ShareThis

sábado, 24 de octubre de 2009

Opinión

NO MÁS IMPUESTOS


Juan Manuel Ramírez Velasco


La aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el año próximo ha desatado un enorme descontento, provocando oposición no sólo en la Cámara de Diputados, empresarios, y algunos actores públicos, sino también -y principalmente-, por parte de una ciudadanía que está harta de los excesos de funcionarios públicos, y que, en lugar de ver con buenos ojos la aprobación de más impuestos, lo ve con cierto ánimo de repudio.


No es para menos esta situación. México, a diferencia de algunas sociedades europeas -al menos las más igualitarias-, en donde el cobro de impuestos a la ciudadanía no representa una carga, sino un acto que beneficia a todos, no ha logrado disminuir -como se podría pensar- la brecha de desigualdad; por el contrario, el aumento de impuestos no ha logrado un cambio sustancial en la desigualdad económica.


En parte, la explicación, como señala Héctor Aguilar Camín, está en que “los primeros países [europeos] cobran impuestos y distribuyen la riqueza. Nuestros países, no. Cobran poco y distribuyen poco”(Milenio, 23/09/09). Si a esto añadimos que, el 80% -aprox.- del total del presupuesto que ejercen distintos niveles del Gobierno, se ocupa en gasto corriente; resulta obvio que la redistribución de la riqueza adquiere un papel muy secundario, e incluso, ulterior.


Es así que, no debería sorprender a nadie la reacción de descontento por parte de la población. Si los impuestos se utilizan para gastos excesivos -como se ha hecho público en distintas ocasiones-, y en tanto que no exista una verdadera política que ataque la desigualdad, acompañada de un plan de austeridad, la falta de legitimidad por parte del Gobierno Federal para recaudar impuestos, seguirá en aumento.


Esta situación, como bien se ha mencionado ya, afectará no sólo al consumo, sino también frenará la generación de empleos, necesarios, tanto uno del otro, para superar esta crisis. Le pegará de lleno a las clases medias, y llevará a un estancamiento económico, y por lo tanto, de otros muchos sectores relacionados con este -como la seguridad sanitaria; seguridad pública, etc.-


Internet Necesario


Por si fuera poco, el gravamen que se ha impuesto al sector de telecomunicaciones del 3%, ha provocado el surgimiento de un movimiento de protesta en internet -principalmente en Twitter-. Situación que empeoró luego de hacerse público que “mientras la población en general deberá pagar nuevos impuestos y encarar incrementos en todos sus insumos, a los grandes empresarios del ramo de las telecomunicaciones, como las televisoras, se les dispensará el total del pago de sus obligaciones fiscales.”(http://bit.ly/426bA6)


Con el pretexto de impulsar nuevos servicios de “triple y total play” en el 2010, “no se les cobrará un solo peso en el primer año y, en el siguiente lustro, sólo se les exigirá el pago de pequeños porcentajes, y nunca el ciento por ciento del valor de ese derecho.” Esto, evidentemente, a costa de los usuarios quienes tendrán que pagar un impuesto, que ampliará aún más la brecha de desigualdad de acceso a internet que existe en el país -con todas sus implicaciones-.


Así, diversos usuarios en twitter se han lanzado a la pelea pública por, no sólo protestar por este aumento a telecomunicaciones, sino al aumento de impuestos en general. Y es que, dicha herramienta permite no sólo expresar al ciudadano su sentir, sino que demuestra, una vez más, su potencial para fomentar la socialización, participación, y creación de ciudadanía en diversos sectores sociales -principalmente en lo jóvenes-.


Sin embargo, Twitter no es el motor que acciona ese proceso indispensable para el país. Haciendo un balance general y rápido, se puede intuir que los usuarios de esta red social son, principalmente, jóvenes-adultos -de entre 19 y 35 años (http://bit.ly/XWxLx)-, con una educación superior concluida, o por concluir; esto es, su uso está relacionado a personas con un nivel de estudios medio-superior, y superior.


Esto, no quiere decir que otros sectores sociales, con un menor nivel educativo, no accedan a redes sociales, o a algún servicio de internet; sino que, por el contrario, sus intereses no están, precisamente, vinculados con ese proceso de socialización-participación-creación de ciudadanía. Esta motivación se encuentra en el motor que es la educación media-superior y superior. Por ahí es donde tenemos que empezar. Twitter lo único que haces es potenciar ese interés.

Esto explica el porqué del éxito de algunas campañas en twitter, y del surgimiento a través de esa red, que pueden llevar, a su vez, a una acción-movilización social en un par de minutos. De ahí que esta protesta contra el impuesto a telecomunicaciones, haya adquirido relevancia pública en tan poco tiempo, y que -esperamos- permita abrir no sólo la discusión, y el diálogo entre ciudadanos y representantes en torno a este impuesto -el cual debe ser replanteado, con argumentos sólidos, tomando en cuenta las consecuencias que para el desarrollo del conocimiento tendrán-, sino a todo tipo de temas de interés general.



LA DEMOCRACIA DE LOS PRIVILEGIOS

Adolfo Sánchez Rebolledo


Desde el 68 se hizo obvia la necesidad de impulsar la democratización del Estado en consonancia con los cambios ocurridos en la sociedad. La formación de unas clases medias con capacidad de consumo, la urbanización explosiva de las ciudades, precipitada por la demografía, pero también por la crisis rural; la expansión educativa, el fortalecimiento de la cultura impulsada desde la universidad pública –UNAM–; el despliegue de las modernas telecomunicaciones, en fin, el fortalecimiento de la seguridad social y la salud, entre otros indicadores, dan cuenta de grandes mutaciones, pero también de los nuevos desafíos planteados al desarrollo nacional.

