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viernes, 19 de febrero de 2010

OPINIÓN 19 DE FEBRERO DE 2010


El boletin de opinión incluye textos de Nancy Mejía, Erik Pérez y Miguel Angel Flores, colaboradores regulares de este boletín. Nancy nos habla de la terrible plaga que nos azota y que se llama obesidad, en tanto que Erik y Miguel angel subrayan el tema de la impunidad. Además incluimos colaboraciones de varios editorialistas de periódicos de circulación nacional alrededor de los dos temas más comentados esta semana: los asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez y el tema de las alianzas para elecciones de gobernador en algunas entidades federativas.

Obesidad: un problema de la sociedad de consumo
Nancy Mejía

La obesidad se ha convertido en una epidemia mundial: se estima que alrededor de 1000 millones de personas la padecen (OMS). Antes era considerada un problema de países desarrollados y actualmente, de forma irónica, muchos de los países que luchan por combatir el hambre también luchan por combatir la obesidad: el porcentaje de personas desnutridas se equipara al número de personas obesas, es decir, la malnutrición alcanzó a los más pobres en los dos sentidos.

Un estudio hecho por las Naciones Unidas (1999) reveló que el problema de la obesidad se encuentra en todas las regiones en desarrollo y se incrementa vertiginosamente, incluidos los países donde hay hambruna, por ejemplo, China pasó de un 10% de obesos a un 15% en sólo tres años; en Brasil y Colombia la cifra abarca un 40% (parecido al de países europeos) y en África subsahariana, la población con obesidad se está incrementando, sobre todo en la población femenina urbana.

Una característica común a todas estas regiones es que la obesidad aumenta conforme aumentan los ingresos. México ostenta el terrible título de segundo país más obeso con un 72% de mujeres afectadas y un 67% de hombres. Esto se encuentra directamente ligado al aumento en el consumo de alimentos procesados también conocidos como alimentos chatarra.

A pesar de que en los últimos 10 años se dispararon los índices de sobrepeso y obesidad –y en consecuencia los de diabetes e hipertensión que son la primera y segunda causa de muerte- el Estado mexicano no había emprendido acciones para detener y revertir el problema. Ahora lo intenta pero aún no se atreve a tomar medidas drásticas: sacar los alimentos chatarra de las escuelas y generar una campaña que desenmascare a los culpables: la gran industria de alimentos procesados.

Para entender –y enfrentar- el problema de la obesidad se tiene que admitir que existe un ambiente obesigénico, es decir, influyen varios factores: las empresas productoras de alimentos chatarra, la publicidad engañosa dirigida a niños, los malos hábitos alimenticios en la familia, la falta de espacios recreativos, la vida sedentaria y la ausencia de políticas públicas.

Al Estado parece no caerle el veinte que el problema no se resuelve con una campaña, no basta con sensibilizar a la población diciéndole que coma bien y se ejercite, se deben poner a su alcance los medios para lograrlo: ¿cuántas personas saben que tomar una lata de coca-cola de 355 ml equivale a 9 cucharadas de azúcar?, ¿cuántas pueden pagar un nutriólogo?, ¿cuántos padres saben que sus hijos ingieren más de la mitad de las calorías que requieren en las primarias donde pasan en promedio 4 ½ horas? ¿Cuántas personas saben que las y los niños necesitan una actividad física intensa de 40 min al día para no desarrollar sobrepeso u obesidad y que en las primarias sólo dos veces por semana tiene clase de educación física con 15 minutos de actividad intensa? Y ¿cuántos saben que caminar media hora sólo quema 200 calorías y comerse un chocorrol aporta 300?  Yo,  no….


Juego de mentiras.
Erik Pérez

A poco más de 15 días de lo ocurrido en Cd. Juárez Chihuahua, donde tuvo lugar una masacre de 16 jóvenes estudiantes de preparatoria, donde el narcotráfico hizo otra vez de las suyas en contra de víctimas inocentes. Un hecho que al día de hoy lo ciudadanos de dicha localidad no ven una solución por parte del gobierno favorable para atender sus demandas. Todo indica que los acontecimientos ocurridos al igual que en la guardería “ABC” quedaran registrados en otra lista más de la impunidad que se vive en este país.
A raíz de esta situación el presidente de la república convocó a una reunión privada con los titulares encargados de la seguridad del país, para discernir sobre lo que tiene que replantear el gobierno federal en su lucha contra el narcotráfico. Posterior a esta reunión se plantea la posibilidad de una inversión aproximada de 630 millones de pesos iniciales para el programa Todos somos Juárez. La pregunta que yo hago, ¿era necesario haber llegado a estas instancias tan difíciles como para no darse cuenta que al crimen no se le combate únicamente con armas y con el ejército en las calles? ¿Acaso fue muy tarde para darse cuenta de la incapacidad de respuesta del gobierno en materia de seguridad pública? Parece que sí.
El estado de Chihuahua que por mucho tiempo fue punta de lanza en la industria textil, de inversiones de capital extranjero así como de gran importancia para el mercado interno. Ahora la cara es otra, la IP prefiere no invertir porque ve una ciudad insegura, un gobierno rebasado por el crimen organizado desde una década para acá  y desafortunadamente parece ser un poco tarde para resarcir el daño.
El presidente de la republica invita a los juarenses a que se sumen en este magno proyecto para rescatar Cd. Juárez, sin embargo la gente ya está cansada y aburrida del mismo discurso político. Al crimen organizado no solo se le enfrenta con armas, es necesaria la implementación de una política pública integral en materia de seguridad que ayude a recuperar los espacios que el narcotráfico ha logrado ganar con el paso del tiempo.


