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viernes, 2 de octubre de 2009

Opinión

DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA

Gustavo Gordillo

Una simple frase contundente repetida a lo largo de 41 años ha sido probablemente el puente que vincula a la generación del 68 con las generaciones sucesivas de jovenes. Hay desde luego una enorme cantidad de testimonios sobre la matanza del dos de octubre de los cuales La noche de Tlaltelolco de Elena Poniatowska es la obra paradigmática. Hay también los punzantes versos de Octavio Paz, pero puesto a escoger yo tomaría el Memorial de Tlaltelolco de Rosario Castellanos, como símbolo y consigna de los sesentaiocheros:

Recuerdo, recordamos.

Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo,recordemos

Hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Rabia y textos iracundos parecen ser el común denominador de los artículos que presentamos en este Boletín de opiniones. Cesar Suárez y Brando Flores colaboradores regulares de este boletín nos comentan respectivamente sobre la grandilocuencia monumental y la pequeñez discursiva de la elite política, y la preocupante situación en el mundo de los organismos de derechos humanos.

Sobre pequeñeces entre la clase política comenta Jesús Rodríguez Zepeda en El Universal refiriéndose a su inercia y a su uso de categorías-zombies (Ulrich Beck) “con ideas muertas-vivientes que significan nada y producen nada”. Soledad Loaeza en La Jornada habla de otros fundamentalismos y oportunismos que han conducido en 16 entidades federativas a panistas y priístas a legislar en contra del derecho de las mujeres a decidir la interupción del embarazo. Luis Rubio en Reforma sugiere que la ciudadanía ha sistemáticamente votado, después de las reformas de los noventa, por gobiernos divididos como una forma de generar contrapesos al Ejecutivo.

En el ámbito de la crisis económica, Rogelio Ramírez de la O en El Universal presenta un panorama desalentador en cuanto a la poca rapidez de la recuperación en México y la poca solidez del peso. Por su parte Gabriel Zaid en Reforma comenta con la acidez que lo caracteriza algunos de los avatares a lo que se enfrentan los contribuyentes.

José Luis Calva en el Universal se refiere al estado de ánimo depresivo de los mexicanos a partir de una serie de encuestas de opinión. Finalmente Adolfo Sánchez Rebolledo en La Jornada analiza las causas que han impedido la caída del gobierno golpista en Honduras.

Panorama duro, difícil,problemático. Mientras la sociedad se mueves en infinidad de redes y grupos teniendo como hilo conductor a la protesta, a veces airada, contra los privilegios de unos cuantos.


"LOS JUANITOS"

Por: Flores Miguel Angel.


A partir de las elecciones pasadas del 5 de julio, una nueva palabra se ha incluido en el “diccionario de la real academia mexicana” es la palabra “Juanito” que ha pasado de ser el diminutivo de un nombre propio a un verbo, o más que eso, podemos llegar a decir que es un símbolo, que debido a las reglas del juego electoral, se ha convertido en icono de la corrupción institucionalizada.

Pero ¿qué alegoría nos deviene cuando evocamos a tan singular personaje? Seguramente en la trampa, el chanchullo, la artimaña, la forma en la que una acción política sustentada en el discurso de Andrés Manuel López Obrador; otorga estabilidad, credibilidad y confianza, en el cambio de estafeta, que comprende el abono de todos los obradoristas del PRD hacia el PT en la delegación Iztapalapa.

Este apasionado discurso confirma su fondo de manipulación y control sobre las personas y de paso va sumando a la lista de imágenes colectivas y conductas corruptas que forman la lógica de lo adecuado o mejor dicho lo común.

“Juanear”, “Juaneando”, “juaneado” y todas las conjugaciones que se nos ocurran, no son otra cosa que estrategias corruptas para la transmisión del poder bajo condiciones de estabilidad, ese elemento que se incorpora al lenguaje popular, que puede ser hasta parte del humor agrio nacional, del sarcasmo, de la burla; no responde al ser mismo del mexicano sino a la herencia del sistema político que lo hace surgir.

Es muy probable que este “verbo” desaparezca paulatinamente en la medida en que Rafael Acosta Ángeles, alias “Juanito” desaparezca de la escena política; lo que si es seguro es que desaparezca la palabra pero no la acción que muy probablemente se imite en cualquier nivel de la sociedad, e incluso no es nuevo, es una estrategia muy usada y vieja, la diferencia estriba en que ahora es divulgada, popular y hasta aceptada.

