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viernes, 18 de septiembre de 2009

Opinión

País de excesos e impuestos para combatir a la pobreza

Allan Orozco Vélez

El pasado 14 de septiembre, diversos medios de comunicación dieron a conocer que según información difundida por la página de transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, la Secretaría Administrativa de dicha institución pagó un millón 370 mil pesos a la empresa Industrias Jafher por los muebles de las oficinas de los magistrados Armando Maitret y Miguel Covián, así como para su personal de confianza. Dentro de este contexto, el Gobierno federal presentó a través del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la propuesta de paquete presupuestal para 2010, el cual propone como novedad, un impuesto del 2 por ciento, que según los ideólogos del calderonismo es para “combatir a la pobreza”, además de incrementos a la tasa del ISR, impuestos a las telecomunicaciones y a productos como tabacos y bebidas destiladas.

La propuesta no propone una revisión a los regímenes especiales y exenciones, como diversos sectores de la sociedad han propuesto y que incluso, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció durante su pasada comparecencia en la Cámara de Diputados, que la evasión fiscal y devolución de impuestos de las grandes tiendas comerciales suman 90 mil millones de pesos al año y los gastos fiscales representan anualmente 465 mil millones de pesos, es decir, el 3.87 del Producto Interno Bruto.

Y es así como el Gobierno federal busca hacer frente al “boquete” de 300 mil millones de pesos, con un avalancha de impuestos, grabando el consumo en su modalidad de alimentos y medicinas bajo el argumento de que “serán los que más consumen quienes más paguen”. Pareciera que la lógica del calderonismo omite que son las familias de más bajos recursos quienes destinan mayores recursos a su supervivencia, que se refleja en gran medida en el consumo de alimentos y medicinas, y que son los sectores con más ingreso quienes destinan en menor proporción que el sector de menores ingresos, recursos a alimentos y medicinas. Además, resulta ilógico que en un ambiente recesivo el calderonismo proponga aumentar los impuestos, cuando lo que requiere la economía mexicana es ingreso disponible para consumir y estimular así la producción.

Resulta imperativo que en un país con tanta desigualdad, la clase política, en todos sus niveles, reduzca de forma real, en por lo menos 50 por ciento, sus gastos. Resulta insultante que consejeros de instituciones cada vez más deslegitimadas, que minimizaron un movimiento plenamente ciudadano como el del Voto nulo, gasten más de un millón de pesos en la remodelación de oficinas. Como este exceso del Instituto Electoral capitalino se barajean infinidad de casos más, como el gasto en publicidad del Gobierno federal, que proyectó gastar en 2009 mil 875.8 millones de pesos en la promoción de “acciones y logros” que la población no percibe. Es imperante que el paquete presupuestal que aprobará el Congreso de la Unión contemple hartas reducciones al gasto corriente de la alta burocracia, no deberán de ser los burócratas de bajo nivel, como secretarias, mensajeros e intendentes quienes sufran recortes en sus salarios, sino secretarios de Estado, legisladores, y por el descaro citado al inicio de esta columna, autoridades electorales.


El secuestro imposible de doña Jacinta

La justicia mexicana pone en libertad a una indígena a la que condenó a 21 años por secuestrar a seis policías de élite


PABLO ORDAZ | México 16/09/2009

¿Pudo doña Jacinta, una mujer indígena de 1,50 de estatura y 80 kilos de peso, secuestrar sin armas a seis policías mexicanos de élite? Todo el mundo en su sano juicio respondería que no, menos un juez de Querétaro que la condenó sin escucharla a 21 años de prisión y la mantuvo entre rejas tres años y un mes. Hasta ahora. La Fiscalía General de la República, abrumada por la presión mediática, no tuvo más remedio que confesar que no tenía pruebas contra doña Jacinta Francisco Marcial, vendedora de nieves (helados) y aguas frescas.


-¿Cómo se siente?

-Contenta.

Fue lo único que acertó a declarar doña Jacinta tras salir de prisión. "Contenta". Porque durante los últimos tres años, primero en otomí y luego en el español precario que aprendió en prisión, la palabra que más repitió sin que ni la policía, ni el fiscal ni el juez le hicieran caso fue: "Inocente". Sólo cuando una organización de Derechos Humanos, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, decidió tomar su defensa y airear el caso en la prensa, la justicia mexicana empezó a moverse incómoda. Pero no por la suerte de la mujer indígena, que aún tuvo que pasar una buena temporada más en prisión, sino por la imposibilidad de mantener la acusación a la luz del día. Este periódico visitó a Doña Jacinta a finales del pasado mes de junio en la prisión de Querétaro. Y en medio del patio, a veces entre lágrimas, esto fue lo que contó.