Mientras hubo crecimiento económico se mantuvo, no sin problemas, la estabilidad, de forma que el capitalismo burocrático sobrevivió a la corrupción, al patrimonialismo o a la represión, practicada con generosidad contra las disidencias populares, hasta que el mundo –y su propio agotamiento productivo– canceló el milagro y el sistema empezó a navegar haciendo agua. Lejos de ser la mera adaptación paulatina e indolora a dichas transformaciones, el impulso democrático surge como la acción liberadora, proveniente de todos los ámbitos, para disolver, de hecho y derecho, el mecanismo autoritario mediante el cual el Presidente es árbitro social y supremo mandarín del México posrevolucionario.

Lo que sigue es el largo camino que dimos en llamar la transición, es decir, una transformación en el funcionamiento y las reglas del sistema político que para muchos ha concluido con la aclimatación de los procesos electorales en la disputa por los espacios de poder y representación. Sin duda, la conquista de un régimen electoral equitativo, capaz de asegurar el libre juego de partidos y el respeto absoluto al voto y a la voluntad popular eran –siguen siendo– indispensables para alcanzar la democracia. Pero, con toda su importancia, la reforma electoral no era, ni puede ser hoy, el único horizonte del cambio democrático en México, la estación terminal de ese sinuoso camino –en ocasiones trágico– emprendido hace décadas para transformar al régimen político y a la sociedad nacional. Menos si, como pretende el panismo, se identifica la salud de la democracia con el imperio del libre mercado y con el abandono, en nombre del liberalismo, de los principios que en la Constitución favorecen la creación del Estado social, el cual jamás podría asimilarse al viejo estatismo, cuya crisis abrió las compuertas a la etapa de mediocridad y decadencia en la que nos hallamos.

El panismo se ufana de haber derrotado al PRI en las urnas, pero ha sido incapaz de elaborar una nueva visión del país. Prometieron que la alternancia significaría un gran salto adelante, pero el PAN no tenía ni tiene un proyecto de gobierno distinto al que defendieron cuando Salinas terminó su mandato o al que históricamente enarbola la derecha confesional. Es el mismo programa de antes, sólo que más viscoso y manipulado. Pero sirve a los mismos intereses. Por eso dependen y seguirán dependiendo de ese sector del PRI que busca volver por sus fueros. Da pena decirlo, pero a 30 años de la reforma de Reyes Heroles la ciudadanía carece de los medios para fiscalizar y, en su caso, corregir el rumbo del gobierno. Tenemos un Legislativo plural y gobiernos multicolores, pero el Ejecutivo actúa con el antiguo librito: hay arbitrariedad, nulas ideas, complicidad con los líderes corruptos, clientelismo, dependencia de los medios de comunicación a cuya agenda se pliegan, aunque a veces (las menos) les peguen, y clasismo a manos llenas. La crisis muestra la realidad polarizada y desigual que define el comienzo de siglo mexicano, su verdadero rostro.

En México está pendiente la enorme tarea de renovar las instituciones del Estado, transformar el régimen político y dignificar al Poder Judicial para que sea creíble y confiable. Ésas son las condiciones de posibilidad para atacar el mal mayor de la desigualdad. Se requiere fomentar el crecimiento, pero es igualmente indispensable redistribuir el ingreso depositado en un pequeño grupo de privilegiados a los que no se toca ni con el pétalo de una rosa fiscal. De otro modo, ¿cómo se puede hablar de democracia donde suben los impuestos, pero a los sindicatos no se les fijan topes insuperables? ¿Cómo puede existir una ciudadanía madura donde las organizaciones para la autodefensa de los trabajadores se toleran siempre y cuando no contravengan al gobierno-patrón?

Es falso que en México subsista la centralidad de los trabajadores o que éstos sean incapaces de presentarla en formato positivo, según reclama Luis F. Aguilar en Reforma, mostrando cómo sus fórmulas de organización productiva y desempeño contribuyen decisivamente al crecimiento económico que expande el bienestar y la prosperidad del país. Olvida que los electricistas democráticos dirigidos por Rafael Galván elaboraron un programa viable de alcance nacional, la Declaración de Guadalajara, y asumieron como propia la tarea de integrar y modernizar la industria eléctrica con lo cual pronto despertaron la total animadversión del gobierno aliado al sindicalismo más corrupto hasta que fueron expulsados del sindicato, reprimidos o despedidos por su defensa de la empresa nacionalizada. El dogma vigente es que no hay conquistas sociales, sino concesiones del poder, pues predominan el prejuicio de clase de matriz oligarca y el clientelismo corporativo más vergonzante. ¿Alguien podría imaginar en México –país de revoluciones sociales– un presidente extraído de la lucha obrera como en Brasil? Desde luego que no. Aquí se usa a los líderes charros, pero se desprecia a los sindicalistas, a pesar del 123 constitucional o de la herencia libertaria de nuestra historia.

Hoy, como ayer, la presidencia decreta la muerte de un sindicato, repudiando la ley, la solidaridad más elemental, pero también la democracia. En vez de reconocer nuevos derechos sociales y ciudadanos ampliando el horizonte de las libertades publicas e individuales, los recorta, ofreciendo de trasmano el dogma liberal como translación mecánica de su visión del mercado, donde domina el más fuerte, se irrespeta a las minorías, se desvanece el laicismo y, al final, los de arriba resultan mas iguales que el resto de los ciudadanos.

El gobierno panista quiere hacer las reformas que faltan sin importar los costos. Por eso refuerza las redes corporativas, la ilusión de que una minoría puede, usando los medios adecuados de persuasión, controlar los riesgos, siempre y cuando pueda darle compensaciones (en especie) a las masas irredentas, sujetas a la pobreza extrema, sin necesidad de liberar el juego de los factores de la producción en el mundo del trabajo asalariado.

En esta democracia de los privilegios se gobierna para el partido de los hartos, para aquellos a los que la política les sobra, pues creen que les basta con la iniciativa empresarial, el individualismo, la moral religiosa y la autoayuda. Son los que sueñan en una sociedad democrática sin clase politica y sin partidos, formada por ciudadanos puros donde la diversidad por definición es sospechosa y queda excluida, aunque para sostener la unidad nacional el país se erice de bayonetas, prestas a hacer cumplir la ley allí donde se cuestionen el pensamiento único o los intereses particulares.



