Futuro Desesperanzador
Cesar Suárez Ortíz
Uno de los sectores que ha sido más afectado en la reciente crisis económica han sido los jóvenes. Durante los últimos años este sector que representa la mayoría de la Nación ha sido descuidado por parte de las autoridades. Es muy común conocer casos de jóvenes recién titulados que no encuentran trabajo, que donde laboran dan muy malos salarios o sencillamente trabajan en algo que no tiene que ver con lo que habían estudiado. Por otra parte, las políticas publicas implementadas por el gobierno atentan más contra el esparcimiento y el desarrollo juvenil, por ejemplo el recorte en el presupuesto de la UNAM y del desarrollo cultural. Si el gobierno sigue en esta tendencia no es difícil imaginar el futuro desesperanzador que vivirá la juventud mexicana. Parecería ser que nos encontramos en una sociedad caníbal en dónde el platillo principal es el joven. Día con día encontramos más barreras y obstáculos para su crecimiento y con esto generaremos una sociedad frustrada, presionada e infeliz.
En países desarrollados como en Europa se han venido implantando políticas públicas en beneficio de los jóvenes en sus sociedades, e inclusive invitan a personas de otros países a disfrutar de sus apoyos, especialmente en el ámbito estudiantil y con mayor frecuencia el laboral. Sin embargo en nuestro país todavía vemos esto muy lejano. Parece ser que para nuestro gobierno los jóvenes representan un peligro a la sociedad o desde una perspectiva de mercado no somos material para una buena inversión.
Lamentablemente mientras nuestro gobierno no tenga la visión de que el futuro de esta nación es la juventud la sociedad mexicana estará cavando su propia tumba y solo reproducirá los niveles de miseria y de descontento social lo que podrá llevar a conflictos innecesarios y gestantes para el país en general.
Privatización eléctrica (reforma mal hecha)
Adolfo Sánchez Rebolledo
En la medida que va conociéndose la situación real de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinta por decreto presidencial, se confirma la intransferible participación de las sucesivas administraciones en la gestación de lo que ahora se considera la crisis irreversible de la empresa. Conviene no olvidar que dicha responsabilidad no es arbitraria, pues está fijada por la ley y abarca el funcionamiento general, así como los detalles técnicos”, gerenciales y laborales. Como la intención obvia es culpar a la organización sindical (en especial al contrato colectivo vigente) como causa de todos los males posibles, la campaña negativa se ha cuidado de no mencionar siquiera los nombres de los funcionarios que hasta apenas hace unas semanas figuraban como máximos directivos de LFC, suscribían convenios y acordaban las políticas a seguir. Así, junto con la extinción, el gobierno pasó a liquidar la historia reciente de la empresa pública, al grado de prohibir la divulgación de las informaciones que retiene en su poder. No obstante, la documentación publicada por La Jornada ofrece la radiografía de una crisis que viene de muy lejos, montada sobre el carro de la reforma (mínima en el papel “estructural” en sus consecuencias) a la Ley del Servicio Público de Electricidad, la cual se pasó por alto la Constitución para abrir una rendija a la generación y venta de los “excedentes” de electricidad por parte de los particulares.
Y es que, más allá de los pretextos en torno a los privilegios sindicales o la denuncia de gravosos pasivos laborales, los datos confirman hasta qué punto la elección del modelo privatizador, asumido como aspiración y guía general de la política económica gubernamental, se concretó en el tortuoso desmantelamiento de las empresas públicas, aprovechando los resquicios creados por las legislaciones secundarias a contrapelo de la Constitución, en clara violación al estado de derecho siempre en boca de los gobernantes.
Para ajustarlas a las conveniencias de un mercado eléctrico creado artificialmente, las autoridades propiciaron prácticas operativas cuyo fin ulterior no podía ser otro que demostrar la superioridad de la empresa privada. La ideología sataniza a la propiedad estatal como fuente de todo mal y obliga al gobernante a rendirse al mercado, pero a ese fin contribuyen el desorden y la corrupción que genéricamente se achacan a la propiedad estatal, cuando lo corriente es que bajo la apariencia de una mala administración suele ocultarse un entramado de intereses ilegítimos.
En el caso de la energía eléctrica es obvio que nunca hubo un intento serio de reformar al sector público en el marco dictado por la Constitución, es decir, para asegurar que el servicio (incluida la generación, distribución y venta) siguiera siendo atribución exclusiva del Estado. Las cosas se hicieron para que al final del día se justificara la entrada (¡salvadora!) de los capitales privados aun a costa de caminar por la ruta de la más flagrante ilegalidad. El objetivo de la política oficial resultó tan obvio como irresponsable: reventar a las empresas públicas para favorecer la participación privada en el mercado eléctrico (y ahora en las telecomunicaciones a él asociadas).
