Resumen Revista Vertigo, 15 de marzo de 2010

REVISTA VÈRTIGO

16-03-10
Año IX No.469

En el IFE engordan su cochinito de pensiones

José Antonio Caporal

Frente al escenario de crisis, alza de impuestos y recortes presupuestarios, diversos sectores de la sociedad critican el manejo de los recursos públicos en el Instituto Federal Electoral (IFE): hace unos días, el Partido Verde (PVEM) reprochó el presunto desfalco de más de 25 millones de dólares por la contratación del "fracasado" sistema de monitoreo de spots.

Luego se levantó la polémica por la intención de canalizar los recursos de las multas a partidos políticos y medios de comunicación (multas que, por cierto, tienen como base reportes oficiales con errores, según la dirigencia del PVEM) al Fideicomiso para atender el pasivo laboral del IFE, en lugar de destinarlo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); ambos destinos previstos dentro de la normatividad y los acuerdos del propio órgano electoral.

Por otro lado, trabajadores de la Asociación de Trabajadores Electorales de la República Mexicana externa su preocupación ante el eventual despido de casi mil 500 empleados del instituto, mientras que "los asesores con sueldos hasta de 120 mil pesos mensuales no serán tocados".

Además, la semana pasada la Contraloría General del IFE presentó al Consejo General el Informe Anual de Gestión, mismo que reporta una serie de observaciones en el manejo de los recursos.

A ello se suma el reproche de diversos sectores de la sociedad porque en un año sin elecciones federales se destinaron al instituto cinco mil 619.7 millones de pesos.

REVISTA VERTIGO

Año IX No.469

Víctimas: agraviadas y desatendidas

Ángel Hernández

Olvidadas del sistema de justicia en México, las víctimas son la cenicienta del proceso penal, pues además de sufrir en carne propia las consecuencias de delitos como secuestro, violación, asalto y homicidio, las leyes protegen y favorecen más a los delincuentes que a ellas.

El desequilibrio que prevalece en la legislación mexicana a favor de los agresores hace más difícil el calvario de la víctima, que no sólo es agraviada sino que pierde también parte o todo su patrimonio, queda endeudada, en quiebra, además de emocional y sicológicamente destrozada, junto con el resto de su familia.

Así, es agredida en dos frentes: por un lado, sufre un daño físico y emocional como objeto de la delincuencia; y, por otro, vuelve a ser victimizada por la desatención de las autoridades para proteger y tutelar sus derechos.

Ante esta situación, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño, impulsan iniciativas en el Congreso a favor de las víctimas, para que tengan una mayor participación dentro del proceso penal, reciban asistencia jurídica y médica y se les repare el daño.

Para Isabel Miranda los ciudadanos tienen que involucrarse y actuar, presionar a las autoridades para que cumplan con la ley, no ver al secuestro como algo natural y fomentar una cultura para hacer visibles y dar voz a los afectados.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque seguramente nos va a alcanzar la inseguridad en cualquier momento y en cualquier esquina, convirtiéndonos en nuevas víctimas de la delincuencia", advierte.