INVITADOS INCÓMODOS
Miguel Angel Flores  


El narcotráfico y la delincuencia organizada a partir de los años ochenta y noventa,  aproximadamente, cobraron importancia en México  debido  a la gran demanda de droga  por parte de Estados Unidos, y de la debilidad del aparato policiaco. Recordemos que la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, tuvo que ser desmantelada al igual que el Instituto Nacional de Combate a las Drogas por haber sido penetradas hasta el hueso por el narcotráfico. ¿Cómo puede ser que una estructura mastodóntica  pueda ser al mismo tiempo  tan liliputiense? Un enorme aparato organizacional para la producción, distribución, circulación de drogas y otras substancias ilegales; contrasta con su capacidad para infiltrarse en la estructura gubernamental y controlarla de manera furtiva. Esta singularísima contradicción crea incredulidad e ilegitimidad en las acciones del gobierno. Un claro ejemplo es el de Ciudad Juárez Chihuahua en dónde sus desesperados ciudadanos, exigen  que las promesas de los gobernantes sean cumplidas. Piden un diálogo directo con aquel poder superior y legítimo, que se supone debe representar el ciudadano presidente Felipe Calderón, en su visita del 11 de febrero a Ciudad Juárez la madre de dos de los quince menores asesinados le increpó y reclamó justicia; era muy notorio que el presidente no estaba preparado para un discurso que  argumentara, propusiera y persuadiera. Por lo contrario recito un clásico monologo, sordo e insensible, al grito de los pobladores de Ciudad Juárez.

Como se ha venido diciendo  en reiteradas veces; el tejido social de ciudad Juárez esta degradado y es muy improbable que una organización punitiva como el ejercito pueda repararla los juarenses no solo son amedrentados por parte de los grupos delictivos sino que también son aterrorizados por el ejército nacional, debido a la constante violación de sus derechos. Ahora que se pretende elaborar una estrategia más integral se está conformando  otro tipo de arena con diferentes actores y distintas relaciones.  Se dieron cita el Gobernador del Estado, los secretarios del Trabajo y Previsión, Economía y Reforma Agraria, el Director General de Promoción financiera del Municipio, Salud, y de Educación se reúnen con empresarios y académicos para formular sus propuestas y principales demandas. A pesar de su alto poder de decisión estos actores no tienen ninguna credibilidad; puesto que la credibilidad de las organizaciones se finca en la obtención de resultados, que en Juárez han sido inexistentes.

Las organizaciones administrativas centralizadas y en general todo el aparato gubernamental tiene que luchar contra sus burocracias y los poderes personales que residen en su seno e impiden que los objetivos prometidos se cumplan, el grado de control tanto central como ciudadano es pobre o no existe. Es indignante que la Auditoria Suprema de la Federación haya encontrado siete mil  setecientos cuarenta y cinco irregularidades en el uso de recursos públicos y la mayoría de estos fueron encontrados en las transferencias de la federación a los estados y municipios y peor aún revelan subejercicio en materia de seguridad en ciudad Juárez. Esto habla de displicencia y discrecionalidad en la ejecución de los recursos: tiene que existir control de las burocracias administrativas y parece que por parte del poder central nunca va  a llegar. Sólo queda como decía Edgardo Buscaglia  necesitamos que el ejercicio del poder público se democratice diariamente mediante un control de la decisión y la ejecución de los planes y proyectos para combatir la impunidad y la corrupción.   