Y a hora nos podemos preguntar ¿cómo el sistema político va desapareciendo esta figura de Juanito que se convirtió en un problema para el PRD? Una de las respuestas puede ser; con otra figura, con otro símbolo encarnado. Ya por ahí de entre toda la vorágine de iconos y de personalidades despunta un gran héroe, “el resolvedor” de todos los problemas de la izquierda, ahora investido con esa túnica, Marcelo Ebrard Casaubón se perfila, probablemente para las elecciones presidenciales del 2012.


EL SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO: UN LUJO O UNA NECESIDAD

Cesar Suárez Ortiz

Cómo es sabido por la mayoría de la población que integra el distrito federal y el área conurbada del Estado de México, el martes pasado empezó a funcionar el segundo piso del periférico de los tramos de Toreo a Lomas Verdes. Me he podido percatar que las personas han utilizado poco el segundo piso del periférico a pesar de su gran promoción mediática, esto se debe al alto costo que involucra subirse al viaducto bicentenario. Primero se tiene que acudir a una cadena de supermercados a comprar el dispositivo del tamaño de un control de televisión, que se necesita para subir al segundo piso, el costo te este nuevo aparato es de 300 pesos. A partir de noviembre el utilizar la nueva vía sobre el periférico costara 5 pesos. Se podría decir que el costo no es excesivamente alto, aunque aún así la gente prefiere aguantar varias horas en el tráfico en vez de pagar tal cantidad. Una respuesta hacia este fenómeno es la crisis económica que tenemos en nuestro país, la constante inflación en los precios y el alto desempleo, así como el incremento al precio de la gasolina. Por otra parte se puede ver como las personas no se sienten representadas por el gobernador en turno, o sus presidentes municipales. Ya que en una localidad que tuviera un grado aceptable de aprobación hacia sus gobernantes se podría observar otra conducta en los ciudadanos y podría ocurrir en tales circunstancias que las personas llegaran a pagar para subirse al viaducto bicentenario. Aquí podemos encontrar la poca legitimidad con la que cuentan las diferentes instancias de gobierno.

Por otro lado podemos percatarnos de cómo se ha venido aplicando una política económica neoliberal dentro de la construcción del segundo piso del periférico, ya que es un contrato que dio el gobierno del Estado de México a una constructora Española. Viéndolo desde la lógica neoliberal el gobierno no hizo un gasto excesivo en la construcción, sino es la inversión privada quien la realiza evitando que la deuda del gobierno crezca. Sin embargo podemos observar las consecuencias de lo que se llevo a cabo, ya que conforme pase el tiempo se podrá decir que contamos con una carretera arriba del periférico y esto ha que el precio incrementara seguramente al pasar de los años para que la constructora Española genere ganancias exorbitantes. Es por eso que el segundo piso del periférico en vez de tomarse como una vía de uso público que ayude a los ciudadanos a llegar a tiempo a sus trabajos y sus casas o como una necesidad a causa del gran incremento poblacional así como la centralización de la economía hacia el distrito federal, el segundo piso es visto como un lujo en el cual sólo las personas que gasten, podrán utilizar el viaducto bicentenario. Como conclusión podemos observar cómo el gobierno empieza a perder responsabilidades que anteriormente le correspondían dejando el bienestar de las personas al lucro de empresas trasnacionales. No olvidemos que el gobernador del Estado de México es Enrique Peña Nieto quién posiblemente será candidato a la presidencia para las elecciones de 2012, que parece ser que aprendió muy bien de su maestro Carlos Salinas de Gortari.


LAS TAREAS DEL OMBUDSMAN

Ciudadano Brando

¿El sistema político mexicano permite la participación de la sociedad civil más allá de acciones de observación o emisión de opiniones?, ¿son las leyes mexicanas artífices de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país? y especialmente, ¿está el Ombudsman (sistema y persona) realmente comprometido con su tarea?

Estas preguntas son punto medular del encuentro organizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en el que se intentan señalar las tareas impostergables, en especial, para aquellos que aspiran al puesto a desocuparse en un mes aproximadamente.

Debo ser franco, jamás había percibido tan alejados a la sociedad civil organizada que ha defendido el tema de los derechos humanos de forma institucional durante 25 años y a las Comisiones y Órganos Autónomos, basta con señalar que al encuentro sólo asistieron organizaciones, y pocos pero muy pocos representantes de las comisiones estatales, brillando por su ausencia tal y como lo han hecho en el cargo durante los últimos años. Otro factor que enrarecía la reunión con sólo mencionar su nombre era Soberanes, sin duda, éste personaje ha polarizado, y en la reflexión general ha dejado incertidumbre, retroceso y en especial un sentimiento de sumisión que será difícil de borrar, justo como cuando llegas a un lugar y percibes que las cosas no andan bien, así merito me sentí.

