines prácticos lo apartó de una hipotética candidatura del PAN en el 2012. La discusión sobre si alguna vez Gómez Mont albergó dicha aspiración o no es ociosa. Así era visto y en función de esa impresión actuaban sus interlocutores y otros aspirantes. Ojalá sobreviva como secretario de Gobernación; ojalá pueda sacar adelante las reformas políticas de las cuales se ha hecho cargo con audacia e inteligencia; ojalá no se vea obligado Calderón a sustituirlo por haberse transformado en esa intraducible figura de la política norteamericana llamada "lame duck".
Más allá de si Gómez Mont tuvo razón en oponerse a las alianzas por principios o por acuerdos políticos con el PRI, el hecho es que la presión de abajo contra antiguos cacicazgos en los estados donde se van construyendo las coaliciones PAN-PRD -y que tiene aterrado a Peña Nieto- va creciendo. Y dentro del PRI la urgencia de parar la fulgurante carrera a la Presidencia del gobernador del Edomex ya ha alcanzado un nivel que, junto con el descontento popular, puede transformar dichas alianzas en movimientos incontrolables. ¿A qué me refiero? A que el ejemplo está cundiendo y lo que originalmente parecía algo limitado a Durango, y quizás Oaxaca, comienza a suceder en Puebla, Hidalgo, Sinaloa y hasta Quintana Roo.
El caso de Sinaloa es quizás el más interesante porque el posible candidato de la alianza, Mario López Valdez, cuenta con una gran ventaja en las encuestas sobre el probable candidato del PRI, y porque cuenta con el apoyo y amistad de Juan Millán, factótum de la política de su estado desde hace algún tiempo, estratega y operador notable. Sinaloa fue un estado de carro completo, y su carácter emblemático para el priismo -incluso para el nuevo PRI-, es más agudo que el de otros estados. No tanto como Veracruz, por supuesto, donde se juega la fortuna del primer precandidato del PRI para el 2012. La alianza PAN-PRD no se dará en Veracruz, y por tanto es improbable que el candidato de Fidel Herrera pierda. Más aún, si el PAN optara por presentar a Miguel Ángel Yunes en lugar de Gerardo Buganza (que lo supera en muchos sondeos) podría producirse la alianza -tácita o explicita- al revés: PRI-PRD-Dante Delgado contra Yunes.
En los otros casos, cuando uno escucha a los integrantes de movimientos ciudadanos empeñados en "sacar al PRI de Los Pinos locales", no puede más que recordar lo que sucedió en 2000 a nivel nacional. El hastío, el coraje y al mismo tiempo el entusiasmo que despiertan candidaturas comunes, en su caso ciudadanas, y con posibilidades de éxito se parecen como gotas de agua al México pre-2000, es impresionante. No depende de los méritos o las virtudes intrínsecas del candidato o la candidata; no depende de la viabilidad del gobierno estatal que se formará después de la victoria; ni siquiera depende de la camaradería entre estamentos plurales y en ocasiones confrontados que de repente surgen; provienen exclusivamente de las ganas de la alternancia. Quizás la mirada crítica del centro hacia los estados en torno a estas alianzas y a esa alternancia proviene del descrédito de la palabra en el seno de la comentocracia, después de la decepción que le generó Fox. Sin duda la alternancia es una condición necesaria, pero no suficiente para enderezar el rumbo. Pero suficiente quiere decir suficiente: sin ella nada es posible.
Defectos de fontaneria
Mauricio Merino
Fue el 13 de octubre de 2008 cuando Fundar —una organización civil dedicada, entre otras cosas, a la investigación presupuestal en México— dio a conocer la página www.subsidiosalcampo.org.mx, tras 18 meses de trabajo del equipo dirigido por Miguel Pulido. Gracias a ellos pudimos saber el destino exacto que habían tenido los recursos de Procampo durante quince años (más de 147 mil millones de pesos) y pudimos discutir, con mejores datos y argumentos, la regresiva concentración de esos dineros en los productores con más riqueza del país, así como los errores y las desviaciones en las que había caído esa política del Estado mexicano.