Que todo empezó el 26 de marzo de 2006. Que aquel domingo, seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas que los acreditasen como tales, llegaron al mercado ambulante de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán y que arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Que los comerciantes se enfadaron, los rodearon y les pidieron la identificación. Que los policías se negaron. Que la tensión creció. Que la situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a uno de los jefes policiales se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos causados y aquí paz y después gloria. Que a los comerciantes les pareció bien siempre que uno de los policías se quedara con ellos mientras el resto iba a por el dinero.


También contó doña Jacinta que de aquello no se enteró hasta después de la misa de once. Se acercó a ver el alboroto y fue entonces cuando un fotógrafo de prensa la retrató, en tercera o cuarta fila, en actitud pacífica, mirando. Pero fue esa fotografía, sólo esa fotografía, la que utilizó la policía para detenerla, y el fiscal para acusarla de secuestro, y el juez para condenarla a 21 años sin siquiera escucharla. Ahora que por fin doña Jacinta está libre y "contenta", queda otra pregunta más difícil de responder que la que abre esta crónica: ¿cuántas Jacintas más, mujeres indígenas y pobres, dormirán esta noche injustamente en alguna prisión mexicana?




La capital con equidad..a medias

Andrés Lajous

El gobierno de Marcelo Ebrard se ha puesto un parámetro propio frente al que tiene que ser evaluado: “Ciudad con equidad”. Este lema aparece en casi toda la propaganda y documentos de gobierno como una expresión del objetivo deseable que por sí mismo ha establecido.

¿El Distrito Federal es una “Ciudad con equidad”? ¿La acción de gobierno se rige bajo ese principio?

Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, ex alcaldes de la ciudad de Bogotá en Colombia, defendieron la recuperación del espacio público, los espacios compartidos, como parte de una visión de equidad. En ciudades donde los coches no tienen la prioridad en el diseño y planeación urbanas, las personas se pueden ver unas a otras sobre la calle, a la misma altura, al mismo paso, compartiendo un espacio común. Con largas calles peatonales y circuitos para bicicletas se logran cuartear las barreras visibles e invisibles que en América Latina son creadas por la discriminación y por la desigualdad socioeconómica.

Desde esta perspectiva, el GDF ha acertado en promover la creación de paseos dominicales para bicicletas, el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte, y con varios proyectos (como el Metrobús) logró mostrar su compromiso con el transporte público. Para quienes han participado en estos paseos o han cambiado su medio de transporte, las barreras sociales se pueden cuartear simplemente porque desde la calle (que no desde los automóviles) se puede adquirir una perspectiva diferente.

Desde las calles es difícil percibir que la equidad exista como principio de gobierno. Si uno va en bicicleta o a pie sobre avenida Reforma puede ver con gusto las exposiciones fotográficas en las rejas del Parque de Chapultepec a la altura de la colonia Polanco. Puede avanzar hacia las glorietas de la Diana, el Ángel, Colón, el Caballito, y medir la inversión económica en la zona a partir de las anchas banquetas con bancas, esculturas y largas arboladas. Se logra ver grandes y nuevos edificios que ofrecen oficinas, comercios y residencias de lujo. Se puede celebrar que Reforma adquiere poco a poco los aires de la avenida principal de una ciudad cosmopolita.

Sin embargo, si uno sigue su paseo después del cruce con avenida Hidalgo, ve otra ciudad. No una ciudad vibrante sino una abandonada. Los espacios compartidos están en desuso, abandonados o privatizados. Entre más se acerca uno a la delegación Gustavo A. Madero, peor se pone. La cantidad de árboles y plantas se reduce metro a metro, las banquetas no han sido remozadas ni ensanchadas para privilegiar al peatón, el pavimento no ha sido cambiado en años. Reforma, en la colonia Guerrero, frente a la colonia Polanco, parece otro país. Los grandes anuncios de inversión, rescate, mejoramiento, diseño y turismo no llegan hasta allá. El mensaje a los habitantes que viven más allá de avenida Hidalgo parece ser: “Ustedes importan menos”. En este abandono la palabra equidad toma su sentido estricto: “Lo que cada uno merece, y a ustedes, ahí les tocó vivir”.

Esta descripción que simplemente parece anecdótica está apoyada por la evaluación que casi 330 mil ciudadanos han hecho de los servicios de la ciudad a través de la Evaluación Ciudadana de Servicios Públicos 2008, elaborada por el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, en conjunto con el GDF.