La importancia de un tema como el del cambio de ombudsman radica principalmente en el estado actual de las cosas, pues hasta hace no mucho las comisiones y organismos autónomos se habían encargado de representar, exhibir y defender los temas y las causas de la sociedad civil, el vínculo estaba más arraigado entre esas dos figuras; ahora que ese alejamiento es fehaciente y la criminalización de la lucha social se ha vuelto un reclamo constante que nos tiene enfrentados.

No es una casualidad que los casos paradigmáticos en México salten directo a los organismos internacionales, dando por hecho la escasa credibilidad de la comisión nacional.

Uno a uno serán expuestos en la reunión los casos de renovación de las comisiones de derechos humanos en los estados, lo cierto, es que estas serán presentadas por la sociedad civil y no por quienes las llevaron a cabo, tal y cómo se estila desde hace ya un tiempo, cada informe oficial debe ser acompañado por un informe sombra.

Lo que más brillo en la reunión fue la participación de 3 de los suspirantes al cargo de ombudsman: Ricardo Sepúlveda (asesor de diversas campañas panistas), Luis Raúl González Pérez (fiscal especial del caso Colosio) y Patricia Olamendi (feminista y ex diputada perredista) y perdón que resuma sus carreras a tan escueta reseña, pero bien dicen por ahí: “piensa mal y acertaras”. El hecho es que la y los aspirantes coincidieron en algunos puntos respecto a su diagnóstico sobre los impostergables, y un plus, el tema de la mesa fueron los derechos de la mujer y su relación con la figura del ombudsman y las OSC´s.

Entre las coincidencias debemos destacar lo siguiente:

1. Que es necesaria una protocolización y estandarización de los que son considerados como delitos graves, especialmente aquellos que van en contra de los derechos de las mujeres.

2. Que es necesaria una armonización de la legislación mexicana en materia de desigualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación.

Por supuesto que todos coincidieron con que es necesario reformar el sistema ombudsman e hicieron énfasis especial en la falta de cercanía entre la ciudadanía y las instituciones, destacando que por principio de cuentas la obligación de generar el acercamiento es labor del estado.

Como reflexión: pudimos haber pensado en las mejores leyes e instituciones, tal como el IFE que ahora es invitado a implementar procesos democráticos en países de medio oriente, lo innegable es que se han vuelto instituciones vacías por carecer de la credibilidad que les otorga la sociedad al hacerlas suyas.

Dicen los expertos que a mayor progreso, mayor identificación entre la sociedad y el estado y eso es justo lo que en México sucede a la inversa, no habíamos tenido tan poca certidumbre y credibilidad en las instituciones desde que pensamos que la transición a la democracia había llegado, quizá porque en realidad esos cambios jamás se produjeron, sólo se simularon, el problema radica en que toda una generación de activistas y luchadores sociales y por supuesto la sociedad mexicana en general, así lo creímos.

En México, la constante de los Derechos Humanos ha sido la de una política de estado de medio pelo, cuando debería ser una de primer nivel.


POLÍTICOS SIN DUDAS

Jesús Rodríguez Zepeda

Escribió Thomas S. Kuhn que —cito libremente— “sólo en los momentos de crisis de su paradigma, los científicos piensan como filósofos”.

Parece cierto: sólo en los momentos en que sus referentes y seguridades, sus modelos y certidumbres se tambalean y pierden significado, los científicos hallan sentido en preguntarse sobre si están en la senda correcta, sobre si lo que han tomado como verdadero lo es en efecto o sobre si no deberían ensayar otras perspectivas y otros métodos. De que lo hagan depende que la ciencia y la tecnología se muevan. Por eso, en el terreno del avance científico, la duda es muy buena consejera.

En buena lógica, con los políticos debería suceder algo parecido: en tiempo de crisis profundas, deberían revisar sus convicciones arraigadas, criticar los modelos que juzgaron adecuados durante mucho tiempo y que ahora se revelan endebles e improductivos; hacerse cargo, con el uso crítico de la razón, de nuevos paradigmas para afrontar lo inédito.