En noviembre de ese mismo año, EL UNIVERSAL publicó por primera vez que “en las listas de beneficiarios (de Procampo) aparecen los apellidos de conocidos jefes de cárteles de la droga, de políticos, artistas y funcionarios que obtienen los apoyos destinados a fomentar la producción del agro” y, desde entonces, empezó a ser evidente que tanto la integración de los padrones como la organización de esa política debía ser revisada a fondo y corregida. Pero, no sucedió nada.
En febrero de 2009 —cuatro meses después de la publicación de la página electrónica que identificó a los millones de beneficiarios del subsidio— tuve la oportunidad de conversar con Gustavo Cárdenas, quien entonces era el coordinador general de apoyos directos al campo y él me dijo que, en efecto, la Sagarpa ya había tomado nota de los problemas que tenía el padrón de productores de Procampo, y que ese padrón se sometería a un proceso de depuración con el objetivo de convertirlo en un verdadero instrumento de control y no sólo en un listado de beneficiarios. Y en el mes de julio de ese mismo año, publiqué una primera versión de mis propias indagaciones sobre el curso que había tomado la política de subsidios al campo mexicano, advirtiendo sobre los riesgos de su desviación y de su captura por intereses diferentes a los de los campesinos de más bajos ingresos del país. Algunos de mis datos fueron retomados en la serie de reportajes que escribieron ese mismo mes Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado para este diario y que generaron, en su momento, un amplio debate público sobre el destino y la utilidad de los subsidios otorgados al campo mexicano.
Por esos mismos días, tanto el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, como el propio presidente Calderón, hablaron de la necesidad de depurar el padrón de productores y de destinar los subsidios, con mayor tino, a quienes más los necesitaran. El Presidente reconoció incluso que el gobierno había cometido un error al desviar el dinero destinado a los campesinos más pobres, hacia los agricultores más ricos. Y poco más tarde, nombró a un nuevo titular de la Sagarpa.
Por mi parte, desde septiembre del 2009 publiqué que, en mis propias investigaciones sobre el contenido del padrón, había encontrado casi 300 nombres de funcionarios públicos vinculados con la operación del programa en el año 2008, que coincidían con el listado de beneficiarios y notifiqué de esa coincidencia a la Secretaría de la Función Pública para que se confirmara si se trataba de las mismas personas, si habían cobrado los subsidios y, en su caso, si estaban en falta administrativa.
Hoy sigo en espera de una respuesta legal definitiva por parte de la Función Pública —que prefirió transferir el tema a las contralorías de los estados—, pero gracias al nuevo trabajo de investigación de Evangelina Hernández y de Ignacio Alvarado, me entero de que la interpretación jurídica de la Sagarpa no coincide con la mía. Según el coordinador jurídico de la Secretaría, los funcionarios públicos que cobran subsidios de los mismos programas que operan no sólo obran de manera lícita —como lo hace el propio titular del ramo—, sino que de excluirlos se cometería un acto discriminatorio.
Pero yo sigo leyendo las prohibiciones absolutas que hay en las reglas de operación de la Sagarpa publicadas en diciembre del 2007 —y las que desde mucho antes aparecían en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—, y sigo convencido de que los funcionarios públicos que trabajan para la Sagarpa no deberían estar en los padrones de beneficiarios del Procampo. Y con toda franqueza, me parece lamentable que este tema siga debatiéndose en las páginas del diario.
¿Cómo decirles a los funcionarios públicos, al menos, que no se ve bien que se beneficien personalmente de ese subsidio? ¿Cómo explicarles que, más allá de vueltas y retruécanos jurídicos y operativos, hay un defecto ético evidente? Lo dicho: tenemos un grave problema de fontanería.