Ciudadanos invisibles
Adolfo Sánchez Rebolledo

El gobierno asesina los últimos vestigios de libertad sindical sacrificando el mayor patrimonio de un país: la fuerza laboral con capacitación profesional. Unas veces se cierran las empresas para deshacerse de sindicatos incómodos o indispuestos a plegarse a la lógica expoliadora de los propietarios; otras, a las amenazas cumplibles de aplicar la fuerza pública contra los inconformes se suman las triquiñuelas formales que permiten disolver la relación obrero-patronal en medio de  una huelga previamente declarada existente, ratificando la sospecha de que el estado de derecho es, en el mejor de los casos, un ritual de gestos congelados o simple falsificación.
El objetivo es el mismo: favorecer desde el poder a una minoría acostumbrada a que gobernantes, autoridades laborales y jueces les concedan los máximos privilegios aun al margen de lo dispuesto por ley, como si en estos años nada hubiera cambiado en la cultura excluyente del viejo corporativismo. ¿Qué clase de democracia puede sobrevivir si a los sindicatos reconocidos por ley se les reduce a la nada laboral mediante la pérdida por vía judicial de los derechos que la Constitución les asegura? ¿Qué ciudadanía podría surgir y fortalecerse en un país donde la defensa del interés profesional de los trabajadores está sujeta a las necesidades de un modelo productivo que no asume el diálogo social como componente estratégico del desarrollo nacional? ¿Qué sociedad estamos construyendo si en vez de ampliar el peso del mundo del trabajo las fuerzas dominantes se empeñan en pulverizarlo, disociando de manera perversa el ejercicio de la libertad del voto en las urnas? 
La ofensiva antisindical que ha emprendido el actual gobierno tiene aristas políticas e ideológicas, pero hasta donde se alcanza a observar no implica, como cándidamente reclaman algunos opinadores, la liquidación de una forma de “monopolio” corrupto enquistado en el universo sindical, pues son conocidas las relaciones de respeto mutuo, cuando no de franca alianza entre el SNTE o el sindicato petrolero y el Ejecutivo, por no hablar de la consideración hacia contratos de protección y otras lindezas.
Visto más de cerca, se busca remover los obstáculos más incómodos, sean éstos el SME o los mineros, en una suerte de declaración de intenciones “práctica” hacia la aprobación de la reforma laboral, convertida, junto con la manipulación de la reforma energética, en el gran señuelo para atraer mayores inversiones globales, idea que el Presidente machaca como estrategia para modificar el curso mediocre de la economía. Sin embargo, es muy difícil hacer compatible la ilusión modernizadora de las elites económicas cuando se dilapida el capital humano, tirando al precipicio la experiencia acumulada por grupos de asalariados a través del tiempo y los cambios tecnológicos que marcan la época. 
Es cierto que el viejo sindicalismo debe ser transformado sobre bases democráticas para que pase a ser factor de equilibrio y progreso, pero la solución a la herencia del charrismo no puede ser el mantenimiento de los privilegios de algunas empresas ni la abolición del sindicato o la cancelación de los derechos que le dan sentido.
Claro que no se puede esperar otra cosa donde la autoridad abandona el interés general para convertirse en oficioso administrador de una minoría depredadora, aunque al torcer la ley también doblegue a la justicia como tal, según ha pasado en Cananea con Minera México, auxiliada en la tarea por el secretario del Trabajo, cuya devoción al paternalismo patronal se puede admirar leyendo sus declaraciones. En ellas el trabajador no es más que un subalterno, invisible, no apto para ser un verdadero ciudadano. Por eso, el lugar preferente de sus disquisiciones públicas lo ocupa el líder sindical, al que el individualismo, opuesto por definición a los derechos colectivos, ha convertido en receptáculo de todas las fobias y máximo enemigo potencial de las libertades fundamentales (siempre que no se llame Elba Esther Gordillo).
El Presidente de la República (que insiste en mantener como faro su propio guión emocional al margen de cualquier otra forma de sensibilidad colectiva) se congratula de las inversiones alentadas por la extinción de Luz y Fuerza, pero no tiene una palabra para los trabajadores castigados con el despido, pues no parece haber otro objetivo racional que abrir la vía a los negocios globales a costa del patrimonio nacional. Ése es el estilo de la casa. 
El gobierno actúa así porque está convencido de que no habrá respuesta puntual a sus excesos (para eso sirven los sindicatos postizos, como los llamaba Rafael Galván). Él sí cree en el poder de sus alianzas estratégicas y no pierde ocasión de mostrar la debilidad de las fuerzas alternativas, frustradas en el intento de alzarse con una propuesta unitaria de calado nacional. Espera el error o el efecto de la provocación, con absoluto desprecio por el respeto a los derechos como fuente de fortalecimiento de la ciudadanía. En unos casos exalta el malestar ante la parálisis de la “clase política”; en otros se queja de la pasividad de la sociedad civil que deja al gobierno solo ante el crimen organizado. En esa ambigüedad ha decidido moverse la derecha para no perder terreno. A los grupos de privilegio, concesiones impresentables; a las organizaciones populares y sindicatos independientes, acoso y represión. Al pueblo llano, activismo superficial, avalancha mediática. Y todo en medio de la batalla conservadora iniciada por la Iglesia católica, refrendada por el panismo. (Ya veremos su interpretación del laicismo.)
Casi como posdata. Ante la insonoridad de sus palabras para suscitar los ecos requeridos, el Presidente pasa a ser un impaciente selectivo. ¿Cómo no registrar su desagrado ante lo dicho por una damnificada de Angangueo, quien, acaso cansada de las disonancias cognitivas contenidas en las promesas de ayuda, reclamó sin inmutarse: “¡Ya no queremos pueblo mágico, queremos una fuente de empleo!”, frase lapidaria que Calderón, sorprendido por la exigencia, atribuyó a la ignorancia y no al hartazgo espontáneo de la gente.

Abecedario del Estado laico
José Woldenberg

La Cámara de Diputados resolvió -casi por unanimidad- agregar al artículo 40 de la Constitución que nuestra República además de "representativa, democrática y federal" es laica. Entiendo que se trata de hacer explícito lo que se encuentra sobreentendido. Y a la espera de que el Senado y los congresos de los estados refrenden esa decisión, difundo un abecedario elemental y (creo) fundamental de lo que es y debe ser el Estado o la República laicos.

La República laica es:

A) Una construcción histórica producto de una larga y complicada tensión entre el poder que busca una legitimación terrenal y aquel otro que deviene de una entidad metafísica.

B) Un requisito para que la libertad de cultos sea realidad.

C) La única fórmula conocida para la convivencia de diferentes credos en una misma sociedad.

D) Quien hace posible que se pueda ejercer cualquier opción religiosa o no practicar ninguna.

E) La definición que permite escindir -hasta un cierto grado- los asuntos de la política y de la fe.

F) La negación de cualquier credo oficial, de Estado, presuntamente bueno para todos y obligatorio para el conjunto.

G) Un dique contra la intolerancia o una facilitadora de la tolerancia. Fusiona la necesidad y la virtud. La necesidad de convivir con "otros" y la virtud de coexistir con "los diferentes" se conjugan en su edificación.