LA LAICIDAD, DE NUEVO, A PRUEBA


Pedro Salazar Ugarte

Es lamentable el ambiente de crispación que atraviesa nuestra vida cotidiana. Este país, famoso por su cultura generosa y su hospitalidad milenaria, hoy está marcado por el encono. Cada día se abre un nuevo frente de batalla, una nueva arena de disputa, de división, de enfrentamiento. Estas líneas no pretenden ofrecer un elenco de desacuerdos sino la crónica indignada de una pugna más, reciente y lamentable. Me refiero a las declaraciones del vocero de la Arquidiócesis de México, el señor Hugo Valdemar, por las cuales señala que un candidato a presidir la CNDH, Emilio Álvarez Icaza, “no está capacitado para el puesto, pues ‘es el más connotado pro abortista del DF’ y (porque) ha pedido acallar a la Iglesia”. Para el señor Valdemar, el ex ombudsman del DF es, además, una persona “vendida a un gobierno y a una ideología”. No sé a qué se refiera y no quiero convertir este texto en una apología del trabajo de Álvarez Icaza (que, al menos a mí, me merece el mayor respeto), pero no puedo dejar de hacer notar los excesos e implicaciones de tan desafortunados comentarios.

Comencemos por lo básico: el vocero de la Arquidiócesis representa y habla a nombre de una Iglesia. Por lo mismo no podemos valorar sus dichos desde una dimensión individual ni arroparlos con el halo de la libertad de expresión. Su voz es la de una poderosa organización religiosa y está dirigida en contra de una persona en lo individual que, en su función pública, actúo en ejercicio riguroso de la ética de la responsabilidad. Ese tipo de ética que mira y pondera las consecuencias de los actos y no se encierra en las —siempre parciales y relativas— convicciones individuales. Y, conviene recordarlo, esa fue exactamente la misma modalidad ética que, en el caso de la despenalización del aborto en el DF (causa de la ira del vocero), orientó la posición de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto me lleva a notar dos graves consecuencias de los dichos del vocero de la Arquidiócesis. Por un lado, se trata de un acto de prepotencia desde una posición privilegiada para defenestrar en público a una persona que lo único que pretende es, en condiciones de igualdad y a través de los procedimientos democráticos, aspirar a un cargo al que tiene constitucionalmente pleno derecho. Por el otro, las declaraciones constituyen un ataque directo y frontal contra las dinámicas y los procedimientos mediante los cuales se dirimen las diferencias de opinión en una democracia constitucional. Y, en esta segunda vertiente, el señor Valdemar, desde la Iglesia más poderosa de este país, golpea a las instituciones y se burla del principio elemental y fundamental de la laicidad. Lo hace, podemos suponer, porque pretende, desde una posición de fe —inevitablemente parcial y potencialmente excluyente—, imponer reglas y normas a una comunidad venturosamente plural y, por fortuna, diversa. ¿Cómo no notar la falacia que encierra su razonamiento? El vocero veta y excluye a quienes no comparten sus creencias descalificándolos por no pensar como él (y la institución que representa) piensan.

La laicidad, presupuesto de la democracia, impone mandatos simples: el Estado no debe abrazar una creencia y gobernar en nombre de ella; las iglesias no deben colonizar la esfera pública para imponer sus dogmas a la comunidad política; las religiones (y las concepciones ateas del mundo) deben respetarse y convivir en plural y; sobre todo, las autoridades —el gobierno— deben garantizar a las personas que ninguna organización religiosa —por más poderosa y hegemónica que sea— les impondrá sus dogmas y creencias. La convivencia pacífica —la historia nacional y mundial enseñan— también depende de ello.

Valdría la pena saber qué opinan los demás aspirantes a presidir la CNDH sobre este exceso por parte de la Iglesia católica mexicana. Si comparten la agenda de los derechos humanos —que son los “derechos del más débil”—, tienen una enorme oportunidad para demostrar que están a la altura del reto.



LA CNDH QUE SE NECESITA

Alberto Aziz Nassif


Como ha dicho Gilles Lipovetsky, hoy en día la causa de los derechos humanos es el “auténtico código genético y axiomática moral de las democracias”. La necesidad de contar con un código potente en México se agudiza porque nuestro país atraviesa por una crisis económica profunda que ha barrido los pisos del bienestar de millones de mexicanos; porque la inseguridad creciente ha deteriorado el tejido social; y, sobre todo, porque enfrentamos un sistema político que expresa problemas para representar a los ciudadanos. En estos momentos se vuelve más necesario y urgente contar con una auténtica Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La función central de estos espacios es la protección de derechos para millones de mexicanos que no tienen un acceso digno a la justicia, y tampoco están protegidos realmente por las instituciones públicas regulares. De ese tamaño es el reto que enfrenta hoy la causa de los derechos humanos en México.

En estos días se ha abierto un proceso en el Senado de la República para nombrar al presidente de la CNDH. La lista de candidatos es de 27 personas que aspiran a dirigir esa institución. Después de haber analizado algunas de las instituciones autónomas —que fueron emblemáticas de nuestra transición democrática en años pasados—, considero que es necesario establecer al menos tres niveles para entender cómo se construyen estos espacios. Primero están las reglas del juego, las leyes que le dan forma jurídica a esos espacios y que permiten que sus decisiones se puedan llevar con autonomía. Luego viene el desempeño de los que dirigen las instituciones, el liderazgo para construir la institución de forma autónoma. Y en tercer lugar están las redes sociales de acompañamiento y apoyo que cruzan los espacios institucionales.

La causa de los derechos humanos es una batalla ardua y difícil. En nuestro país, a diferencia de otros que han tenido avances notables en los últimos años como Colombia o Brasil, existe un retraso de 20 años en el desarrollo de derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a la justiciabilidad, la posibilidad de ir ante un juez a exigir derechos.