Todo indica que no hemos aprendido las lecciones de las reformas fiscales fallidas. Varios actores ya comenzaron a “ventanear” sus propuestas prematuramente y complicando las probabilidades de su éxito. Se confirma el enfoque nacional: toda reforma que se respete “debe ser en los bueyes de mi compadre”.
Una reforma debe ser un proceso cuidadosamente eslabonado. Debe cumplir ciertas precondiciones básicas.
1. La oportunidad. No es factible que una reforma fiscal se apruebe sino hasta después de las elecciones de julio, sobre todo después de la turbulencia provocada por las “alianzas”. Pero hay que aprovechar el tiempo para prepararla bien, discreta pero eficazmente.
2. La Secretaría de Hacienda debe preparar un diagnóstico integral creíble de la situación fiscal del país: un Libro Blanco. Éste debe incluir información de lo que se recauda por los principales impuestos, con el suficiente desglose por grupos de ingreso, las estimaciones pertinentes de los subsidios fiscales, los montos de evasión, el impacto de la informalidad. El documento debe también incluir un análisis de las principales opciones y su impacto recaudatorio.
Los países institucionalmente avanzados presentan el Libro Blanco como base de una discusión pública informada. Así el debate es sobre políticas, no cifras. Sin este proceso seguiremos siendo fiscalmente una “república bananera”
3. Convocar a un comité de expertos fiscales, los mejores y más prestigiados de México, no por cuota de partidos, pero sí reflejando diferentes visiones: ex secretarios de Hacienda fiscalistas, expertos empresariales, académicos. Rendirían un Informe breve y concreto en el que evalúen el diagnóstico, y formulen “recomendaciones” sobre las opciones. Serviría para orientar al Congreso y a la opinión pública
4. La reforma debe contener una clara motivación social. Su objetivo no debe ser sólo recaudatorio o cubrir “boquetes fiscales” reales o inventados, sino generar los recursos que se requieren para que el país avance en objetivos nacionales, como una ampliación de la red de protección social.
5. Reflejar un balance entre grupos sociales, en que cada grupo pueda apreciar los beneficios de la reforma y estar dispuesto a asumir los costos, en proporción a su capacidad económica.
6. La sociedad no acepta una reforma tributaria que no vaya precedida de una racionalización fundamental de la estructura de gasto del país. No reducciones cosméticas, como gastos de representación y celulares, sino eliminando dependencias y programas de gasto dispendioso. El gobierno gasta a la vez “muy mal”… y “poco” frente a sus necesidades.
7. Avanzar del feudalismo (o “charolismo” fiscal) al federalismo fiscal “pactando” con estados y municipios para que se cumplan objetivos de transparencia y rendición de cuentas, y hagan un esfuerzo equitativo en cobro de predial y servicios, recaudación que es paupérrima.
8. Lo anterior significa negociar un pacto fiscal en que no todo se haga en forma inmediata sino con un plan de ruta de mediano plazo que dé certidumbre.
El contenido de la reforma
Dos opciones se pueden contemplar:
Opción 1: impuestos con objetivos claros.
a) EL ISR para las empresas es el impuesto que debe tener como objetivo la competitividad. Internacionalmente no recauda mucho, el capital es móvil. Debe tener una tasa fija baja pero sin excepciones, 12 o 15%. Con ello, el IETU (que es un “parche”) puede eliminarse.
b) El ISR a personas físicas es el impuesto de la equidad. Actualmente, mexicanos de ingreso medio alcanzan rápidamente la tarifa más alta del 30%. Se requiere modificar toda la estructura de este impuesto para hacerlo más progresivo. Elevar la tasa máxima a 35%, (en EU se elevó a 45%) para los ingresos muy altos y millonarios, lo cual permitiría reducir la tasa a ingresos medios y bajos.