H) El basamento que hace posible al Estado moderno, autónomo con relación a los poderes eclesiales y que es tal porque no depende de ninguna voluntad exterior a la vida en común.

I) Producto del axioma que establece la preeminencia del Estado sobre las iglesias en la "vida terrenal", lo que no significa la activación de ninguna pulsión antirreligiosa o persecutoria.

J) Antónima de un Estado teocrático, donde se funden y confunden los asuntos del César y de Dios, y donde normalmente los individuos son súbditos no ciudadanos, fieles no sujetos de derechos.

K) El espacio que posibilita la convivencia entre creyentes y ateos.

L) El manto bajo el cual se puede ejercer la auténtica libertad de conciencia.

M) La que permite a las diferentes religiones desplegarse sin convertirse en instrumentos del poder o peor aún confundirse con el poder.

N) El postulado que intenta no sobrecargar a la vida política con las pulsiones que emanan de la vida religiosa, de por sí portadora de "verdades" únicas, incontrovertibles, definitivas.

O) La definición que admite decantar lo que es propio de la vida pública y de la privada.

P) Resultado y auspiciadora del proceso de secularización que supone la ampliación de las posibilidades de optar y el estrechamiento de la esfera de influencia de las iglesias.

Q) Desembocadura y usufructuaria "de la emancipación de la filosofía y de la moral respecto de la religión positiva" (Valerio Zanone).

R) La que ofrece garantías para que la educación sea un circuito independiente al de la fe. Son el conocimiento y la ciencia las que la ponen en acto.

S) El instrumento para hacer de la educación un ámbito "ajeno a cualquier doctrina religiosa" como lo marca la Constitución.

T) La premisa de la que se deriva que el "criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios", otra vez según nuestra Carta Magna.

U) Promotora de la ciencia sin los prejuicios que de "manera natural" emanan de las nociones metafísicas. Prácticas científicas hoy arraigadas como la fecundación in vitro, el trasplante de órganos o el diagnóstico prenatal en su momento se abrieron paso remontando obstáculos que surgían de creencias religiosas.

V) En la que en los debates en las instituciones de gobierno y legislativas debe prevalecer los argumentos de la razón sobre los de las verdades reveladas.

W) La que "sostiene la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil respecto al magisterio eclesiástico". (Otra vez Zanone).

X) El marco en el que se pueden discutir y resolver un número muy grande de dilemas que construye la modernidad. Temas como los de la interrupción legal del embarazo, la píldora del día siguiente o los derechos civiles de los homosexuales, siempre encontrarán un cauce en el Estado laico capaz de procesarlos como garantías.

Y) Sumada a la dimensión de los derechos, la que logra el más vasto ejercicio de los mismos, sin exclusiones ni discriminaciones.

Z) Un logro que es menester fortalecer todos los días, porque hay quienes suponen que las leyes que los hombres nos hemos dado deban estar subordinadas a una voluntad superior pre existente.
Alternancia necesaria en los estados
 Jorge G. Castañeda

Las alianzas PAN-PRD han surtido ya su primer efecto en la sucesión del 2012, y seguramente generarán más consecuencias de esta índole en los meses por venir. La lógica de las alianzas, tal y como lo afirmamos aquí hace unas semanas, es ésa justamente: cambiar la naturaleza de las elecciones del 2012 al provocar, por fin, la alternancia estatal en los últimos bastiones del viejo PRI.

La primera baja es obviamente el secretario de Gobernación, cuya renuncia al PAN puede haberse originado por varias motivaciones, y puede revestir diversas implicaciones, pero para todos fines prácticos lo apartó de una hipotética candidatura del PAN en el 2012. La discusión sobre si alguna vez Gómez Mont albergó dicha aspiración o no es ociosa. Así era visto y en función de esa impresión actuaban sus interlocutores y otros aspirantes. Ojalá sobreviva como secretario de Gobernación; ojalá pueda sacar adelante las reformas políticas de las cuales se ha hecho cargo con audacia e inteligencia; ojalá no se vea obligado Calderón a sustituirlo por haberse transformado en esa intraducible figura de la política norteamericana llamada "lame duck".

Más allá de si Gómez Mont tuvo razón en oponerse a las alianzas por principios o por acuerdos políticos con el PRI, el hecho es que la presión de abajo contra antiguos cacicazgos en los estados donde se van construyendo las coaliciones PAN-PRD -y que tiene aterrado a Peña Nieto- va creciendo. Y dentro del PRI la urgencia de parar la fulgurante carrera a la Presidencia del gobernador del Edomex ya ha alcanzado un nivel que, junto con el descontento popular, puede transformar dichas alianzas en movimientos incontrolables. ¿A qué me refiero? A que el ejemplo está cundiendo y lo que originalmente parecía algo limitado a Durango, y quizás Oaxaca, comienza a suceder en Puebla, Hidalgo, Sinaloa y hasta Quintana Roo.

El caso de Sinaloa es quizás el más interesante porque el posible candidato de la alianza, Mario López Valdez, cuenta con una gran ventaja en las encuestas sobre el probable candidato del PRI, y porque cuenta con el apoyo y amistad de Juan Millán, factótum de la política de su estado desde hace algún tiempo, estratega y operador notable. Sinaloa fue un estado de carro completo, y su carácter emblemático para el priismo -incluso para el nuevo PRI-, es más agudo que el de otros estados. No tanto como Veracruz, por supuesto, donde se juega la fortuna del primer precandidato del PRI para el 2012. La alianza PAN-PRD no se dará en Veracruz, y por tanto es improbable que el candidato de Fidel Herrera pierda. Más aún, si el PAN optara por presentar a Miguel Ángel Yunes en lugar de Gerardo Buganza (que lo supera en muchos sondeos) podría producirse la alianza -tácita o explicita- al revés: PRI-PRD-Dante Delgado contra Yunes.