Entre los servicios que ofrece el GDF: agua, educación media superior, mantenimiento e iluminación en avenidas, actividades culturales y recreativas, mantenimiento del drenaje y alcantarillado, bacheo y calidad en avenidas, y vigilancia policial, se logra dilucidar que las delegaciones con mejores servicios son Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Para darse una idea de las desigualdades que existen, en el caso de la provisión de agua potable, sólo a 12% de los participantes de la evaluación en Miguel Hidalgo les parece malo o pésimo el servicio, mientras que a 43% de los participantes en Iztapalapa les parece malo o pésimo. Este mismo patrón se puede ver a grandes rasgos en los servicios de Xochimilico, Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta, que suelen estar entre los peores evaluados en casi todos los rubros.

Si la “Ciudad con equidad” es la apuesta del GDF, entonces nos tiene que dar muestras de ello. La política social de subsidios a las personas, pese a su éxito, tan sólo puede ser una parte de la estrategia. Las señales de que una o un ciudadano es tan importante como el otro no sólo están definidas por el ingreso, tienen que estar definidas con políticas que nos pongan a todas y todos en la misma calle.



Corrección legislativa,rectificación presidencial

Manuel Camacho

En unos cuantos días se acabaron el discurso del cambio que intentaron posicionar el 2 de septiembre. El presupuesto hizo resucitar la receta ortodoxa que desentona con el aprendizaje del resto del mundo. Los cambios en el gabinete son inexplicables si lo que se buscaba era relanzar al gobierno. La percepción dominante es que el presupuesto agrede a muchos y no servirá para la recuperación, mientras que los nombramientos los hizo un gobierno atrapado por los intereses y carente de cuadros.

La derrota electoral del PAN y el agravamiento de la crisis económica a lo largo de 2009, exigían de una respuesta no rutinaria de parte del Ejecutivo. La mejor apuesta, sin duda, era dar un golpe de timón. Con el discurso del 2 de septiembre, muchos pensaron que se estaba reconociendo la gravedad de la situación. Se publicitó el cambio de rumbo que vendría, aunque al momento de izar las velas no hubo marineros que hicieran los amarres y al momento de dar el giro, tampoco capitán que se aferrara al timón. En días se perdió la ilusión del cambio. A ese ritmo ni siquiera quedará un referente testimonial para 2012.


La política económica es un paquete de ajuste ortodoxo que le pasa la carga a las clases medias y a los sectores de menores ingresos. Los cambios en el gabinete han provocado escepticismo. No se explicaron las razones de las remociones. No se definieron las nuevas directrices que se deberían cumplir. Las nuevas designaciones, en vez de sumar, han restado. ¿Qué ventajas tienen el nuevo procurador y el director de Pemex respecto a sus antecesores? ¿Qué tienen que ver esos nombramientos con la gran agenda del cambio que tanto se publicitó? ¿Con qué autoridad van a llegar los nuevos funcionarios a ejercer sus muy difíciles responsabilidades, si ni al arranque del proceso hay quien los defienda?

Antes de que la conjunción de presiones, complicidades, incompetencia y carencia de cuadros dejen al país con un gabinete aún más debilitado y cuestionado, convendría que Felipe Calderón rectificara. ¿Un financiero para Pemex, cuando la empresa necesita aumentar radicalmente su productividad? ¿Un procurador descalificado por las organizaciones de derechos humanos, debilitado dentro y fuera de México, cuando para enfrentar al crimen y la impunidad se necesita, sobre todo, de una autoridad prestigiada e independiente que haga creíble el estado de derecho?

El nombramiento del director corresponde al Presidente. Sería mejor rectificar a favor de un profesional prestigiado y con liderazgo. El del procurador, lo comparte con el Senado. Está en manos del Presidente y los senadores dar un paso decisivo a favor de la autonomía judicial.

El Congreso, los diputados y senadores, tienen otra grave responsabilidad: corregir el paquete económico, para equilibrar a los intereses financieros que lo dominan, con los intereses de un mercado interno que se está asfixiando. Los legisladores y el Presidente tienen poco tiempo para corregir y rectificar.