Este es el impuesto que en Europa (y Asia) genera más ingresos, alrededor de 12% del PIB. En México, sólo alrededor de la cuarta parte. ¡Es donde tenemos la recaudación más rezagada!
c) El IVA es la máquina recaudadora más eficaz que genera los recursos para redistribuir vía gasto. Debe ser una tasa pareja de 15 o de 12%, que dé margen para un impuesto de ventas para los estados del 3%. El “emparejamiento” puede alcanzarse paulatinamente. Debe haber una canasta de productos básicos a tasa 0.
Un sistema similar se aplica con éxito en Irlanda, cumpliendo los objetivos de equidad, competitividad y recaudación.
Opción 2: la auténtica “simplificación” que podría llamarse impuestos base 15%… (podría ser 12 o 10%).
a) ISR en empresas pagan 15% parejo, sin ninguna deducción. Puede haber un tratamiento especial a las micro y pequeñas empresas o compensarlas con devoluciones.
b) Un IVA 15% parejo, en que la igualación puede darse paulatinamente en 3 años. Habría una canasta básica de alimentos a tasa “0”.
c) Un ISR a personas físicas de tasa pareja de 15%, sin deducciones, que sería la tasa más generalizada para los causantes. ¡El contribuyente puede en una tarjeta calcular su impuesto, multiplicando $100 X .15! No requiere contador.
Tendría excepciones: altos ingresos pagarían sobretasas de 25% y 35% y se definirían los salarios mínimos que no pagarían impuestos.
Italia está considerando este sistema de dos tasas: 15 y 25%.
Este sería un sistema verdaderamente simplificado parecido al llamado flat tax, pero aquí cada impuesto tendría un correctivo por equidad. Este sistema reduce mucho las tasas promedio, pero aumenta sensiblemente la base y, por ende, la recaudación.
Queremos una reforma auténtica o como el precio del petróleo es alto, otra “miscelánea” marginal e improvisada
Se está entrando a las aguas procelosas. La protesta de Luz María Dávila, la madre de los dos jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, ha venido a conectar los efectos de la violencia con la inconformidad social. La decisión de anular los derechos sindicales en Cananea y la postergación de un acuerdo de recontratación de trabajadores del SME amenaza con escalar el conflicto social. La renuncia a su partido de Fernando Gómez Mont no hizo sino acentuar una lectura de descontrol.
Para navegar en las aguas procelosas se necesita una doble operación. Por una parte, corregir y mantener un rumbo que resulte esencialmente aceptable al conjunto de las fuerzas políticas. Por la otra, abrir los canales de demasías para evitar que la presión social rompa la cortina de la presa.
De no enfocarse adecuadamente la actual coyuntura, la situación política podría entrar a terrenos para los cuales no está preparado el gobierno ni ninguna fuerza opositora.
La situación actual no podrá mejorar si no se revisa la estrategia en su conjunto. Un golpe aquí y otro allá, no hará sino exacerbar los estados de ánimo y, en algún momento, precipitar un desenlace donde todos terminen perdiendo, aunque en este momento algunos piensen que podrían ganar.
Las principales decisiones en puerta deberían ser revisadas. La revisión debería hacerse con sentido estratégico. ¿Lo que se pretende hacer genera distensión o exacerba el conflicto?
Si entra el Ejército a Cananea, evidentemente, se exacerbará el conflicto. Si se deja tirada la posibilidad de recontratación de trabajadores electricistas, como se dijo se haría, seguirá alimentándose el agravio. Si para dialogar y escuchar se tiene uno que pertrechar en los antimotines, el diálogo no será. Si no se aprovechan las contiendas electorales para generar competencia y participación, perderán su utilidad. Si no se fija la atención en lo sustantivo de la gobernabilidad, dominarán los pequeños intereses y ambiciones.
La construcción de una solución a la situación tan compleja que se vive requiere de lucidez, serenidad y consistencia en el rumbo. Hay que concentrarse en una gobernación, una comunicación y una recomposición más venturosas.