En los otros casos, cuando uno escucha a los integrantes de movimientos ciudadanos empeñados en "sacar al PRI de Los Pinos locales", no puede más que recordar lo que sucedió en 2000 a nivel nacional. El hastío, el coraje y al mismo tiempo el entusiasmo que despiertan candidaturas comunes, en su caso ciudadanas, y con posibilidades de éxito se parecen como gotas de agua al México pre-2000, es impresionante. No depende de los méritos o las virtudes intrínsecas del candidato o la candidata; no depende de la viabilidad del gobierno estatal que se formará después de la victoria; ni siquiera depende de la camaradería entre estamentos plurales y en ocasiones confrontados que de repente surgen; provienen exclusivamente de las ganas de la alternancia. Quizás la mirada crítica del centro hacia los estados en torno a estas alianzas y a esa alternancia proviene del descrédito de la palabra en el seno de la comentocracia, después de la decepción que le generó Fox. Sin duda la alternancia es una condición necesaria, pero no suficiente para enderezar el rumbo. Pero suficiente quiere decir suficiente: sin ella nada es posible.


Defectos de fontaneria
Mauricio Merino
Fue el 13 de octubre de 2008 cuando Fundar —una organización civil dedicada, entre otras cosas, a la investigación presupuestal en México— dio a conocer la página www.subsidiosalcampo.org.mx, tras 18 meses de trabajo del equipo dirigido por Miguel Pulido. Gracias a ellos pudimos saber el destino exacto que habían tenido los recursos de Procampo durante quince años (más de 147 mil millones de pesos) y pudimos discutir, con mejores datos y argumentos, la regresiva concentración de esos dineros en los productores con más riqueza del país, así como los errores y las desviaciones en las que había caído esa política del Estado mexicano.
En noviembre de ese mismo año, EL UNIVERSAL publicó por primera vez que “en las listas de beneficiarios (de Procampo) aparecen los apellidos de conocidos jefes de cárteles de la droga, de políticos, artistas y funcionarios que obtienen los apoyos destinados a fomentar la producción del agro” y, desde entonces, empezó a ser evidente que tanto la integración de los padrones como la organización de esa política debía ser revisada a fondo y corregida. Pero, no sucedió nada.
En febrero de 2009 —cuatro meses después de la publicación de la página electrónica que identificó a los millones de beneficiarios del subsidio— tuve la oportunidad de conversar con Gustavo Cárdenas, quien entonces era el coordinador general de apoyos directos al campo y él me dijo que, en efecto, la Sagarpa ya había tomado nota de los problemas que tenía el padrón de productores de Procampo, y que ese padrón se sometería a un proceso de depuración con el objetivo de convertirlo en un verdadero instrumento de control y no sólo en un listado de beneficiarios. Y en el mes de julio de ese mismo año, publiqué una primera versión de mis propias indagaciones sobre el curso que había tomado la política de subsidios al campo mexicano, advirtiendo sobre los riesgos de su desviación y de su captura por intereses diferentes a los de los campesinos de más bajos ingresos del país. Algunos de mis datos fueron retomados en la serie de reportajes que escribieron ese mismo mes Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado para este diario y que generaron, en su momento, un amplio debate público sobre el destino y la utilidad de los subsidios otorgados al campo mexicano.
Por esos mismos días, tanto el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, como el propio presidente Calderón, hablaron de la necesidad de depurar el padrón de productores y de destinar los subsidios, con mayor tino, a quienes más los necesitaran. El Presidente reconoció incluso que el gobierno había cometido un error al desviar el dinero destinado a los campesinos más pobres, hacia los agricultores más ricos. Y poco más tarde, nombró a un nuevo titular de la Sagarpa.
Por mi parte, desde septiembre del 2009 publiqué que, en mis propias investigaciones sobre el contenido del padrón, había encontrado casi 300 nombres de funcionarios públicos vinculados con la operación del programa en el año 2008, que coincidían con el listado de beneficiarios y notifiqué de esa coincidencia a la Secretaría de la Función Pública para que se confirmara si se trataba de las mismas personas, si habían cobrado los subsidios y, en su caso, si estaban en falta administrativa.
Hoy sigo en espera de una respuesta legal definitiva por parte de la Función Pública —que prefirió transferir el tema a las contralorías de los estados—, pero gracias al nuevo trabajo de investigación de Evangelina Hernández y de Ignacio Alvarado, me entero de que la interpretación jurídica de la Sagarpa no coincide con la mía. Según el coordinador jurídico de la Secretaría, los funcionarios públicos que cobran subsidios de los mismos programas que operan no sólo obran de manera lícita —como lo hace el propio titular del ramo—, sino que de excluirlos se cometería un acto discriminatorio.
Pero yo sigo leyendo las prohibiciones absolutas que hay en las reglas de operación de la Sagarpa publicadas en diciembre del 2007 —y las que desde mucho antes aparecían en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—, y sigo convencido de que los funcionarios públicos que trabajan para la Sagarpa no deberían estar en los padrones de beneficiarios del Procampo. Y con toda franqueza, me parece lamentable que este tema siga debatiéndose en las páginas del diario.
¿Cómo decirles a los funcionarios públicos, al menos, que no se ve bien que se beneficien personalmente de ese subsidio? ¿Cómo explicarles que, más allá de vueltas y retruécanos jurídicos y operativos, hay un defecto ético evidente? Lo dicho: tenemos un grave problema de fontanería.
