Cédula de control social
ERNESTO VILLANUEVA
El presupuesto de egresos que se aprobó para 2010 no asignó recursos específicos para el programa de implementación de la cédula de identidad ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobernación que, tal como fue formulado, representaría varios pasos atrás en las libertades de las personas. Veamos por qué.
Primero. El primer problema del proyecto del gobierno de Calderón consiste en que la intrusión en la vida privada de las personas sería altísima con los servicios de unicidad biométrica –que evita o reduce las duplicidades– y la aplicación del equipo de registro biométrico para capturar hasta 10 datos –huellas digitales, rostro, iris–, mientras que en Estados Unidos se utilizan los datos de dos huellas, y sólo para quienes cruzan las fronteras, de suerte que la mayor parte de la población está exenta de ese registro. Y aunque se ha encargado a Transparencia Mexicana vigilar los procesos de licitación correspondientes, lo cual en sí es positivo, el artículo 107 de la Ley General de Población no prevé dato biométrico alguno entre los elementos de la identificación.
Segundo. El gobierno calderonista afirma que la cédula de identidad ciudadana tiene ventajas, y así es, pero no para la sociedad. De acuerdo con el documento de trabajo de la Secretaría de Gobernación, fechado el 20 de agosto del 2009, esas ventajas consisten en garantizar una “mejor recaudación y finanzas públicas más sanas”, aunque de ahí al terrorismo fiscal no hay ni siquiera un paso; disponer de “una misma forma de identificarse”, lo que si bien facilita en apariencia los trámites, también deja en un estado de “muerte civil” a quien carezca de la cédula, toda vez que sería un requisito imprescindible en casi todas las relaciones que la persona tiene con el Estado; y, por último, procurar una “mejor atención a migrantes mexicanos en el exterior a través del reconocimiento de su nacionalidad por medio de los datos biométricos”. Este rubro, traducido al español, permitirá a las autoridades migratorias de Estados Unidos tener un mayor control de los migrantes mexicanos, habida cuenta que el equipo biométrico utilizado allá es idéntico al que México pretende.
Tercero. Otro aspecto que alimenta el debate es el propósito gubernamental de certificar “el resguardo de información con base en las recomendaciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)”. Aquí conviene recordar tres cuestiones fundamentales: a) El IFAI no es por mandato constitucional ni legal un órgano garante de la protección de datos personales; sí tiene, empero, algunas atribuciones en la materia, pero carece de coercibilidad, es decir, no puede asegurar su cumplimiento; b) no existe una ley de protección de datos personales que regule la obtención, el uso y el destino de los datos de las personas; y c) el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que “no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos”. Esto quiere decir que, con dichos fundamentos legales, la Secretaría de Gobernación puede proveer a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República o a cualquier otra “dependencia” o “entidad” la base de datos entera para el desarrollo de sus atribuciones. Al respecto, no es casual que precisamente en el numeral segundo del punto XII del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se prevea “expedir la cédula de identidad”.
Cuarto. Ante el fracaso del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado, ahora se quiere amputar el derecho fundamental a la vida privada en aras de una teórica e improbable seguridad pública. La cédula de identidad ciudadana debe ser creada, pero no bajo la lógica policial del gobierno de Calderón. El Instituto Federal Electoral debería convertirse en la autoridad responsable de cumplir con esta tarea por tres razones: a) porque la normatividad electoral tiene candados –de los cuales carece la Ley de Transparencia– para proteger los datos personales; b) porque es un órgano colegiado autónomo constitucional, con pesos y contrapesos internos, que eliminaría o acotaría la posibilidad de que la cédula sea un instrumento de control social, policiaco y fiscal; y c) porque se evitaría duplicar la inversión de recursos económicos al aprovechar la infraestructura y experiencia del IFE.
En todo caso, la Secretaría de Gobernación podría contribuir con la recolección de los datos de menores de edad y de extranjeros. Es tiempo de hacer los cambios legales para tal efecto. l