El gobierno aislado y endurecido, sólo terminará en más aislamiento y endurecimiento. Su acción misma agudizará la crisis política y social. El gobierno, y los demás, necesitamos construir una salida democrática. Verdaderamente democrática y, por lo tanto, incluyente.
No llamo a una foto. Sugiero una corrección consistente de rumbo que permita negociar seriamente con los intereses y el peso que representa nacional y regionalmente el PRI. Una que no meta a los empresarios en rutas innecesarias de confrontación. Una que facilite la recomposición electoral de la izquierda, para abrir una alternativa pacífica de cambio en la estrategia de desarrollo hacia 2012. Una que sin necesidad de declaraciones, recomponga en los hechos la relación con la izquierda social. Llamo a escuchar, respetar y distender.
Al respaldar las coaliciones con el PRD, para así poner trabas al posible retorno del PRI a Los Pinos, Felipe Calderón ha hecho una temeraria apuesta, pues las probabilidades de ganar esa jugada son pequeñas, y los costos políticos que en ello le pueden ir, elevados. A) No es automático que triunfen las coaliciones opositoras, pues no se tiene garantizado que los simpatizantes duros de cada partido aliancista voten por lo que consideran una ignominiosa sociedad con su mayor adversario ideológico (¿cómo verán los panistas a la APPO en Oaxaca?). El PRI irá con el PVEM y el Panal (socio histórico del PAN) va por su lado. Además, el difícil triunfo opositor en esas entidades tampoco garantiza nada para 2012.Son muchas las variables que intervienen en ello, sobre pocas de las cuales Calderón puede incidir directamente.
B) Mientras tanto, la coalición con el PRD implicó dinamitar la interlocución con el PRI, cuya cooperación constituye la única oportunidad para que Calderón entregue algo significativo al final de su gobierno. Pocos logros ha tenido hasta ahora, y algunos de ellos muy desvirtuados (como una reforma electoral que no gustó al PAN por serle perjudicial, y una reforma energética que terminó con el sello del PRD).
C) Calderón ha dado el banderazo a la sucesión presidencial, cerrando anticipadamente su gestión.
D) La renuncia de Fernando Gómez Mont a su partido podrá verse como un acto de congruencia, pero lo debilita como secretario de Gobernación al quedar claro que no cuenta con el respaldo de su partido ni de la Presidencia, por lo cual es difícil que siga mucho tiempo más en ese cargo, o que desde ahí pueda operar eficazmente. Y la palabra de Calderón queda vulnerada, si bien Gómez Mont asume haber negociado con el PRI por su cuenta, sin consultar previamente al presidente (16/II/10). Algo difícil de creer.
E) Coaligarse con el PRD, independientemente de los resultados, genera malestar en los segmentos doctrinarios del PAN, que no son pocos. Si además las coaliciones fracasan en derrotar al PRI, el enojo del panismo ortodoxo se profundizará. Esa corriente vital del PAN considerará que se jugó con la esencia ideológica del partido, por una preocupación estrictamente personal de Calderón (pues, como aclaró Diego Fernández de Cevallos, para muchos panistas no es prioritario detener el retorno del PRI en caso de que el PAN no logre preservar el poder).
F) Peor sería para los panistas un triunfo de la coalición en Oaxaca, pero no en Hidalgo o Puebla, pues ello no le reportaría mayor ganancia al PAN, y en cambio se le habría hecho un enorme favor a Andrés Manuel López Obrador, cuyo movimiento social (de corte anticalderonista) seguramente se vería nutrido por el enorme presupuesto oaxaqueño. El PAN habría jugado al “tonto útil” en favor del obradorismo. Y el responsable de semejante desastre (desde la óptica panista) no sería otro que Calderón (según ha enfatizado Manuel Espino).
H) En tales circunstancias, el delfín de Calderón, quienquiera que sea, tendría un ambiente muy adverso dentro del PAN, y sus probabilidades de ser candidato se habrán reducido significativamente. Algún disidente que se haya manifestado contra las coaliciones, tendría mejores perspectivas (muchos piensan en Gómez Mont).