En la reciente construcción de instituciones de derechos humanos, un espacio todavía nuevo en México, llama la atención el trabajo que ha realizado en los últimos años la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). Si le quitamos las referencias territoriales, me atrevo a decir que ese espacio es hoy en día un modelo a seguir. Llama la atención porque el contexto general de las instituciones autónomas encargadas de los derechos humanos, de los espacios electorales o de la transparencia ha caminado en sentido contrario, con menos autonomía de los poderes y los partidos, con desempeños cuestionados y con redes sociales débiles. En la batalla de pasar de una transición democrática electoral a una consolidación de una democracia de derechos, nuestro país se ha atorado. Por eso es muy importante el nombramiento del próximo ombudsman.

Una disyuntiva que existe hoy es que la experiencia de la CDHDF se puede quedar en el ámbito de la ciudad de México o puede pasar a un nivel más amplio, al espacio de la CNDH. ¿Qué hizo esta comisión en el DF para convertirse en un ejemplo de referencia para el país?

Ante todo, estableció un nuevo modelo institucional para la causa de los derechos humanos, logró reglas que le dieran autonomía y la ejerció a plenitud; con una perspectiva ciudadana, puso a la víctima en el centro de su acción y estableció una visión integral de los derechos humanos (todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes, como establece la Convención de Viena).

El modelo de gestión de su personal lo profesionalizó mediante un efectivo servicio profesional; adoptó los estándares internacionales como criterio de acción (93 instrumentos internacionales, 53 tratados multilaterales del Sistema de Naciones Unidas y 10 del Sistema Interamericano); y ubicó como norma de comportamiento la transparencia y la rendición de cuentas. Desde esta base estableció sus objetivos, programas y acciones. Los resultados están a la vista: la gestión fue muy exitosa y por ello la ciudad de México cuenta con una institución autónoma fuerte (reglas), con un desempeño efectivo y soportado en una amplia red de organizaciones sociales.

Ahora se quiere llevar esa experiencia a la CNDH. Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la CDHDF, se ha postulado para ser el ombudsman del país. Sin hacer menos las trayectorias y experiencias de los otros aspirantes, considero difícil que otro aspirante tenga las cartas que hoy respaldan a Álvarez Icaza. Tiene los méritos para llegar al espacio nacional, porque tuvo el talento para dirigir y construir una institución que hoy es modelo en la causa de derechos humanos, lo cual es, sin duda, su ventaja comparativa más destacada. Emilio llega hoy a esta postulación apoyado por 485 organizaciones sociales ubicadas en todo el país. Emilio Álvarez Icaza sería un gran ombudsman, su desempeño al frente de la CDHDF lo respalda ampliamente, esperamos que los senadores le den la oportunidad...




RESISTENCIA O ALTERNATIVA

Marco Rascón


Es un hecho que ya ni el PRI defiende el país que él construyó, tarea que ha dejado como programa a la izquierda siniestra, que se dice única.

Los mecanismos del viejo sistema corporativo se aplican lo mismo en empresas públicas que en sindicatos como formas de control, más que como patrimonio nacional e instrumento de defensa de los trabajadores. La vieja oligarquía sobreviviente se sigue refugiando en la exigencia de privilegios, en el proteccionismo, en la exención de impuestos, en la corrupción e incompetencia. Como antes, se permitió que todo lo público y social se desprestigiara para privatizar lo que les convenía y dejar al garete lo que podrían usufructuar en tarifas y servicios. Fue el caso del ejido, al que primero deterioraron para abrir el camino de la venta de tierras y, como no lo hicieron productivo con la privatización, ahora es otra fuente de pobreza.

Si el carácter monopólico de las empresas públicas las hizo ineficientes, tal como reza el discurso privatizador, más ineficientes y caros han sido las que quedaron como monopolios privados protegidos: concesiones de radio y televisión, procesamiento de maíz, telecomunicaciones, cemento, sistema financiero. En todas estas industrias los jubilados crecieron en porcentaje sin que creciera la economía. Los que sobrevivieron fueron despojados de sus fondos de retiro, mientras los nuevos son enfermados dado el enorme deterioro que han sufrido las condiciones de vida y de trabajo, y sin un sistema de salud pública eficiente.

Los sindicatos, que aquí y en el mundo son por naturaleza los organismos de protección de los derechos de los trabajadores frente a las condiciones de trabajo, han sido corrompidos por la oligarquía, que ha invertido mucho para romper su democracia interna, así como para desprestigiarlos y presentarlos como defensores de privilegios. Logrado su objetivo, son exhibidos como prueba ideológica contra el valor del trabajo, pues la debilidad sindical es base de un nuevo control social, donde la “voz de las empresas” (principalmente las grandes y protegidas) es la única que aporta valores morales en la sociedad.

En México hubo, a partir de 1982, un proceso de privatización, pero no de apertura ni competencia. No hubo desarrollo capitalista, como dictaba la doctrina neoliberal, sino transferencia de monopolios públicos a privados y un mayor proteccionismo a la nueva oligarquía surgida de ese proceso nuevo y particular. Desde entonces el país sobrevive ante una falsa disyuntiva: globalización o monopolios privados protegidos. Ese esquema, en vez de construir una economía sustentable, ha arrojado un sistema anárquico de tarifas caras, discrecional en lo fiscal, incompetente, de mala calidad, de desperdicio, de rapacidad de los recursos naturales, capaz de precipitar la quiebra de la pequeña y mediana industria, de masificar el contrabando y, en general, de descomposición social, narcotráfico, enfermedades y mucha corrupción a todos los niveles.



