Resumen Política, 10 de marzo

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La Jornada/Política/10 de marzo

La comisión, inconstitucional

La formación en estos momentos de una comisión para que los gobiernos de México y Francia analicen el caso de la secuestradora Florence Cassez, sin que la ciudadana del país europeo haya renunciado por escrito a su derecho de impugnar por la vía del amparo la sentencia de 60 años de prisión, "“violaría de manera flagrante el artículo 18 de nuestra Carta Magna"”, sostuvo anoche el constitucionalista Elisur Arteaga. Ese artículo permite el traslado de reos extranjeros de México a su país de origen, para efectos de que cumplan allá su sentencia, siempre y cuando enfrenten una condena definitiva e inapelable, agregó el jurista.

“En el caso de Cassez entiendo que sus abogados han dicho que ella aún no renuncia a su derecho de defenderse por la vía del amparo directo. En tanto esto no ocurra su condena no es firme y no puede conformarse esta comisión”, expuso el jurista.


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La Jornada/Política/10 de marzo

PRI: “enmugra” AN política con guerra sucia.

El grupo parlamentario del PRI denuncio ayer que por parte del PAN existe una “guerra sucia que enmugra política” por la desesperación de esta partido, por el avance del tricolor en las preferencias electorales rumbo a los comicios de julio próximo.

El coordinador Emilio Gamboa Patrón aseguró en entrevista que los gobernadores priístas son acusados sin fundamento, como ocurrió el fin de semana pasado con el diputado panista Luis Alonso Mejía García, quien señaló al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, de tener vínculos con el narcotráfico.

Ayer, Gamboa Patrón exigió al PAN que presente las pruebas del presunto vínculo de los gobernadores con la delincuencia organizada


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La Jornada /Política/10 de marzo

PAN, PRI y PVEM serán sólo amonestados por campañas sucias


Después de un largo proceso legal, el Instituto Federal Electoral (IFE), decidió realizar sólo una amonestación pública a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) por beneficiarse de la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra el otrora candidato presidencial por la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

De manera inusual, el IFE modificó una multa a la coalición Por el Bien de Todos por mensajes en contra de la campaña a diputada de la priista Martha Tamayo, que se redujo de 1.7 millones de pesos a 137 mil. Otra sanción estuvo relacionada con la contienda al Senado en Baja California, que se redujo de 274 mil pesos a una amonestación pública por acusaciones contra candidatos del PRI, por parte de la coalición Por el Bien de Todos.

En este contexto, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aprovechó para cuestionar el desempeño del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien introdujo tales cambios en detrimento, dijo, del desempeño del IFE. Yo creo que no es legalmente procedente que el secretario ejecutivo cambie el monto de las sanciones, que ya se habían presentado y retirado, en sesiones, también anunció que presentará un voto particular en contra, porque considero que el cambio de sanción es un tema ilegal.

Al referirse a las campañas sucias, el consejero sugirió que con multas tan bajas –tras una reducción de 95 por ciento–, que definió como un precedente lastimoso, se anula la pretensión del IFE de utilizar esta vía como una forma de inhibir que los partidos y candidatos incurran en calumnias durante las campañas.

El consejero dijo que ese era un precedente preocupante, porque va a resultar más barata la guerra sucia en lo futuro, ante lo cual salió en defensa el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien dijo que el IFE está aplicando la legislación vigente, buena parte de ella, emanada de la reforma electoral aprobada recientemente.