Tiempos perdidos

Adolfo Sanchez Rebolledo

Los discursos de los secretarios de Hacienda (de éste, al menos) son temibles, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales. Siempre se las arreglan para fomentar la sensación de que lo peor está por venir”. En vez de dar seguridad, confianza en que si se hace un esfuerzo equilibrado y sobre todo justo saldremos adelante, prefieren el golpe seco de las malas noticias para concluir con una ronda retórica de saludos a la bandera y las consabidas promesas de que habrá, si Dios lo quiere, un futuro brillante al cabo de la tormenta. ¡Que distintos sonaban esas proclamas en épocas de bonanza petrolera cuando los jefes de las finanzas públicas distribuían el pastel como si éste fuera eterno y sin guardar para los tiempos duros algunos ahorros! Junto con las grandes reservas del subsuelo, gracias a la ineficiencia y el despilfarro irresponsable, los ingresos declinaron bajo la chata consigna de gastar mucho con vistas a conservar y reproducir sin cambios mayores el poder en la república feudalizada, aunque se profundizaran los abismos sociales entre los mexicanos. No hubo planes a largo plazo. Tampoco se realizaron las inversiones requeridas, aunque algunos vivos se fortalecieron durante la danza sexenal de la oligarquía. El crecimiento, esa utopía de las nuevas generaciones, se quedó en eso, mientras la desigualdad hizo lo suyo, cercenando esperanzas y posibilidades de progreso. A querer o no, los boquetes en salud, las deficiencias educativas, la corrupción, la inseguridad, nos hacen un país más frágil y, por ello, menos soberano. Visto en perspectiva, la ilusión de la modernidad ha sido de algún modo un mal sueño: en vez de concretarse en una idea capaz de organizar el presente para ganar el futuro se impuso la imitación servil, la calca ciega de las recetas importadas y en un lugar de impulsar una visión de Estado se favoreció el egoísmo particular de los intereses privados.

El estallido de la crisis afectó en muy poco la línea del gobierno, como si aquí no pasara nada. En vez de pensar seriamente en la reforma fiscal que el país requiere, el gobierno, por boca del secretario de Hacienda, ofrece parches, como ese esperpento al que indignamente se denomina “impuesto contra la pobreza”, cuando no es más que una exacción generalizada que no se atreve a decir su nombre, pero a la cual se le concede el poder mágico de hacer que cada peso recaudado se convierta en 10 para los “que menos tienen”, según reza el eufemismo con que los altos burócratas acaban de invisibilizar por completo a los pobres de la tierra.

No hay, por desgracia, una estrategia contra la crisis, pues el paquete fiscal no es más que una forma de saciar la sed de recursos que el gobierno requiere para seguir como hasta ahora. De nuevo, el inmediatismo se impone como sustento de la improvisación nacional: gastar y recortar, ha eso se reduce la sabiduría económica oficial. Pero hay algo más, pues si las cifras anunciadas revelan la ausencia de imaginación, su timidez bien portada ante ya no se sabe quién, también denotan la falta de respeto que les merecen sus efectos. ¿Cómo un gobierno preocupado por el bien común puede anunciar en frío el despido de 10 mil personas de la burocracia sin vislumbrar algunas opciones menos lesivas? Eso, al señor Carstens no le interesa ya que detrás de cada puesto de trabajo sólo ve números, no personas, pues cree que “no podemos –cito literalmente– pretender vivir en una ficción en la que se le exija al gobierno reducir su tamaño sin que haya pérdida de empleos”. Vaya paradoja: el autodenominado gobierno del empleo carece de otras opciones que no sean las de despedir a la gente, macheteando secretarías enteras sin antes someterlas a un ajuste racional. Y así en otras materias. En el fondo, dicho sea con las palabras del economista Ciro Murayama, el gobierno no sabe “distinguir entre empresas y empresarios, entre productores en apuros o entre personas adineradas. (En el paquete presupuestario) pudo bien preverse un aumento en las tasas más altas que se cobran a las personas físicas –los ricos pues– y a las empresas, dejando a éstas sin presiones adicionales ahora que, de por sí, les va mal”. Pero esas sutilezas no encajan con la visión tecnocrática y deshumanizada sostenida por los expertos de Hacienda, como tampoco puede sorprender la pretensión machista de reducir las partidas cruzadas por una perspectiva de género, como hizo notar una diputada.

Si alguien creyó que el decálogo presidencial del 2 de septiembre significaba una rectificación del rumbo, hoy, a la vista del paquete fiscal, sabe que fuera de la privatización y la reforma laboral mutiladora de los derechos colectivos, los gobiernos panistas asumen como si fueran nuevas y originales las propuestas que otros van desechando a la basura, como pasa con la prohibición de aumentar el déficit por encima del ridículo medio punto que el gobierno ha convertido en dogma. Así, mientras en el mundo capitalista desarrollado se ensayan medidas heterodoxas para hacer funcionar la economía y minimizar los efectos socialmente catastróficos del desempleo, en México, la autoridad hacendaria se empeña en ganar la medalla de buena conducta en la aplicación del catecismo económico, tan tardía y dificultosamente aprendido.