LA GUERRA CONTRA EL SME

Luis Hernández Navarro


Para tener éxito en la guerra que el gobierno federal declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) necesitaba propinar a sus trabajadores un golpe demoledor en un plazo relativamente breve. No ha sido así. Conforme pasan los días, la situación se ha vuelto cada vez más compleja y difícil para Felipe Calderón. La ventaja obtenida por el factor sorpresa tiende a disminuir.

Cinco elementos son claves en esta conflagración: a) la capacidad de la administración para garantizar el servicio eléctrico razonablemente bien; b) el número de trabajadores electricistas que acepten la liquidación; c) la percepción de la opinión pública sobre el sindicato, los trabajadores y la justeza de la medida gubernamental; d) el escalamiento del pleito y el involucramiento o deslinde de otros actores políticos, y e) la naturaleza de la solidaridad que el SME logre concitar entre otros gremios y sectores de la población.

El pasado 14 de octubre pobladores de Ocoyoacac, en el estado de México, bloquearon la autopista México-Toluca en protesta por la falta de energía eléctrica. En el Distrito Federal, 72 colonias de 12 delegaciones padecieron interrupciones del fluido y problemas con el suministro de agua potable. Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el promedio diario de apagones en la ciudad de México era de cinco.

Un día más tarde la situación no mejoró. Autoridades de los municipios de Otumba, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Axapulco reportaron fallas que duraron ocho horas. El Consejo Coordinador Empresarial mexiquense informó de seis apagones en parques industriales y cortes de energía en 200 empresas asentadas en Tlanepantla, Naucalpan y Lerma, que provocaron pérdidas millonarias.

Hay irritación social. Y no parece que el servicio vaya a funcionar medianamente bien. Políticos y autoridades culpan a los trabajadores de sabotaje. Es falso. La presencia de la Policía Federal en las subestaciones y oficinas impide que nadie se acerque. Los apagones son provocados por las mismas causas que siempre los han producido: equipo viejo y falta de mantenimiento. Pero se han agravado porque los electricistas que conocen a fondo su materia de trabajo fueron despedidos, y quienes ocupan su lugar no están familiarizados con las redes. Hay zonas en las que ni siquiera existen planos.

Hasta ahora, la pretensión de restar base social al sindicato mediante jugosas liquidaciones ha resultado un fracaso. Así lo han reconocido los mismos comentaristas que aplaudieron la medida gubernamental. Los pocos trabajadores que han acudido a recibirlas han sufrido malos tratos y han tenido que esperar muchas horas para ser atendidos. Muy probablemente quienes hasta el momento han aceptado renunciar a la empresa ha-brían accedido irse antes del conflicto de haber recibido una oferta similar.

Las encuestas de opinión serias muestran que, aunque sigue siendo mayoritario, cada día disminuye entre la opinión pública el apoyo al cierre de LFC. Según El Universal, 48 por ciento aprueba la medida contra 43 por ciento que está en contra (14 de octubre de 2009).

Con dificultad, los electricistas han demostrado que es falso que sean privilegiados: más de la mitad de ellos apenas gana menos de 6 mil pesos al mes. Los beneficios que otorga su contrato colectivo son menores a los que obtienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía que, según los planes gubernamentales, sustituirá a LFC. Como ha documentado en estas mismas páginas José Antonio Almazán, los trabajadores, sus salarios y prestaciones no representan ni siquiera 15 por ciento de los ingresos de la empresa por venta de energía eléctrica.

De la misma manera, se ha ido esclareciendo que el problema con LFC es un esquema de funcionamiento que descapitaliza a la compañía, en el que la CFE le vende cara la energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a revenderla a los usuarios a un precio por debajo de lo que tuvo que pagar.

La declaración de guerra del gobierno federal al SME ha polarizado la vida política nacional: los que están en favor de la liquidación de LFC y los que la rechazan. No hay espacio para posiciones intermedias. Tal como sucedió con el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004, el Partido Revolucionario Institucional ha perdido centralidad política en la coyuntura, a pesar de ser el ganador de las pasadas elecciones. Los amarres que la Secretaría de Gobernación había hecho con dirigentes del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores para que prestaran un apoyo marginal a los electricistas se deshicieron rápidamente.

El conflicto está muy lejos de ser un mero pleito entre el SME y el gobierno federal. Se ha convertido en un punto nodal de la lucha de clases en el país.

El pasado miércoles 14, durante un acto patronal de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Felipe Calderón recibió una cerrada ovación del mundo empresarial. Dos días antes, miles de electricistas efectuaron un concurrido mitin junto con López Obrador. Un día después nombraron mediador a Marcelo Ebrard, quien solamente aceptó ser observador.

Los electricistas han logrado articular una variopinta coalición solidaria en la que participan lo mismo organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas. Multitud de jóvenes estudiantes viven el agravio sufrido por los trabajadores como propio. Los universitarios tienen ahora una causa a la cual sumarse. Internacionalmente, el movimiento sindical ha comenzado a fijar posición en favor del SME. El asunto puede convertirse en una molesta piedra en el zapato gubernamental.

El gobierno necesita ganar tiempo para restablecer el servicio, desangrar al sindicato liquidando a sus afiliados, seguir vendiendo en la opinión pública la idea de que el asalto al SME es una medida modernizadora y anticorporativa, y evitar explosiones de descontento social. Conforme los días avanzan da la impresión de que Felipe Calderón no midió las consecuencias de su aventura.


Plantea un acuerdo nacional para llegar a esa meta, que es “alcanzable y explicable”

El crecimiento no se obtiene por “generación espontánea”: Ortiz

Son pocos los momentos oportunos para proponer correcciones de impuestos, dijo el gobernador del BdeM


Se requiere un mercado laboral flexible con seguridad social justa y responsable

El gobernador del Banco de México (BdeM), Guillermo Ortiz, planteó un acuerdo nacional para impulsar una estrategia común de crecimiento del país, porque “el crecimiento económico no se obtiene por generación espontánea”, sino con el respaldo de políticas económicas bien diseñadas e “implementadas con paciencia, perseverancia y pragmatismo”, además de una visión clara de hacia dónde va el país.