Nunca, desde los días de la Tendencia Democrática de Rafael Galván, volvió a ponerse sobre la mesa del debate nacional una propuesta completa de integración de la industria que mantuviera en pie los lineamientos constitucionales. Hubo, sí, defensas memorables contra las pretensiones foxistas de entregar la electricidad; hay fuerte resistencia al desmantelamiento privatizador que Calderón impulsa desde que era secretario de Energía, pero se echa de menos una visión integradora acerca del futuro de la energía cuyo solo enunciado saca ronchas al poder y sus grandes apoyadores.
El error, si cabe la expresión, surge desde el comienzo, a través de la intentona de “modernizar” al país siguiendo la pauta de un modelo importado: la “privatización”, corazón de la revolución neoliberal, asentado en la fobia a la intervención del Estado, el culto al mercado y el desprecio a lo público. Aun cuando ese programa ha sido vapuleado por la crisis actual, el gobierno panista no tiene a la vista otro mejor. Ni siquiera se lo plantea como un problema digno de atención. Prefiere la ortodoxia, sin meditar, como ayer decía el economista R. Ramírez de la O, que las reformas estructurales por las que suspira Calderón “ya tienen más de dos sexenios frenadas. En efecto, la primera generación de reformas hacia la globalización fue la de Carlos Salinas. Pero para que se pudieran continuar, tenían que estar bien hechas, generar mayor crecimiento y empleo y, con ello, el apoyo social espontáneo. Y ahí está el problema. Las reformas de Salinas no fueron las de Margaret Thatcher en Inglaterra, sino las de Boris Yeltsin en Rusia. En vez de crear mercados competitivos y reglas iguales para todos, sólo transfirieron empresas estatales a grandes grupos privados” (El Universal).
Sencillamente, a pesar de sus aparentes victorias ideológicas, en México al menos la nueva religión fracasó en el intento de promover el crecimiento para disminuir la desigualdad. Pero no se aprende, y de nuevo el Presidente impulsa una “reforma mal hecha”, por sus objetivos, pero también por la naturaleza autoritaria de los métodos empleados. No se puede hablar de futuro cuando se atenta contra la dignidad de miles de ciudadanos a los que se le priva, sin despido de por medio, del derecho al trabajo, como si las empresas públicas fueran propiedad de las camarillas gobernantes.
La cadena de hechos que llevan a la “extinción” de LFC está a la vista: ante la evidencia de que la crisis avanza y el sexenio se termina sin conseguir los éxitos previstos en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno decidió, por razones políticas envueltas en el ropaje de las justificaciones “técnicas”, dar un golpe de timón contra un sindicato incómodo, justo en el sentido que anunciara con bombo y platillo en ese extraño autohomenaje celebrado en vez del informe presidencial. Derrotado en la elecciones intermedias, sin peso en el escenario internacional, aunque satisfecho por la acción mercadotécnica que todo lo puede, el Presidente lanzó la ofensiva para reagrupar a los descreídos tocando las fibras duras del rencor clasista fustigado por la crisis, el imaginario de una parte de la sociedad proclive a rendirse ante la pantalla chica como fuente de la verdad, pero sobre todo a quienes desprecian el diálogo justo porque rinden culto a la fuerza de quien se ostenta como el más poderoso, aunque su legitimidad esté agujereada.
Para culminar la tarea ya se advierten los próximos movimientos aprovechando a los pseudo disidentes. El gobierno da pasos para aislar la protesta, romper la solidaridad y acusar a los líderes de soliviantar la paz pública. Todo conforme a la tradición antisindicalista que el PAN hereda sin remilgos.
Gravámenes y privilegios
Alejandro Encinas Rodríguez
El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país.
Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.
Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.
Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.
Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.
Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.
La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.
Contra el impuesto a las telecomunicaciones
Ernesto Flores
El impuesto a las telecomunicaciones, aprobado por la Cámara de Diputados, tiene todos los efectos perversos: (1) pone a México como contraejemplo del consenso internacional, (2) disminuye o anula el efecto de derrame de un bien con externalidades positivas bien documentadas, (3) retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, (4) impacta negativamente en la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y (5) afecta más a los que menos tienen. A continuación, analizamos cada uno de estos puntos.