Pero pocos lo hacen, y casi ninguno en México. Lo que hace del político profesional un conservador es su impermeabilidad a la duda y su gusto, que tiene graves efectos sociales, por sentirse personajes heroicos aferrados al Titanic de sus creencias y dogmas. Por ello, acaso lo más grave de la crisis social sistémica que vive nuestro país —económica, fiscal, de representación política, de seguridad pública, educativa— es que, ante ella, los sujetos que deberían actuar con dinamismo y buenos reflejos (entre otras cosas, porque es su obligación) actúan como si lo que se revela en los hechos no tuviera en el fondo nada que ver con ellos.

En nuestro país, para el político estándar actuar con certidumbre significa blindarse ante cualquier crítica, afirmar los valores políticos significa dogmatizar dos o tres frases hechas y guiarse por principios, es rechazar siempre la tentación de abrirse a lo nuevo. Lo más gratificante es abrazarse a lo caduco como a una tabla de salvación. “Autocrítica” y “rectificación” se han convertido, en su boca, en palabras de protocolo.

Los políticos mexicanos funcionan desde hace mucho tiempo, para decirlo con palabras de Ulrich Beck, con “categorías zombis”, con ideas muertas-vivientes que significan nada y producen nada, pero que le dan al propio político la impresión de actuar conforme a sus raíces (como si el político, en vez de un hombre práctico, hubiera de ser un teólogo o el testigo de una verdad revelada).

Y el lector ha de perdonar la generalización, que a veces es una muy buena excusa para criticar a todos y no quedar mal con nadie. Pero lo que tenemos ahora en México es una cultura conservadora de la élite política en su conjunto, que da a ésta un lamentable perfil de predictibilidad y falta absoluta de originalidad y de capacidad de responder a las novedades. Como la famosa casita de Andersen que no se caía porque no sabía para qué lado hacerlo, esta clase, desde sus seguridades oxidadas, se soporta recíprocamente con sus rutinas y su autocomplacencia.

En este momento, dice por ejemplo el PRD, debe apostarse por la rectoría estatal de la economía para generar un dinamismo económico que se perdió. Como principio es cierto, pero ¿a qué Estado se refieren? ¿A un Pemex ineficiente, insolvente y marcado por la corrupción o a una Luz y Fuerza del Centro que se ha convertido en un pozo sin fondo en el que se despeñan los escasos recursos de un Estado fiscalmente anémico? ¿No sería posible que al menos en una ocasión esta izquierda se tomara en serio los principios liberales de limitación y vigilancia de los poderes públicos en vez de afirmar a éstos como si fueran buenos en sí?

Lo que ha de hacerse, salmodia buena parte del PAN, es abrir paso en la economía a la iniciativa privada; como si esas grandes corporaciones, incapaces de lealtad fiscal, no fueran parte de la maquinaria que genera desigualdad y fragmentación social. ¿No se les antojará, de vez en cuanto, un poco de control del Estado sobre los poderes fácticos y con ello generar al menos la sombra de un Estado justo?

“No a los impuestos que lesionen al pueblo”, declara el PRI, como si hubiera existido alguna vez un impuesto reclamado en manifestaciones en el Zócalo. ¿Creerán, ahora que vuelven por el poder sin haber hecho ninguna reforma interna de fondo, que la crisis fiscal podrá encararse con esos mantras que huelen a formol?

No dudan de sí mismos. Eso es lo más grave.

El Diktat

Soledad Loaeza

Los gobiernos de Acción Nacional y sus aliados políticos han emprendido una ofensiva contra la libertad de las mujeres, en obediencia a los dictados de la Iglesia católica. No se trata de una decisión oportunista. Los miembros de ese partido están realmente convencidos de que el derecho a la vida entra en vigencia desde la concepción, tal como establece la Iglesia. En consecuencia, lo han incorporado a su plataforma donde el compromiso con este principio religioso se repite hasta tres veces. Es la única oferta de campaña que han logrado materializar en política de gobierno. Tanto así que en 16 estados de la República –y no todos ellos gobernados por panistas– se han introducido reformas legislativas que cancelan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo –aun cuando sea resultado de una violación–, y se ha penalizado severamente el aborto.

El PRI, en cambio, exhibe su oportunismo y su sed de votos y disposición a aliarse hasta con la Iglesia, al apoyar esta ofensiva que contradice su identidad y su historia, ambas comprometidas con la defensa del Estado laico. Para los priístas no tendría que ser materia de negociación, pues la criminalización del aborto es una violación al principio constitucional de separación de Iglesia y Estado.