El funcionario habló así en la inauguración de la conferencia internacional Retos y estrategias para promover el crecimiento económico, organizada por el banco central. Allí puntualizó que desde hace casi tres décadas el crecimiento económico promedio de México de 3 por ciento ha sido insuficiente para elevar consistentemente los niveles de vida de la población, mientras se observa que otros países avanzan a tasas más elevadas. El crecimiento sostenido, sentenció, “es alcanzable, explicable y replicable”.

En la conferencia internacional, que reúne a tres decenas de especialistas de todo el mundo, entre ellos premios Nobel de economía, gobernadores de bancos centrales de varios países y académicos, Ortiz Martínez planteó que a partir de la actual crisis las estrategias sobre el rumbo económico deberán modificarse en función de los cambios que se observan en el mundo en áreas como medio ambiente y demografía.

“Estamos pasando por la peor recesión desde la posguerra, y por primera vez, desde entonces, habrá una contracción este año del producto bruto mundial, del comercio mundial, y si bien la recuperación ya se ha iniciado, existen dudas sobre qué tan vigorosa va a ser, sobre todo cómo va a ser el mundo hacia delante”, dijo el gobernador del banco central.

En el caso de México, añadió, eso es de particular importancia porque la presente crisis ha impactado al sector real de la economía de manera más fuerte, más que en otros países. Por tanto, agregó, es necesario analizar detalladamente seis temas fundamentales. El primero es el desarrollo industrial, donde se requiere la presencia de instituciones económicas, políticas y sociales robustas, que operen en un ambiente donde se encuentren bien definidos los derechos de propiedad y existan mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de los contratos.

Otro punto es el desarrollo del capital humano, donde se destaca la educación, y el factor demográfico, por sus repercusiones económicas; la competencia, con sus posibles implicaciones en el crecimiento económico y el reto para los gobiernos de eliminar las barreras a la competencia en sectores claves.

También subrayó la estabilidad de precios y, en general, la estabilidad macroeconómica que, de no existir, desalienta la inversión y el crecimiento.

Recientemente, añadió, se ha subrayado la importancia de que los proveedores de insumos a través de redes como las de telecomunicaciones, servicios financieros y energía eléctrica operen de forma competitiva, porque son fundamentales para el proceso productivo y, en ausencia de una regulación adecuada, surgen proveedores dominantes que ofrecen el servicio a precios más elevados y de menor calidad.

Finalmente, Ortiz Martínez se refirió al tema de los mercados laborales y las políticas de seguridad social, que también son analizados en la conferencia, porque influyen en la eficiencia de la economía.

Se requiere, dijo, un mercado laboral flexible que esté acompañado por un sistema de seguridad social justo y responsable, lo que quiere decir que simultáneamente se evite la generación de inventivos perversos, que al final resulten en asignaciones ineficientes de la fuerza laboral y en menores niveles de competitividad.

“En México hemos tenido ya un tiempo largo con estabilidad y, desde luego, ello ha contribuido a un entorno más favorable para el desarrollo de los negocios. Sin embargo, no todos tenemos muy claro que ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. Estoy seguro de que las sesiones de trabajo que tendremos hoy y mañana nos ayudarán a entender mejor estos temas y ojalá sirvan también para poner en claro la importancia de lograr los acuerdos políticos que son fundamentales, si no es que es el elemento quizá más importante para avanzar en la senda del crecimiento económico”, dijo el gobernador Ortiz Martínez.


SORPRENDENTE DESIGUALDAD”, ADVIERTE EL NOBEL HECKMAN

México tiene una cultura política y económica de “capitalismo de amigos”

El premio Nobel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, aseguró que la economía mexicana es lenta, altamente regulada, tiene elevada dependencia del petróleo y el impacto negativo de los monopolios la hacen perder competitividad, además de que mantiene un “sorprendente” nivel de desigualdad. “México tiene una cultura política y económica de capitalismo de amigos, la cual ha protegido la creación de monopolios en el país”, destacó.

La cultura política y económica, dijo, se ha ajustado a grupos de interés o lo que se ha llamado el capitalismo de amigos: grupos de interés social, de interés especial que reciben favores y que llevan a la formación de monopolios. La desigualdad en las regiones, en educación y salud es indicadora de este fenómeno. “Los monopolios que evitan que los innovadores entren a la industria retrasan el crecimiento y elevan los costos”.

Ante banqueros, gobernadores de bancos centrales y representantes de organismos internacionales, el también catedrático de la Universidad de Chicago indicó que pese a que las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) refieren que México gasta alrededor de 6 por ciento del PIB en educación, el desempeño escolar no va tan bien, lo cual se agrava por los altos costos administrativos. Las inscripciones son bajas, incluso en escuelas secundarias, y el gasto se canaliza de manera ineficiente. Esto es lo que también retrasa el crecimiento del capital humano del país.

Durante su participación en la conferencia internacional Retos y estrategias para promover el crecimiento económico, señaló que en México la telefonía es cara comparada con países como Corea. Aquí las llamadas de tres minutos son siete veces más costosas, expuso.

Destacó también la fuerte dependencia de las finanzas públicas respecto del petróleo, la falta de competencia en algunos sectores, así como la elevada desigualdad en diversas regiones, lo que debería preocupar a todos.

Se refirió a la “sorprendente desigualdad” que impera en el país, la cual frena el crecimiento y se convierte en una barrera para la competitividad. El Nobel de Economía pidió al gobierno impulsar las habilidades humanas para lograr mayor eficiencia en los índices de competitividad.

En el foro internacional organizado por el Banco de México afirmó que la formación de habilidades en el país es lenta, debido a la rigidez de los sindicatos y el ineficiente sistema educativo.