Existe consenso internacional, en ámbitos académicos, de la industria y de la política, en que el acceso y adopción de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TICs) son fundamentales para el crecimiento económico y social de las naciones. Las TICs aumentan la competitividad y promueven el desarrollo social, tienen un papel importante en el combate a la pobreza. Sus impactos positivos en la economía han sido ampliamente documentados en todos los ámbitos (educación, salud, agricultura, comercio, innovación…). En la crisis actual, diversos países han puesto en práctica políticas públicas que promueven su desarrollo. Los países del G20 han invertido durante este año más de 3 mil millones de dólares en eso. Australia construye una red de banda ancha que llevará la fibra óptica a los hogares. Estados Unidos discute la iniciativa “broadband for all”. Irlanda plantea la cobertura de banda ancha en todos los hogares. Portugal decreta “urgente” el desarrollo de redes de nueva generación. Singapur mejora y ampliación su banda ancha. ¿Por qué México ha decidido ir en contra de la tendencia internacional estableciendo un impuesto que frenará en lugar de promover el uso de internet?
La contribución del uso de internet al PIB es innegable. A pesar de que la economía mexicana sufrió una caída de 9.2% en el primer semestre de este año, las telecomunicaciones mantuvieron un ritmo de crecimiento de 12%. Como el impuesto propuesto (en cualquiera de sus versiones) aplicará de manera homogénea a todas las empresas prestadoras, es de esperarse que sea cargado a los consumidores y no absorbido por las empresas. Un aumento en precio, aun en escenarios de poca elasticidad, necesariamente se traduce en alguna disminución de la demanda. Esto llevará a la desaceleración en la demanda por nuevas conexiones (o inclusive decrecimiento) y a la disminución en el uso actual de internet. ¿Se está buscando que menos mexicanos usen los servicios y que los que continúan usándolos los utilicen menos?
No hay duda alguna de que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones genera empleo: nuevos empleos directos en su construcción, despliegue y operación; empleos indirectos sustentados en la nueva infraestructura, y empleos creados por los efectos de externalidad de la red. A manera de ejemplo, a precios actuales, se estima que si se cubre la demanda insatisfecha por banda ancha, en México se crearían aproximadamente 39 mil empleos en el corto plazo. A menor demanda debida a un aumento de precio, menor será la inversión, lo que impactará negativamente la creación posible de empleo. ¿El uso de los recursos recaudados por este impuesto podrá generar más empleo? Creemos absolutamente que no.
Por otra parte, los impuestos que gravan a las telecomunicaciones en cualquiera de sus modalidades, tienen efectos regresivos para consumidores actuales y futuros, retardando la adopción de estos servicios.
La encuesta ENIGH 2008 demuestra claramente que entre menores son los ingresos en el hogar, mayor es el gasto proporcional en telecomunicaciones. El hecho de que parezca que la población más rica es la que mayor contribución hará a través de esta nueva contribución se debe sólo a que esta franja de la población ya consume estos servicios, pero no se considera a los usuarios potenciales del servicio. Los deciles más bajos de la población, impactados por el impuesto, harán una de estas cuatro cosas: uno, gastarán una proporción mayor de sus ingresos (en el decil más pobre, los pocos que utilizan internet gastan en promedio casi 11% del gasto total del hogar) y disminuirán el consumo de otros productos, con obvias consecuencias en su bienestar. Dos, dedicarán menor consumo a telecomunicaciones (con la consecuencia directa de menor derrame y menor utilidad). Tres, no contratarán el servicio, retrasando la incorporación del país al mundo digital. Cuatro, cancelarán el servicio, reduciendo el número de los usuarios. ¿Es deseable alguna de estas cuatro consecuencias? ¿Queremos afectar más a los que menos tienen?
En resumen, como hemos dicho arriba, este impuesto pone a México como contraejemplo del consenso internacional, disminuye o anula el efecto de derrame positivo de un bien con externalidades positivas bien documentadas, retrasa la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, impacta negativamente la creación o preservación de empleo directo e indirecto, y afecta más a los que menos tienen.
El gobierno debe comprobar que el ingreso generado por este impuesto adicional a las telecomunicaciones va a generar una mayor contribución a la economía nacional que las externalidades y las derramas que se darían en caso de no existir el impuesto.