En enero de este año la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, votó el dictamen final relativo a la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el argumento, entre otros, de que valores y principios constitucionales están comprometidos con “una ética laica” (La Jornada, 14/1/09). A esos valores y principios han renunciado los legisladores de aquellos estados que hoy en día penalizan el aborto en algunos casos con condenas superiores a las que reciben los narcotraficantes. Votaron como si viviéramos en un Estado integrista que no distingue la vida pública de la vida privada. La decisión de tener un hijo pertenece a la estricta intimidad de la mujer, nada tiene que hacer en ese ámbito el Estado. Es increíble que para los legisladores sea más sencillo votar la penalización del aborto que una reforma fiscal o la modernización de la legislación liberal, asuntos éstos mucho menos complejos que la decisión de interrumpir un embarazo.

Los enemigos del derecho a decidir de las mujeres argumentan que la despenalización del aborto se presta a decisiones frívolas: “… si a la juventud le damos permiso para que se deshaga de ‘un problema’ en forma sencilla nunca va a aprender a asumir responsabilidades ni a pagar consecuencias, vamos a crear jóvenes irresponsables sin moral ni sentimientos, porque van a aprender a deshacerse de lo que les estorbe de una manera fácil”.

La idea de que el aborto es la salida “fácil” a los costos de una conducta “fácil” revela los prejuicios que todavía gobiernan la imagen de la mujer de muchos como un ser sin mucho seso. Sin embargo, si dejamos de lado los casos de violación o de riesgo para la vida de la madre, e incluso del feto, se ha demostrado que la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no son adolescentes descocadas, sino mujeres adultas, muchas casadas y con hijos. En estos casos la decisión es resultado de la reflexión y de una evaluación ponderada –y no por ello menos desgarradora– de los problemas que entraña tener un hijo más. Nadie decide interrumpir un embarazo como quien descarta un par de zapatos apretados, una mera incomodidad. Normalmente, se trata de una dolorosísima decisión que plantea dilemas morales –que no necesariamente religiosos–, cuya solución es un nudo de espinas.

Si la decisión de interrumpir un embarazo puede ser frívola, igualmente frívola puede ser considerada la decisión de seguir adelante con el embarazo cuando las condiciones no son favorables para la salud o el bienestar de la madre, o de la niña/niño que nazca.

La penalización del aborto condena a muchas mujeres a adentrarse en el mundo del engaño, extorsión y riesgos de las operaciones clandestinas. A principios de los 70, cuando yo era adolescente, una de mis amigas creyó que estaba embarazada porque se había retrasado su menstruación. Con el apoyo confundido de su novio decidió que estaba embarazada; después de mucho llorar y rezar, concluyó que no podía tener un hijo, no era ni siquiera mayor de edad. Le dieron la dirección de un médico muy discreto, experto en esos asuntos. Me contó que nada era tan parecido a los cuadros literarios más siniestros de una sala de abortos que la habitación amplia, fría y oscura de la calle de Río Amazonas, donde la recibió el viejo doctor cuyo aspecto le provocó escalofríos, a pesar de la bata blanca y muy almidonada, pero algo muy amenazante había en esas largas manos nudosas. La examinó y le confirmó un embarazo de seis o siete semanas. Le pidió que regresara dos días después. Mi amiga salió de allí. Lloró y rezó, y menstruó…

Hasta la fecha me pregunta por ese charlatán que –de no haber sido por la intervención de la Santa Biología– la habría anestesiado durante 40 minutos, le habría hecho creer que había abortado, le habría cobrado y la habría condenado a vivir a perpetuidad con culpa. Claro que si esta historia hubiera ocurrido hoy en día en Guanajuato, en una de ésas mi amiga estaría en la cárcel.


¿Por qué no cae Micheletti?

Adolfo Sánchez Rebolledo

La crisis de Honduras ha probado, entre otras muchas cosas, la histórica debilidad del llamado sistema interamericano” para hacer que los acuerdos se cumplan, cuando se trata de que un gobierno de la región modifique sus conductas. La apelación al diálogo, el empleo de los recursos propios de la política y la democracia, siendo los métodos justos y necesarios, no siempre logran modificar la conducta censurable de un gobierno cuando éste se atrinchera en sus posiciones. Tampoco las medidas extremas, como el embargo o el empleo de la fuerza militar, asegurarían resultados satisfactorios, si en el país no existiera una fuerza interna capaz de liderear la resistencia sin romper con las reglas del juego, es decir, dispuesta a negociar sin exclusiones para restituir el estado de derecho.