Para James J. Heckman la economía mexicana debe contar con más incentivos para combatir la informalidad, luego de que la mayor regulación es uno de los factores que han favorecido su crecimiento. Explicó que las personas eligen laborar en el sector informal debido a que sus salarios se incrementan 6 por ciento por encima de lo que ganarían trabajando en el sector formal de la economía. Por ello, aseveró, México debe mejorar su desempeño económico y social.

“En los pasados 20 años el crecimiento de la productividad en México ha sido negativo, y esto debería ser preocupante para cualquier interesado en el bienestar social de los trabajadores mexicanos”, dijo.

Otro fenómeno que observó en la sociedad mexicana es el crecimiento agudo de mujeres solteras con hijos u hogares en los que el padre ha tenido que emigrar para enviar recursos a su familia, que siguen siendo insuficientes.

De esta manera, los niños llegan con desventaja. Esta condición ocasiona que las familias mexicanas vivan bajo mucho estrés.

El programa Progresa-Oportunidades debe enfocarse a los primeros años, antes de que los niños lleguen a la escuela, por lo que los programas sociales deben renfocarse, sostuvo.



DEFINICIONES

Federico Reyes Heroles

El suceso será recordado como un capítulo clave de definiciones profundas entre el vano intento por revivir un pasado repleto de corruptelas, prebendas, privilegios y un futuro en el cual son los intereses de los más los que deben privar. Definiciones ante la idea que tenemos del mundo, un mundo cerrado, inconsciente de la competencia obligada y en el cual se pueden seguir ocultando las degradaciones laborales y el despilfarro del dinero público o un mundo abierto regido por los estándares de la modernidad. El caso de Luz y Fuerza del Centro ha confrontado dos Méxicos que son incompatibles.

Las cortinas de humo son varias. Eran enemigos políticos de Calderón, por eso decidió terminar con la empresa. La tesis es insostenible. El SME fue, lo que queda de él, es y seguirá siendo enemigo de quien ose tocar sus intereses, así de sencillo. Dejarle los privilegios a los 63 mil involucrados no pinta en la arena política. ¿Qué necesidad política tenía Calderón de meterse justo en este momento a liquidar a la empresa? El factor fundamental fueron los 42 mil millones de pesos de los mexicanos que el Presidente ya no estuvo dispuesto a tirar. Son 42 mil millones que agravan el boquete fiscal del 2010 y no están allí. Lo grave del argumento es que muestra la brutal distancia entre la realidad de México y el autismo sindical. Definiciones: o se manejan los dineros públicos con sensatez o México no saldrá adelante.

Otra cortina de humo es lanzar a los "neoliberales" en contra de la empresa pública. Por lo visto no han leído el Artículo 27 constitucional, nadie está hablando (por desgracia) de abrir el sector. La administración recayó en CFE porque hay de empresas públicas a empresas públicas. Fueron ellos, los miembros del SME, en complicidad con autoridades medrosas, los que volvieron insolvente a la empresa que les daba trabajo. Patearon durante años el pesebre. En contraste CFE y su sindicato entendieron la necesidad de modernizarse, ése es el meollo, no lo público versus lo privado. En su momento el Sindicato de Telefonistas entendió que las reglas del juego estaban cambiando, cambiando en el mundo, en el país y en la empresa que les daba de comer. Se adaptaron y allí siguen con condiciones muy favorables, pero viables.

En casi todas las latitudes la empresa pública sigue teniendo un espacio, Petrobras, Électricité de France, por poner dos ejemplos. Pero los defensores del SME no defienden a esa empresa pública sino a una que recibiría rechiflas internacionales de los propios sindicalistas modernos. Es momento de definiciones: o se defiende la eficiencia, la transparencia y modernidad laboral o se defiende a auténticos caciques que son impresentables. El observador es un ciudadano común que ya no entiende un país de privilegios oficializados, sean estos de la alta burocracia, de las empresas que evaden o simplemente no pagan impuestos. Pero tampoco entiende privilegios para los trabajadores de una empresa estatal de los mexicanos. Ser aliado del SME es hoy algo muy delicado. No quiere decir estar en contra de la derecha o de Calderón, sino estar en contra del ciudadano común, del sentido común y a favor de la ineficiencia y los privilegios. Así lo leyeron 8 de cada 10 mexicanos. Si la izquierda quiere resurgir más le vale no equivocarse, una vez más, en su lectura de en dónde está el sentir popular. A definirse.

Quizá lo más dramático del caso sea la cultura laboral que se ha desnudado. La izquierda está aliada con la parte más retrógrada del sector laboral. Hay muchos sindicatos en el mundo y en México que han entendido que su rol central está en fomentar la creación de empleos, sólo así se fortalecen. Para ello se necesita que todos seamos productivos. Los sindicatos modernos hoy no luchan por mantener empleados innecesarios, pues saben los costos que ello tiene en los beneficios que la empresa puede generarles. (Ver The Future of Work de Chales Handy). Los sindicatos modernos hoy saben que la flexibilidad laboral es su mejor negocio. Si una planta ya no necesita tres fresadoras sino sólo dos, lo importante es que haya oferta de empleo en otras áreas para ese trabajador. En parte a eso se dedican las coaliciones, a garantizar empleos útiles. Luz y Fuerza del Centro inhibió la creación de empleos en el centro del país. Por defender a unos cuantos castigó a cientos de miles. Eso no es ser progresista.

Es momento de definiciones. El SME es hoy indefendible, simboliza lo contrario a la prosperidad y la justicia. Muchos sindicatos y organizaciones laborales lo saben, por eso guardan un prudente silencio. ¿Huelga general, con quién? Del otro lado hay quien ya exige proceder contra petroleros, maestros, universitarios, y otros, instalar una guillotina. No es tan sencillo. El reacomodo llevará tiempo. Pero el caso es emblemático y puede ayudar a una reforma laboral moderna y progresista que urge en el país. Definiciones: a favor del empleo, en contra de los privilegios.