Ernesto Flores. Profesor Investigador Asociado, Telecom-CIDE
Una Reforma Fiscal para el Combate a la Clase Media
Gerardo Esquivel
Gracias a la propaganda del gobierno, es ampliamente conocido que el Paquete Económico 2010 propuesto por el Presidente Felipe Calderón contenía una nueva contribución de 2% cuya recaudación se utilizaría, supuestamente, para el combate a la pobreza en el país. Lo que pocos saben, sin embargo, es que el Paquete también contenía una serie de propuestas de nuevos impuestos que parecían estar diseñados para combatir también a la clase media nacional.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la Ley de Ingresos. En la versión aprobada se excluyó el llamado impuesto anti-pobreza, aunque se incluyeron la mayor parte de los impuestos anti-clase media propuestos por el Ejecutivo. Dentro de éstos impuestos destacan el aumento al Impuesto sobre la Renta (ISR) para todas las personas que ganan más de 4 salarios mínimos y un Impuesto a las Telecomunicaciones del 3%.
Con respecto al aumento al ISR, uno se pregunta por qué lo diseñaron como lo hicieron. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo y a lo aprobado por la Cámara de Diputados, el ISR pasará de 28 a 30% de manera temporal (de 2010 a 2012) para todos aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, es decir, para aquellos que ganan más de $6,663 pesos mensuales. Este monto de ingresos, por cierto, es insuficiente para que una familia de 4 personas no sea considerada en situación de pobreza patrimonial (se requerirían alrededor de 8 mil pesos al mes para que no fuera considerada pobre). Ahora bien, según el propio dictamen de la iniciativa, el 61% de la recaudación por este concepto provendría del 7.7% de los asalariados que percibe más de 20 salarios mínimos mensuales. Así pues, uno se pregunta porque deben pagar más impuestos las personas o pequeños productores que perciben ingresos relativamente bajos o de nivel medio (a menos claro, que se considere que 4 salarios mínimos es mucho) y por qué no se concentra la aplicación del impuesto únicamente en los sectores de la población de mayores ingresos lo que, de paso, no solo aumentaría la recaudación sino que también ayudaría a reducir los abrumadores indicadores de desigualdad que han caracterizado históricamente al país. Es por ello que una alternativa a esta medida sería aumentar el ISR únicamente a las personas que obtienen ingresos por encima de, digamos, 20 ó 30 salarios mínimos. Al hacer esto se obtendría una recaudación menor a la que se plantea recaudar ahora, pero se fortalecería la progresividad en la estructura del impuesto sobre la renta.
Por otro lado, con respecto al impuesto a las telecomunicaciones (telefonía fija, celular, TV de paga e Internet) es importante señalar que éstas de por sí ya son demasiado caras en México como resultado de la escasa competencia y de la mala regulación en el sector. Esto ha implicado que el acceso a estos servicios en el país sea relativamente limitado, con lo que se ha excluido a un gran segmento de la población que podría beneficiarse de un mejor acceso a estos servicios. Así, de acuerdo a una encuesta reciente (Septiembre, 2009) realizada por la empresa Consulta-Mitofsky, apenas en el 56.6% de los hogares se contaba con servicios de telefonía celular, en 48.6% con telefonía fija, en menos de una cuarta parte de los hogares se cuenta con acceso a televisión de paga (23.6%) y menos de una quinta parte tiene acceso a servicios de internet (18.6%). Por cierto que, de los usuarios regulares de internet, el 40% declaró utilizarlo para el trabajo y el 25% para la escuela.
Es claro que por los elevados costos de las telecomunicaciones en México, la mayor parte de los usuarios actuales de estos servicios son los hogares de mayores ingresos en el país, sin embargo, precisamente por tratarse de servicios asociados a la diversión, entretenimiento, educación, comunicaciones y tecnología, lo deseable sería que el acceso a estos servicios fuese mayor y no menor, que fuese más democrático no más restrictivo. Es por ello que un impuesto adicional del 3% en estos servicios limitaría aun más el acceso a éstos y afectaría directamente a la clase media actual y a la clase media baja que tendrían que destinar recursos adicionales en este tipo de servicios para evitar que la brecha tecnológica entre ellos y las personas de mayores ingresos sigan en aumento.
En suma, tanto la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo como la finalmente aprobada por los diputados, están basadas en el mismo principio: aumentar la carga impositiva a los sectores de siempre, es decir, a los contribuyentes cautivos y a la ya de por sí mermada clase media. Mientras tanto, otras propuestas alternativas como la de aplicar un impuesto a las transacciones financieras (como ahora ya se está haciendo en Brasil), al patrimonio (lo que hubiera sido realmente una reforma progresiva), a las ganancias en la bolsa o a los dividendos (los cuales, si hubieran estado bien diseñados, se habrían convertido en impuestos dirigidos exclusivamente al segmento de la población de mayores ingresos en el país), se quedarán guardados para una mejor ocasión, es decir, para aquella en la que en lugar de aplicar impuestos para combatir a la clase media realmente se busque implementar una reforma fiscal integral que elimine los privilegios y que combata, de fondo y de lleno, a la desigualdad.