La paradoja de la situación hondureña es que el reconocimiento universal de la legitimidad presidencial de Manuel Zelaya va acompañado, a la vez, de una suerte de desconfianza en sus propósitos e intenciones que se filtra reforzando las posiciones renuentes de los golpistas. Sin embargo, a pesar de los temores del presidente costarricense y mediador, a quien le preocupa el posible aislamiento del gobierno de facto, no hay posibilidad de que la Honduras de Micheletti se convierta en una autárquica “Albania centroamericana” pues, por más oligárquico que sea el régimen, se halla unido al mundo por infinidad de vasos capilares que alimentan islotes de intereses vinculados entre sí y comulgan con las mismas ideas, aunque no sean tan torpes como los golpistas hondureños. Al fin y al cabo, el pequeño poder local necesita y se retroalimenta de la gran dominación imperial a la que suelen servir sin embozo sus grandes jefes políticos: los patrióticos de los militares, las camarillas empresariales y sus hombre de pro. Pero en este punto también hay cambios. Aunque no les guste a muchos, “moderados” y “populistas” van en el mismo barco, y eso, por ahora, cuenta.

En el pasado muy reciente –hasta la presidencia de Obama– la capacidad disuasiva de la OEA se sustentaba, además, en el supuesto de que, más allá de las declaraciones, el orden en Latinoamérica está condicionado a los vínculos nacionales de cada país con Estados Unidos, a quien correspondería la aplicación en útima instancia de las sanciones “colectivas” de mayor calado, pues nadie como ese país puede erigirse supervisor, vigilante y, a la postre, garante de la unidad del “sistema” democrático. En otras palabras: las medidas importantes se tomaban en el Departamento de Estado y nada más. En la crisis actual, el gobierno estadunidense decide jugar un papel distinto, condenando el golpe, exigiendo la restitución de Zelaya e, incluso, cancelando apoyos y visas para los miembros del entorno golpista, tratando de marcar las diferencias con el gobierno de Bush o sus antecesores. Y esto, a querer o no, también en un signo de los tiempos que ningún maniqueísmo alcanza a borrar. Pero el gobierno de Estados Unidos, que tiene sus propias presiones y antagonismos internos, y eso conviene no olvidarlo, también perfila un punto de vista propio acerca de la crisis y sus soluciones y con ese cristal observa los movimientos de los demás protagonistas.

Las críticas al retorno de Zelaya, realizadas por el representante estadunidense en la OEA, son significativas, sobre todo porque se dan en el contexto de una reunión donde Estados Unidos (junto con Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú) se abstiene de suscribir el proyecto de declaración en un punto especialmente importante: la posible legitimidad del gobierno que surja de las próximas elecciones, si se producen sin que el depuesto presidente Manuel Zelaya sea restituido. Cabe señalar que así como hubo un intento de blanquear la acción de los militares bajo el manto de las resoluciones judiciales, calificándolo de golpe atípico, constitucional, así se pretende establecer que no se viola principio alguno si de las elecciones convocadas por Micheletti para noviembre surgiera un gobierno democrático, reconocible por la comunidad internacional. Ésta es, en definitiva, la operación que estaba en curso cuando el retorno de Zelaya derrumbó el castillo de naipes que ya se había comenzado a construir.

En la reunión mencionada, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú se abstuvieron de determinar cuál será su posición sobre ese resultado electoral (según Infolatam, 28/9/09) mientras la mayoría de los demás miembros adelantaban su oposición a los resultados de un proceso electoral que se llevaría a cabo bajo el estado de sitio y las amenazas de Micheletti a Brasil y otros países, incluido México.

No sabemos por cuánto tiempo más se sostendrá el frente interno de la oligarquía hondureña en defensa de Micheletti, pero es seguro que tratarán de maniobrar hasta donde les sea posible para impedir que Zelaya vuelva a la presidencia. En todo caso, como ayer lo decía en estas páginas, el industrial Adolfo Facussé, la “salida” sería que Micheletti se fuera a casa y Zelaya a juicio, esto es, una salomónica solución oligárquica que no afectaría el status quo ni las relaciones de fuerza creadas por el golpe. Pero todo lo que sea no regresar a Zelaya a la presidencia será el mayor fracaso de la OEA, la democracia y el multilateralismo.