Diagnóstico y propuesta

Por José Woldenberg


No existe nada más corrosivo para la convivencia social que el decrecimiento económico, el incremento masivo del trabajo informal y el desempleo, la expansión de la pobreza, el ensanchamiento de la desigualdad, la inexistencia de redes de protección social. Y todo ello, por desgracia, está ocurriendo ante nuestros ojos. No se trata de unos puntos más en la agenda, sino de los temas que acabarán o no forjando las condiciones para una coexistencia medianamente armónica.

Por ello es de celebrarse que un grupo de especialistas se hayan reunido a discutir durante varios meses para diseñar un diagnóstico y una propuesta alternativa de política económica. Bajo el amparo de la UNAM, 17 conocedores de la materia han presentado un documento titulado "México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo". Son autores de la iniciativa: Eugenio Anguiano, Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Carlos Heredia, David Ibarra, Leonardo Lomelí, Prudencio López, Mauricio de Maria y Campos, Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Norma Samaniego, Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila, Carlos Tello Macías y Enrique del Val.

No omiten un diagnóstico sobre la forma en que la crisis internacional impactó a la contrahecha economía nacional, pero el acento lo ponen en el análisis de nuestros déficits y en las políticas que podrían ser impulsadas desde dentro. Y ello por algo elemental y fundamental: se trata de pensar en la responsabilidad propia y en las variables que se pueden controlar incluso para hacer frente a las vicisitudes que llegan "desde fuera". Porque a pesar de la interdependencia creciente entre las economías, los Estados nacionales siguen contando con "grados de libertad" que es posible explotar. Máxime ahora, cuando "comienza el fin de la época de la desregulación y de la extrema libertad de los mercados; crece la convicción de que el crecimiento no tiene por qué ir acompañado de desigualdad o desempleo y que un Estado activista, con mayor autonomía, es condición ineludible a la estabilidad de las economías y al bienestar de las poblaciones".

Nuestra economía tiene una "fragilidad estructural" que es consecuencia de la débil infraestructura, de la contracción de la demanda interna, de la caída de la inversión pública que no ha podido ser suplida o compensada por la inversión privada, de "la incapacidad del sistema financiero para canalizar crédito a las actividades productivas". Y si a ello le sumamos la famélica captación fiscal que condiciona al gasto público, y las crisis del sector rural y del manufacturero, tenemos un cuadro general que ayuda a explicar por qué los saldos sociales de la crisis y la política económica son tan devastadores.

Por ello, los autores del documento proponen una batería de iniciativas que intentando modelar el futuro del país más allá de la crisis, abran paso a "un nuevo modelo de desarrollo", "que se despliegue en un crecimiento económico alto y sustentable, así como en una progresiva redistribución social y regional del ingreso y de los frutos de ese crecimiento". Para ello es necesario, apuntan, un "nuevo acuerdo colectivo" de cara al cual podría jugar un papel relevante un Consejo Económico y Social, que si mal no entiendo intentaría sumar al circuito del debate legislativo, otro en el que participaran los principales actores de la economía del país.

Repasan uno a uno los campos en los que se despliega la política económica y proponen cambios de fondo: una reforma fiscal progresiva y redistributiva como catapulta de un "nuevo pacto social"; un gasto público austero, pero incrementado en campos estratégicos: infraestructura y programas sociales de alto impacto, ejercido de manera transparente y fiscalizado por el Congreso; una política monetaria no comprometida en forma exclusiva con el control de la inflación sino también impulsora del crecimiento y el empleo; y un sistema financiero generador de proyectos de desarrollo. Además, sugieren una serie de políticas sectoriales (infraestructura, industria manufacturera, agricultura) con el fin de fortalecer esos ramos y generar empleo e integración social.


Se trataría de empezar a construir un piso para la edificación de un auténtico Estado de bienestar, cuyos pilares "deben ser el acceso a la educación y a la salud, un sistema de pensiones con cobertura universal, así como un seguro de desempleo". Se buscaría anudar la política económica y la social en un horizonte que permitiera a los ciudadanos apropiarse y ejercer sus derechos, al tiempo que la economía crece generando empleo y atemperando las desigualdades.


No parece ser un planteamiento utópico. Sino una ruta que al trazar el horizonte deseable diseña una serie de medidas capaces de construirlo de manera paulatina pero sostenida. Por supuesto hay otros análisis y propuestas, pero lo que resulta ineludible es el debate que, por acción u omisión, acabará modelando el futuro del país.