La pregunta clave aquí es, ¿a partir de qué cálculo Calderón hizo una apuesta tan temeraria, con tan pocas probabilidades de coronar y con elevados costos a pagar ya? Lo único que se me ocurre es el pavor de Calderón a que el PRI, en efecto, retorne a Los Pinos. ¿Por qué tanto rechazo a esa idea? ¿No sería ello consecuencia de una decisión mayoritaria de los electores que simplemente habría que respetar (el voto masoquista, según Mario Vargas Llosa)? Es probable que Calderón visualice con enojo la escena donde él entrega la banda a, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, con la presencia física o moral, pero emblemática, de Carlos Salinas de Gortari en la ceremonia (Salinas es asiduo asistente a las galas de Peña Nieto). Dado lo que el PRI representa en nuestro desarrollo político, Calderón pasaría inevitablemente a la historia como el Presidente que clausuró el breve paréntesis democrático que abrió Vicente Fox (aunque éste, poco después, haya claudicado a su mandato democratizador). Y tal vez no quiera cargar con ese estigma político el resto de sus días. No encuentro otra explicación a la política de alianzas de Calderón. Una posible ruta de gobierno sacrificada en el altar de la imagen histórica del Presidente, algo que obsesiona a los poderosos.
Es probable que el Presidente visualice con enojo la escena donde él entrega la banda a, por ejemplo, Enrique Peña Nieto.
Si el 4 de julio en la tarde-noche los resultados de las encuestas de salida indican que las alianzas entre PAN y PRD no fueron exitosas, además del PRI, dos políticos muy distintos y distantes entre si serán los grandes ganadores de la jornada: Gómez Mont y López Obrador. Ambos se han posicionado respecto a sus compañeros de movimiento y partido como políticos principistas, incapaces de pactar y confundir al electorado con alianzas pragmáticas y contranatura. Cada uno a su manera y con el lenguaje que más gusta al grupo al que se dirigen han venido diciendo lo mismo estas últimas semanas. Ayer en entrevista con Joaquín López Dóriga, Gómez Mont hizo esta diferencia entre él y su partido: “Los partidos tienen un desarrollo coyuntural, los principios y los valores permanecen, yo no me cambié de ropaje, [ni mi] estructura ética, [ni] mi convicción de servir al país”. López Obrador a su manera ha hecho lo mismo, diciendo que el movimiento que él encabeza no aceptará aliarse con el PAN y el PRI “que son lo mismo y representan al grupo que no sólo se apoderó de las riquezas e instituciones del país sino que mantiene aplastada a la mayoría de los mexicanos, robó la Presidencia en 2006 y dio lugar a la decadencia imperante”.
Si las alianzas fallan, o si se impone en la opinión y en la clase política la percepción de que fallaron, estos dos hombres saldrán obviamente muy fortalecidos, lo hayan buscado o no. Por eso Manuel Camacho, adelantando el veredicto y su posible interpretación, ya ha dicho que si ganaran una sola de las gubernaturas en las que van juntos, las alianzas serían un éxito. Definición aceptable para los militantes y fácil de transmitir a la opinión pública.
La apuesta es muy importante. Un fracaso contundente de las alianzas barrería con todos los políticos perredistas y panistas que las hayan apoyado y desde luego con sus posibilidades de aspirar a la Presidencia de la República. En el PRD quedarían fuera de combate los Chuchos, Ebrard y Camacho, y en el PAN, César Nava, el Consejo Político Nacional en pleno, el Presidente y por extensión los secretarios de su gobierno. Y si para ellos la apuesta es enorme lo son también las consecuencias que tendría para el país. PRD y PAN quedarían muy debilitados y a merced de sus alas más radicales. La derrota de las alianzas consagraría la polarización entre quienes por un lado ven a una “mafia fascistoide” gobernando y a los que por el otro sienten la amenaza constante del “peligro para México”.