LYFC: REABRIR EL DIÁLOGO

Graciela Bensusán


La reapertura del diálogo es la mejor vía para resolver el conflicto entre SME y gobierno, con ventajas para el país. El debate sobre el cierre de LyFC debió haber precedido a esta drástica decisión, partiendo de un diagnóstico objetivo. En un régimen democrático, la disposición para procesar puntos de vista contrastantes, especialmente cuando hay un asunto público en el que convergen diversos intereses, es el precio que se tiene que pagar para tener políticas de mejor calidad y legitimidad, apegadas al estado de derecho. Siendo además la reestructuración productiva un fenómeno frecuente, cuando se tiene que afrontar el cierre de una empresa con la importancia de LyFC, suele acordarse entre todos los involucrados para suavizar los impactos negativos sobre trabajadores y usuarios y reducir la pérdida de empleos.

La creación de LyFC en 1994, sin debate plural, mantuvo la incapacidad jurídica y técnica que le impidió a su antecesora generar energía y obligó a comprarla a CFE más cara que lo que la vendía, lo que explica el subsidio que en 2009 alcanzaría a 42 mil mdp. La decisión del Ejecutivo al decretar la extinción de LyFC siguió el mismo patrón, aunque sin una base legal explícita. Buscó beneficiarse del efecto sorpresa. Aprovechó la crisis para crear en la ciudadanía un sentido de urgencia. Eludió la responsabilidad de esta y otras administraciones con representación mayoritaria en la Junta de Gobierno de LyFC, comparando dos entidades incomparables. Con el rechazo de la toma de nota, debilitó a la dirigencia del SME y, finalmente, en lugar de hacer pública la necesidad de una reestructuración a fondo del sector, se optó por quemar las naves, aumentando el costo político de una posible reversión.

Se ha dicho que si el gobierno echara atrás su decisión perdería toda credibilidad. Con una visión de más largo plazo, podría pensarse que le convendría aprovechar lo ganado para negociar una salida más equilibrada y sostenible a la problemática de LyFC, en parte compartida por CFE y su sindicato. Paradójicamente, el uso de la policía fue visto como signo de fortaleza presidencial; la violación del estado de derecho, como un camino para construir un país de leyes e instituciones, y el golpe a los trabajadores, como un acto con valor pedagógico. Esta perspectiva favorece un escenario en el que pueden resultar afectados derechos fundamentales, ignorando el papel crucial de los sindicatos en el impulso de políticas redistributivas y volviendo a un siglo atrás.

En lo inmediato, debido a la manera restringida en que se concibieron las negociaciones, el SME se retiró de la mesa constituida en Gobernación después de la movilización del 15 de octubre y se propone recurrir a las instancias judiciales y a la huelga general como recursos para revertir la decisión presidencial. Como lo prueba la resistencia a la reforma del ISSSTE, la vía jurídica es incierta y a largo plazo, además de que la movilización permanente es difícil de sostener, menos aún cuando muchos están aceptando las indemnizaciones. Además, la expectativa de realizar una huelga general tiene en principio poco sustento por la falta de cohesión del sindicalismo.

En lugar de este camino azaroso, todos ganaríamos si el diálogo entre las partes se restableciera de inmediato y se orientara a evaluar la viabilidad técnica y operativa de la solución impuesta por el gobierno, ventajas y desventajas, y la mejor manera de incluir a todos los electricistas en el sector. Se podría discutir qué modelo laboral se quiere impulsar en estos espacios, donde el corporativismo cobró toda su magnitud. Un propósito plausible sería que en adelante las condiciones de trabajo, superando los mínimos legales, se sustenten en resultados y no sólo en el poder de negociación de los líderes sindicales, derivado de sus vínculos con partidos o con el Estado. Bajo ese arreglo, las políticas salariales restrictivas se compensaron con un aumento sistemático de prestaciones, sin que pueda culparse de ello a los trabajadores.

Hay una agenda amplia que se vuelve urgente ante esta traumática experiencia, en la cual convendría recuperar el conocimiento que el SME tiene del sector. Esta vía podrá no gustar a quienes se regocijaron con el cierre intempestivo de LyFC y le encontraron bondades, pero tendría efectos positivos no sólo para los trabajadores. Se fortalecería el diálogo social como forma de resolver los conflictos y mejoraría el desempeño de este servicio público, lo que es parte de la vida cotidiana en países altamente competitivos donde se reconoce el valor del consenso y la interlocución sindical


Resumen Estados, 24 Octubre de 2009


Impresos
La Jornada/ Estados/ 24 octubre de 2009
Manifestaciones en Michoacán y Chihuahua en apoyo al SME
En Morelia, Michoacán, más de mil integrantes de sindicatos universitarios, agrupaciones disidentes del magisterio y organizaciones campesinas aglutinadas en el Frente Amplio de Izquierda Social (FAIS) marcharon la tarde de ayer de las instalaciones de la CFE hasta la Plaza Melchor Ocampo, y realizaron un mitin frente al palacio de gobierno, en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y para exigir la inmediata reinstalación de los miles de trabajadores despedidos.

En ciudad Juárez, Chihuahua, unos 80 maestros del movimiento RESISSSTE –grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con apoyo de estudiantes y miembros de organizaciones no gubernamentales– se manifestaron en la Plaza de Armas, en apoyo al SME y en repudio al presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados.

Impresos
La Jornada/ Estados/ 24 octubre de 2009
Exigen en BC aclarar casos de 180 desaparecidos
Mexicali, BC, 23 de octubre. Integrantes de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad se manifestaron en el Congreso local para exigir que se esclarezcan los 180 casos de desaparición forzada de personas ocurridas desde 1997 en Tijuana, Baja California, documentados con fotografías, datos y testimonios.

Cristina Palacios y Fernando Ocegueda, dirigentes de esta organización, y un centenar de familiares de desaparecidos, criticaron la inacción del gobierno estatal en la investigación y esclarecimiento de estos casos, en los cuales, aseguraron, han participado agentes policiacos de los tres órdenes de gobierno.