¿Y México… a quién le importa?
Alfonso Zárate
Son obligaciones de los mexicanos: […] Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes:
artículo 31 de la Constitución
Este país nos pertenece a todos. Pero con frecuencia parece lo contrario. Los arreglos en curso para aprobar el “paquete económico” confirman la prevalencia de pequeños intereses (aunque cuantiosos, siempre serán pequeños ante el interés de la nación). Cada fuerza dentro de los partidos, cada sector de actividad económica, cada grupo político se está moviendo para incidir, en su beneficio, en el diseño final de la compleja miscelánea fiscal.
Esos son los usos del poder y nadie debe sorprenderse. Pero la discusión en el Congreso permite también obtener una radiografía del momentum de la política: las negociaciones en lo oscurito con los cabilderos de los grandes intereses que hoy ya no tocan las puertas de Los Pinos porque reconocen la centralidad del Poder Legislativo; el mangoneo de la agenda por los coordinadores o los jefes reales de los grupos parlamentarios (las mayorías resultan borregadas excluidas del debate y llevadas a aprobar lo que deciden las “burbujas”).
En el caso del PRI —la primera minoría en la Cámara de Diputados—, la aprobación de la minuta expresó el poder de la dupla Beatriz Paredes-gobernadores. La lógica dominante fue elemental: aprobar lo que sea, incluido el incremento al IVA, con tal de garantizar más recursos para esos reyezuelos. Pero, ahora, la decisión del Senado de asumir su papel de cámara revisora parece mostrar que allí no mandan los gobernadores y, no sólo eso, que la visión sobre la situación del país y las alternativas para encararla es distinta. Sin embargo, hay que reconocer, sin ingenuidades, que detrás de este revés a los diputados están también alianzas y compromisos con otros poderes y, asimismo, la disputa por el control del partido y, con ello, la candidatura presidencial para 2012.
Conforme pasan los años desde que se consumó la alternancia en la Presidencia, los gobernadores han ido consolidando su poder; un poder que trasciende sus entidades y que carece de contrapesos internos: todo está sometido a sus decisiones, para eso designan a jueces y magistrados, tienen mayoría en sus congresos y meten la mano en los órganos “autónomos”. Son los jefes reales del partido y, en ese carácter, escogieron o “palomearon” a la mayoría de los hoy diputados; no sólo eso, fueron los gobernadores quienes hicieron lo necesario (los amarres, las obras, las despensas, el dinero bajo la mesa, etcétera) para que sus candidatos ganaran en los distritos y, como corresponde, hoy pagan las facturas.
Los gobernadores mandan y eso no es una buena noticia. Todo en Veracruz es fidelidad a Fidel Herrera… Todo en Coahuila es Moreira… Todo en Oaxaca es Ulises… Todo en el estado de México es Peña Nieto… Y mientras el poder de los gobernadores se desborda de sus territorios naturales, el gobierno federal carece de la astucia (pero no de los instrumentos) para frenar sus excesos.
El choque de intereses y grupúsculos en el Congreso puede concluir en un esperpento destinado al fracaso. Falta poco para que veamos quiénes jalaron más la cobija y quiénes se quedan —nos quedamos— descobijados; muy pronto constataremos que mientras otros países enfrentan la recesión con una política fiscal que incentiva el crecimiento económico y el empleo, en México se exprime a los contribuyentes de siempre. Sabremos también qué se resuelve sobre la “consolidación fiscal” que permite a unos 400 consorcios eludir el mandato constitucional y aprovecharse de los privilegios que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Según un documento de la propia SHCP, esos grupos “[…] acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, pero apenas pagan 1.7% en promedio de ISR”.
Hace un año, el presidente Calderón anunció que el país enfrentaría la dura situación económica con medidas contracíclicas. El 2 de septiembre anunció un cambio de rumbo, pero el “paquete económico” y las decisiones de su equipo lo contradicen; los doctores (en Economía) se han equivocado una y otra vez en los diagnósticos y en las recetas, pero los paganos somos nosotros.
El “paquete económico” parece condenado al fracaso. Tapará momentáneamente el boquete que han dejado la recesión, la caída de la renta petrolera, de las remesas que envían los migrantes mexicanos y las divisas del turismo, pero a costa de abrir otros hoyos y dejar más frágiles las finanzas de las personas y las empresas. En tanto, los partidos, insaciables, mantendrán sus prerrogativas, y la alta burocracia de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, sus privilegios.