¿Reforma fiscal en serio?
Francisco Suárez Dávila
Todo indica que no hemos aprendido las lecciones de las reformas fiscales fallidas. Varios actores ya comenzaron a “ventanear” sus propuestas prematuramente y complicando las probabilidades de su éxito. Se confirma el enfoque nacional: toda reforma que se respete “debe ser en los bueyes de mi compadre”.
Una reforma debe ser un proceso cuidadosamente eslabonado. Debe cumplir ciertas precondiciones básicas.
1. La oportunidad. No es factible que una reforma fiscal se apruebe sino hasta después de las elecciones de julio, sobre todo después de la turbulencia provocada por las “alianzas”. Pero hay que aprovechar el tiempo para prepararla bien, discreta pero eficazmente.
2. La Secretaría de Hacienda debe preparar un diagnóstico integral creíble de la situación fiscal del país: un Libro Blanco. Éste debe incluir información de lo que se recauda por los principales impuestos, con el suficiente desglose por grupos de ingreso, las estimaciones pertinentes de los subsidios fiscales, los montos de evasión, el impacto de la informalidad. El documento debe también incluir un análisis de las principales opciones y su impacto recaudatorio.
Los países institucionalmente avanzados presentan el Libro Blanco como base de una discusión pública informada. Así el debate es sobre políticas, no cifras. Sin este proceso seguiremos siendo fiscalmente una “república bananera”
3. Convocar a un comité de expertos fiscales, los mejores y más prestigiados de México, no por cuota de partidos, pero sí reflejando diferentes visiones: ex secretarios de Hacienda fiscalistas, expertos empresariales, académicos. Rendirían un Informe breve y concreto en el que evalúen el diagnóstico, y formulen “recomendaciones” sobre las opciones. Serviría para orientar al Congreso y a la opinión pública
4. La reforma debe contener una clara motivación social. Su objetivo no debe ser sólo recaudatorio o cubrir “boquetes fiscales” reales o inventados, sino generar los recursos que se requieren para que el país avance en objetivos nacionales, como una ampliación de la red de protección social.
5. Reflejar un balance entre grupos sociales, en que cada grupo pueda apreciar los beneficios de la reforma y estar dispuesto a asumir los costos, en proporción a su capacidad económica.
6. La sociedad no acepta una reforma tributaria que no vaya precedida de una racionalización fundamental de la estructura de gasto del país. No reducciones cosméticas, como gastos de representación y celulares, sino eliminando dependencias y programas de gasto dispendioso. El gobierno gasta a la vez “muy mal”… y “poco” frente a sus necesidades.
7. Avanzar del feudalismo (o “charolismo” fiscal) al federalismo fiscal “pactando” con estados y municipios para que se cumplan objetivos de transparencia y rendición de cuentas, y hagan un esfuerzo equitativo en cobro de predial y servicios, recaudación que es paupérrima.
8. Lo anterior significa negociar un pacto fiscal en que no todo se haga en forma inmediata sino con un plan de ruta de mediano plazo que dé certidumbre.
El contenido de la reforma
Dos opciones se pueden contemplar:
Opción 1: impuestos con objetivos claros.
a) EL ISR para las empresas es el impuesto que debe tener como objetivo la competitividad. Internacionalmente no recauda mucho, el capital es móvil. Debe tener una tasa fija baja pero sin excepciones, 12 o 15%. Con ello, el IETU (que es un “parche”) puede eliminarse.
b) El ISR a personas físicas es el impuesto de la equidad. Actualmente, mexicanos de ingreso medio alcanzan rápidamente la tarifa más alta del 30%. Se requiere modificar toda la estructura de este impuesto para hacerlo más progresivo. Elevar la tasa máxima a 35%, (en EU se elevó a 45%) para los ingresos muy altos y millonarios, lo cual permitiría reducir la tasa a ingresos medios y bajos.
Este es el impuesto que en Europa (y Asia) genera más ingresos, alrededor de 12% del PIB. En México, sólo alrededor de la cuarta parte. ¡Es donde tenemos la recaudación más rezagada!
c) El IVA es la máquina recaudadora más eficaz que genera los recursos para redistribuir vía gasto. Debe ser una tasa pareja de 15 o de 12%, que dé margen para un impuesto de ventas para los estados del 3%. El “emparejamiento” puede alcanzarse paulatinamente. Debe haber una canasta de productos básicos a tasa 0.
Un sistema similar se aplica con éxito en Irlanda, cumpliendo los objetivos de equidad, competitividad y recaudación.
Opción 2: la auténtica “simplificación” que podría llamarse impuestos base 15%… (podría ser 12 o 10%).
a) ISR en empresas pagan 15% parejo, sin ninguna deducción. Puede haber un tratamiento especial a las micro y pequeñas empresas o compensarlas con devoluciones.
b) Un IVA 15% parejo, en que la igualación puede darse paulatinamente en 3 años. Habría una canasta básica de alimentos a tasa “0”.
c) Un ISR a personas físicas de tasa pareja de 15%, sin deducciones, que sería la tasa más generalizada para los causantes. ¡El contribuyente puede en una tarjeta calcular su impuesto, multiplicando $100 X .15! No requiere contador.
Tendría excepciones: altos ingresos pagarían sobretasas de 25% y 35% y se definirían los salarios mínimos que no pagarían impuestos.
Italia está considerando este sistema de dos tasas: 15 y 25%.
Este sería un sistema verdaderamente simplificado parecido al llamado flat tax, pero aquí cada impuesto tendría un correctivo por equidad. Este sistema reduce mucho las tasas promedio, pero aumenta sensiblemente la base y, por ende, la recaudación.
Queremos una reforma auténtica o como el precio del petróleo es alto, otra “miscelánea” marginal e improvisada

Una salida democrática
Manuel Camacho Solís
Se está entrando a las aguas procelosas. La protesta de Luz María Dávila, la madre de los dos jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, ha venido a conectar los efectos de la violencia con la inconformidad social. La decisión de anular los derechos sindicales en Cananea y la postergación de un acuerdo de recontratación de trabajadores del SME amenaza con escalar el conflicto social. La renuncia a su partido de Fernando Gómez Mont no hizo sino acentuar una lectura de descontrol.
Para navegar en las aguas procelosas se necesita una doble operación. Por una parte, corregir y mantener un rumbo que resulte esencialmente aceptable al conjunto de las fuerzas políticas. Por la otra, abrir los canales de demasías para evitar que la presión social rompa la cortina de la presa.
De no enfocarse adecuadamente la actual coyuntura, la situación política podría entrar a terrenos para los cuales no está preparado el gobierno ni ninguna fuerza opositora.
La situación actual no podrá mejorar si no se revisa la estrategia en su conjunto. Un golpe aquí y otro allá, no hará sino exacerbar los estados de ánimo y, en algún momento, precipitar un desenlace donde todos terminen perdiendo, aunque en este momento algunos piensen que podrían ganar.
Las principales decisiones en puerta deberían ser revisadas. La revisión debería hacerse con sentido estratégico. ¿Lo que se pretende hacer genera distensión o exacerba el conflicto?
Si entra el Ejército a Cananea, evidentemente, se exacerbará el conflicto. Si se deja tirada la posibilidad de recontratación de trabajadores electricistas, como se dijo se haría, seguirá alimentándose el agravio. Si para dialogar y escuchar se tiene uno que pertrechar en los antimotines, el diálogo no será. Si no se aprovechan las contiendas electorales para generar competencia y participación, perderán su utilidad. Si no se fija la atención en lo sustantivo de la gobernabilidad, dominarán los pequeños intereses y ambiciones.
La construcción de una solución a la situación tan compleja que se vive requiere de lucidez, serenidad y consistencia en el rumbo. Hay que concentrarse en una gobernación, una comunicación y una recomposición más venturosas.
El gobierno aislado y endurecido, sólo terminará en más aislamiento y endurecimiento. Su acción misma agudizará la crisis política y social. El gobierno, y los demás, necesitamos construir una salida democrática. Verdaderamente democrática y, por lo tanto, incluyente.
No llamo a una foto. Sugiero una corrección consistente de rumbo que permita negociar seriamente con los intereses y el peso que representa nacional y regionalmente el PRI. Una que no meta a los empresarios en rutas innecesarias de confrontación. Una que facilite la recomposición electoral de la izquierda, para abrir una alternativa pacífica de cambio en la estrategia de desarrollo hacia 2012. Una que sin necesidad de declaraciones, recomponga en los hechos la relación con la izquierda social. Llamo a escuchar, respetar y distender.

Horizonte político
José Antonio Crespo
Apuesta electoral de Calderón

Al respaldar las coaliciones con el PRD, para así poner trabas al posible retorno del PRI a Los Pinos, Felipe Calderón ha hecho una temeraria apuesta, pues las probabilidades de ganar esa jugada son pequeñas, y los costos políticos que en ello le pueden ir, elevados. A) No es automático que triunfen las coaliciones opositoras, pues no se tiene garantizado que los simpatizantes duros de cada partido aliancista voten por lo que consideran una ignominiosa sociedad con su mayor adversario ideológico (¿cómo verán los panistas a la APPO en Oaxaca?). El PRI irá con el PVEM y el Panal (socio histórico del PAN) va por su lado. Además, el difícil triunfo opositor en esas entidades tampoco garantiza nada para 2012.Son muchas las variables que intervienen en ello, sobre pocas de las cuales Calderón puede incidir directamente.
B) Mientras tanto, la coalición con el PRD implicó dinamitar la interlocución con el PRI, cuya cooperación constituye la única oportunidad para que Calderón entregue algo significativo al final de su gobierno. Pocos logros ha tenido hasta ahora, y algunos de ellos muy desvirtuados (como una reforma electoral que no gustó al PAN por serle perjudicial, y una reforma energética que terminó con el sello del PRD).
C) Calderón ha dado el banderazo a la sucesión presidencial, cerrando anticipadamente su gestión.
D) La renuncia de Fernando Gómez Mont a su partido podrá verse como un acto de congruencia, pero lo debilita como secretario de Gobernación al quedar claro que no cuenta con el respaldo de su partido ni de la Presidencia, por lo cual es difícil que siga mucho tiempo más en ese cargo, o que desde ahí pueda operar eficazmente. Y la palabra de Calderón queda vulnerada, si bien Gómez Mont asume haber negociado con el PRI por su cuenta, sin consultar previamente al presidente (16/II/10). Algo difícil de creer.
E) Coaligarse con el PRD, independientemente de los resultados, genera malestar en los segmentos doctrinarios del PAN, que no son pocos. Si además las coaliciones fracasan en derrotar al PRI, el enojo del panismo ortodoxo se profundizará. Esa corriente vital del PAN considerará que se jugó con la esencia ideológica del partido, por una preocupación estrictamente personal de Calderón (pues, como aclaró Diego Fernández de Cevallos, para muchos panistas no es prioritario detener el retorno del PRI en caso de que el PAN no logre preservar el poder).
F) Peor sería para los panistas un triunfo de la coalición en Oaxaca, pero no en Hidalgo o Puebla, pues ello no le reportaría mayor ganancia al PAN, y en cambio se le habría hecho un enorme favor a Andrés Manuel López Obrador, cuyo movimiento social (de corte anticalderonista) seguramente se vería nutrido por el enorme presupuesto oaxaqueño. El PAN habría jugado al “tonto útil” en favor del obradorismo. Y el responsable de semejante desastre (desde la óptica panista) no sería otro que Calderón (según ha enfatizado Manuel Espino).
H) En tales circunstancias, el delfín de Calderón, quienquiera que sea, tendría un ambiente muy adverso dentro del PAN, y sus probabilidades de ser candidato se habrán reducido significativamente. Algún disidente que se haya manifestado contra las coaliciones, tendría mejores perspectivas (muchos piensan en Gómez Mont).
La pregunta clave aquí es, ¿a partir de qué cálculo Calderón hizo una apuesta tan temeraria, con tan pocas probabilidades de coronar y con elevados costos a pagar ya? Lo único que se me ocurre es el pavor de Calderón a que el PRI, en efecto, retorne a Los Pinos. ¿Por qué tanto rechazo a esa idea? ¿No sería ello consecuencia de una decisión mayoritaria de los electores que simplemente habría que respetar (el voto masoquista, según Mario Vargas Llosa)? Es probable que Calderón visualice con enojo la escena donde él entrega la banda a, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, con la presencia física o moral, pero emblemática, de Carlos Salinas de Gortari en la ceremonia (Salinas es asiduo asistente a las galas de Peña Nieto). Dado lo que el PRI representa en nuestro desarrollo político, Calderón pasaría inevitablemente a la historia como el Presidente que clausuró el breve paréntesis democrático que abrió Vicente Fox (aunque éste, poco después, haya claudicado a su mandato democratizador). Y tal vez no quiera cargar con ese estigma político el resto de sus días. No encuentro otra explicación a la política de alianzas de Calderón. Una posible ruta de gobierno sacrificada en el altar de la imagen histórica del Presidente, algo que obsesiona a los poderosos.
Es probable que el Presidente visualice con enojo la escena donde él entrega la banda a, por ejemplo, Enrique Peña Nieto.

Atando cabos
Denise Maerker
 
Si el 4 de julio en la tarde-noche los resultados de las encuestas de salida indican que las alianzas entre PAN y PRD no fueron exitosas, además del PRI, dos políticos muy distintos y distantes entre si serán los grandes ganadores de la jornada: Gómez Mont y López Obrador. Ambos se han posicionado respecto a sus compañeros de movimiento y partido como políticos principistas, incapaces de pactar y confundir al electorado con alianzas pragmáticas y contranatura. Cada uno a su manera y con el lenguaje que más gusta al grupo al que se dirigen han venido diciendo lo mismo estas últimas semanas. Ayer en entrevista con Joaquín López Dóriga, Gómez Mont hizo esta diferencia entre él y su partido: “Los partidos tienen un desarrollo coyuntural, los principios y los valores permanecen, yo no me cambié de ropaje, [ni mi] estructura ética, [ni] mi convicción de servir al país”. López Obrador a su manera ha hecho lo mismo, diciendo que el movimiento que él encabeza no aceptará aliarse con el PAN y el PRI “que son lo mismo y representan al grupo que no sólo se apoderó de las riquezas e instituciones del país sino que mantiene aplastada a la mayoría de los mexicanos, robó la Presidencia en 2006 y dio lugar a la decadencia imperante”.
Si las alianzas fallan, o si se impone en la opinión y en la clase política la percepción de que fallaron, estos dos hombres saldrán obviamente muy fortalecidos, lo hayan buscado o no. Por eso Manuel Camacho, adelantando el veredicto y su posible interpretación, ya ha dicho que si ganaran una sola de las gubernaturas en las que van juntos, las alianzas serían un éxito. Definición aceptable para los militantes y fácil de transmitir a la opinión pública.
  La apuesta es muy importante. Un fracaso contundente de las alianzas barrería con todos los políticos perredistas y panistas que las hayan apoyado y desde luego con sus posibilidades de aspirar a la Presidencia de la República. En el PRD quedarían fuera de combate los Chuchos, Ebrard y Camacho, y en el PAN, César Nava, el Consejo Político Nacional en pleno, el Presidente y por extensión los secretarios de su gobierno. Y si para ellos la apuesta es enorme lo son también las consecuencias que tendría para el país. PRD y PAN quedarían muy debilitados y a merced de sus alas más radicales. La derrota de las alianzas consagraría la polarización entre quienes por un lado ven a una “mafia fascistoide” gobernando y a los que por el otro sienten la amenaza constante del “peligro para México”.